¿Y si el gobierno comunicara sus apps?

En anteriores ocasiones he destacado que es claro que las apps para teléfonos inteligentes no son el medio idóneo para lograr los llamados “primeros contactos”, es decir, conseguir solo presencia y visibilidad entre una audiencia meta mas no aún un verdadero vínculo entre la persona y la marca. Por su naturaleza, las apps se prestan más bien para mantener la comunicación con aquellos que ya tienen afinidad con una marca que para promover, anunciar o simplemente conseguir visibilidad.

Pero ¿qué ocurre cuando salimos del ámbito del sector comercial?, ¿qué sucede con los esfuerzos de relacionamiento que hacen las ONGs y los gobiernos con múltiples audiencias? El mismo marco de referencia puede sernos útil para estructurar mejor las estrategias y tácticas si pensamos, ya no en consumidores, sino en ciudadanos que, habilitados por las Tecnologías de la Información, desean ejercer sus derechos y obligaciones en el ámbito público.

Previamente en este espacio nos hemos referido a cómo los partidos políticos tienen mucho qué mejorar al comunicarse con sus posibles electores vía apps. En el caso del Gobierno mexicano en sus tres niveles (Municipal, Estatal y Federal), por primera vez contamos con datos que permiten la comparación anual de sus esfuerzos para la creación de apps enfocadas a servicios ciudadanos así como una evaluación de sus resultados.

Indicador del éxito de las apps del e-gobierno

Como parte del estudio “Hacia un Gobierno Móvil para México”, se creó el “Índice de Adopción y Efectividad de las Aplicaciones Gubernamentales”, que permite comparar el resultado de estos esfuerzos entre las entidades federativas. El índice califica la efectividad de las apps de cada entidad integrando las variables de adopción (descargas como porcentaje de la población que posee un smartphone), satisfacción (calificación en las tiendas de apps), mantenimiento (antigüedad de la última actualización), titularidad (¿la app está publicada a nombre de la institución que la respalda o a nombre de un particular?) y finalmente la comunicación ( la calidad y posibilidades de que la propuesta de aplicación por parte de la institución sea vista, entendida y elegida por el usuario).

Top 3 del Índice de Adopción y Efectividad de las Aplicaciones Gubernamentales

CarlosAppsGobTop3

Fuente : The Social Intelligence Unit

Aun cuando hay muchas mejoras con respecto al primer estudio realizado en 2014, los resultados no son nada halagüeños. Se ha logrado observar que todas las entidades federativas reprobaron la evaluación promediando 3.8 puntos en una escala de 10, siendo la entidad mejor calificada la Ciudad de México con 5.7 puntos mientras que Veracruz (2.4), Baja California Sur (2.4) y Nayarit (2.3) arrojaron las peores evaluaciones. Seis estados no pudieron ser evaluados ya que simplemente no ofrecen este tipo de servicios.

Apps que no se anuncian a sus potenciales usuarios

Las apps son medios de interacción ideales para aquellas audiencias que han mostrado interés o afinidad con nuestra marca o institución. Esto es debido a que las redes sociales son un medio esencial para lograr ese objetivo, especialmente ahora que el uso de las redes sociales desde móviles es más frecuente. El 85% de la audiencia global de Facebook accede a dicha red social mediante su móvil y más del 33% lo usa como método de acceso exclusivo; el Top 3 de las aplicaciones más descargadas en México está dominado por la promoción de apps en redes sociales y servicios de mensajería (en especial a través de Facebook, Facebook Messenger y Whatsapp).

Podríamos continuar con más datos evaluados que nos confirmen que en las redes sociales se observa cada vez un mayor uso desde móviles y que a partir de ellas podemos lograr enlazarnos con una audiencia leal y proclive a descargar nuestras apps; el problema es que en el gobierno mexicano parecen no estar enterados de esto.

Los datos del estudio dejan claro que, aún con muchas áreas de oportunidad, el Gobierno Federal hace una mejor labor para dar a conocer sus apps con más del 70% de las apps comunicadas en Twitter y 58% en Facebook. Esto contrasta con el caso de los gobiernos estatales que, superados incluso por los municipios, no realizan estas prácticas ni en el 5% de los casos.

Menciones a Apps de Gobierno Móvil en Cuentas Institucionales

CarlosAppsGobMovil

Fuente : The Social Intelligence Unit

El número promedio de descargas de una app se incrementó en poco menos de un 1% respecto al año pasado. Una tasa muy pobre en un lapso en el que al menos 25 millones de mexicanos adquirieron un Smartphone por primera vez. Esperemos que para el año entrante nuestro gobierno, en sus tres niveles, adopte mejores prácticas para informar de la existencia de sus apps a los ciudadanos que podrían estar más interesados en ellas: aquellos ciudadanos armados con dispositivos móviles que ya siguen a las instituciones en redes sociales.

 

Además de sus actividades en el sector privado, el autor, Carlos Silva Ponce de León @csilvanet, dirige el think-thank sin fines de lucro The Social Intelligence Unit .

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Apps electorales: oportunidades perdidas

El marketing electoral vía apps

Esta semana, The Social Intelligence Unit, think-thank en el que tengo el gusto de colaborar, publica un análisis[i] sobre el uso de apps para smartphones por parte de los partidos políticos en este año electoral

Los datos son relevantes por los tiempos que vivimos pero porque ofrecen lecciones sobre cómo aún no se entiende el potencial que pueden tener las apps y mucho menos la forma como deben ejecutarse estrategias alrededor de ellas.

Interés en el medio

Hay un claro interés de la clase política por conectarse con el ciudadano mediante sus dispositivos móviles. En el censo que realizó SIU durante abril de 2015 se identificó más de 150 aplicaciones disponibles en el AppStore y en Google Play generadas por seis de los 10 partidos políticos con registro nacional.

El Partido Acción Nacional (PAN) acapara el 91% del total de las aplicaciones identificadas en el censo, debido a que existe una aplicación asociada a cada diputado federal que pertenece a su bancada.

Captura

Fuente: The Social intelligence Unit

 

Mala comunicación

Como es el caso en múltiples iniciativas de comunicación que implican apps, se asume que el usuario promedio va a dedicar tiempo a investigar y descubrirlas. Esto es un error.

En un estudio anterior[ii], SIU encontraba que el 65% de las apps generadas por el Gobierno en sus tres niveles no eran comunicadas en las redes sociales de las instituciones que publicaban las apps:

Captura2

 

El caso de los partidos políticos respecto a la descoordinación de sus canales de comunicación digital es mucho peor: un apabullante 98% de las apps no cuenta con un link directo de descarga desde los portales de los partidos y  las cuentas de Twitter y Facebook tanto de políticos como de las organizaciones en las que militan no ofrecen información para obtener las apps en el 95% y 97% de los casos respectivamente. Estas redes y la audiencia que los partidos políticos ya tienen en ellas son una gran oportunidad desaprovechada si se considera que, a nivel global, el  85% de los usuarios de Facebook accedieron a la red social mediante su móvil y que más de 33% usa este medio como su método de acceso exclusivo, mientras que en el caso de Twitter, 80% de sus usuarios accedieron vía móvil.

¿Ni sus militantes las usan?

Claramente los partidos están haciendo una labor tan mala al comunicar sus apps que queda claro que ni sus militantes se enteran que tales recursos existen.

Si bien el PAN domina respecto al número de apps, el 83% de sus apps identificadas en el censo fueron descargadas menos de 5 veces de acuerdo a los reportes que ofrece Google Play. Para el resto de los partidos, el 84% de las apps tuvieron menos de 500 descargas.

Sólo 2% de apps ofrecen algún servicio de utilidad

Un aspecto que los partidos políticos y sus militantes deberán de cuidar en adelante es plantear un objetivo concreto para su iniciativa de apps móviles. Repetir los mismos mensajes de campaña que saturan otros medios no puede ser una estrategia que ayude a involucrar más a los votantes.

De las apps en el censo, el 84% promueven el trabajo e imagen de funcionarios en turno y 9%  hacen alusión a campañas electorales locales o federales. Por su parte, 3% de las apps funcionan para promover la imagen de los partidos y sus bancadas legislativas, mientras que sólo 2% ofrece una funcionalidad que involucra al ciudadano, en este caso el permitir realizar denuncias ante anomalías en las campañas de partidos contrincantes.

¿Qué deben hacer los partidos a futuros para generar mejores iniciativas de apps?

Un aspecto que frecuentemente se pasa de lado al desarrollar iniciativas de apps, es el considerar que para obtener buenos resultados de ella como herramienta de marketing la paciencia es una virtud clave. Esto es especialmente difícil de aplicar cuando el horizonte de tiempo no pasa más allá del calendario electoral de cada año, pero es la única forma como los partidos políticos podrían aprovechar el medio.

En particular los partidos políticos podrían:

  1. Ver el proceso de creación de sus apps como uno de mejora continua y progresiva. Las apps de los partidos son abandonadas muchas veces antes de que acabe el proceso electoral y hoy en promedio, de acuerdo al censo de SIU, tienen un retraso de 124 días en su actualización desde que fue lanzado iOS8. Es decir, teniendo que actualizar las apps al nuevo sistema operativo, nadie se ha preocupado por hacerlo durante cuatro meses.
  2. Incrementar la funcionalidad de sus apps para promover la participación. Especialmente de sus militantes y simpatizantes. Las apps son excelentes herramientas para generar lealtad entre cualquier marca y su audiencia, los partidos políticos y los candidatos no deben ser la excepción.
  3. Trabajar en una estrategia integral de comunicación. La gran ventaja de las apps es que una vez que se tiene una audiencia leal, es fácil comunicar con ella y lograr que descarguen nuestra app (provisto que proveemos a quien la use de algo que le sea de utilidad, ver punto 2). Los partidos

Estas son las recomendaciones que cualquier profesional del sector privado aplicaría en sus estrategias de apps, queda en mano de los partidos políticos tomar ventaja de ellas.

 


[i] Elecciones Digitales 2015: Aplicaciones Móviles y Partidos Políticos. Samuel Bautista y Jacqueline Hernández – The Social Intelligence Unit, Mayo 2015

[ii] Mejores Prácticas en el Uso de Aplicaciones Móviles Gubernamentales, Samuel Bautista, Jacqueline Hernández, Gonzalo Rojón y Carlos Silva – – The Social Intelligence Unit, Abril 2015

 

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El rol de los buscadores y las redes sociales en el marketing móvil

En la serie de artículos que he iniciado en Revista NEO, comento recientemente sobre el rol en particular que tienen los buscadores y las redes sociales en las iniciativas de marketing en dispositivos móviles.

…el uso que desde dispositivos móviles se hace de los buscadores y de las redes sociales, convierte a éstos en un primer punto de contacto con el consumidor móvil; es decir, estos dos canales son excelentes, de acuerdo a un modelo de ciclo de vida del cliente, para realizar esfuerzos de “Adquisición”.

En las redes sociales y en los buscadores vamos a encontrar a nuestros futuros clientes. Forzar otros canales, como las apps móviles, para ese mismo fin no será la manera más natural de lograrlo. Una queja común de gerentes de marca que han integrado apps a sus estrategias es que “nadie descarga apps”; otros más experimentados en el tema reconocen que invitar a descargar una app es un esfuerzo en sí mismo, adicional a la comunicación del mensaje de la marca.

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Retención de metadatos de comunicaciones privadas

The Social Intelligence Unit recientemente generó cuatro documentos sobre la regulación de las políticas para retener datos de comunicaciones privadas por parte de los operadores de telecomunicaciones.

De este último que me tocó escribir, un extracto:

En México el plazo para retención de metadatos sobre las comunicaciones privadas (dos años) es muy largo de acuerdo con la experiencia internacional.

El período de dos años parece excesivo en comparación con la práctica internacional que va desde los 90 días (Estados Unidos) y los 6 meses (Suecia y Alemania), con algunos países optando por 12 (Brasil, Paraguay y el Reino Unido). En España se consideran 24 meses sólo para los datos que fueron previamente consultados, siendo la norma general también los 12 meses. Solo Australia considera un período de 24 meses similar al del caso Mexicano.

El hecho de que México almacene los metadatos por un período en el extremo del tiempo, respecto a la práctica internacional común, podría ser apropiado si se contara con salvaguardias suficientes que garantizaran el uso de la información sólo para los fines lícitos considerados por la ley y de forma efectiva sólo durante el período requerido. Desafortunadamente, ese tampoco parece ser el caso, pues México ocupa el lugar 52 entre 82 países en el Web Index(1) que evalúa la existencia de leyes que proveen de garantías procesales para la protección de la privacidad a través de su indicador “Salvaguardias para proteger la privacidad de las comunicaciones electrónicas”.

(1) World Wide Web Foundation, 2014. Disponible en: http://thewebindex.org/ y citado en Reyes, B., Bautista, S.  en El Dilema Privacidad-Seguridad en la Retención de Datos. Disponible en: http://www.mailermailer.com/x?function=view&c=111077342i-dfa69619*1116116j-fcc815c0
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Ciclo de vida del cliente en marketing vía móviles

La Revista NEO publicó mi artículo  “El Ciclo de Vida del Cliente: Más allá del Branding y el Perfomance” que es el primero de una serie donde, a partir de mi experiencia y del conocimiento de datos duros, busco ofrecer un método para abordar las posibilidad de la tecnología móvil como medio para el marketing interactivo.

Aquí un extracto:

La distinción  entre campañas de branding y performance resulta útil como marco de referencia en la relación entre anunciantes y medios.

Pero plantear adecuadamente la razón de por qué se debe tener presencia en una red social o no, o establecer el enfoque de funcionalidad que deberá tener un sitio web, no son preguntas a las que se pueda responder eligiendo entre una universal disyuntiva entre branding y performance. Tal categorización es demasiado enfocada a la naturaleza de las herramientas como para servir de base de una discusión estratégica.

El artículo completo está disponible en el sitio de la Revista Neo.

 

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¿De a cómo la Red?

A la fecha, en las definiciones del proyecto de Red Compartida del Ejecutivo Federal, planteado en la más reciente Reforma de Telecomunicaciones, se ha evadido la discusión y definición de las regulaciones económicas que deberán aplicar al operador de esta red.

  • Evitando la discusión Si bien la SCT publicó una consulta sobre el tema, la Secretaría autoriza la participación sólo a quien, a su total discrecionalidad, se determine tiene “interés legítimo”[1] y sea Persona Moral o representante de una Persona Moral ligada al sector de Telecomunicaciones. En paralelo para definir “el título de concesión, las bases de licitación y la convocatoria con base en modelos de negocios y corridas financieras”[2] la autoridad anuncia que ha delegado la responsabilidad en la firma Deloitte que ganó un contrato.
  • Objetivos que plantean dilemas: La Red tiene objetivos que serán medidos por su “rentabilidad social”[3] como mejorar la calidad y llegar al menos al 98% de la población y a la vez debe ser un negocio sano,  “sin necesidad de subsidios”[4], capaz de generar un retorno de inversión suficiente para sus inversionistas, hacer posibles nuevas inversiones para aumentar cobertura y mantener actualizadas sus capacidades así como generar ingresos fiscales al Estado.
  • Ante tales dilemas, al día de hoy imperan las indefiniciones. Sin reglas claras, el Concesionario gozaría de un amplio margen de discrecionalidad para el establecimiento de los precios y otras políticas comerciales que determinarán el resultado final respecto al número total de nuevos entrantes, su efecto en la calidad y los precios de los servicios y si realmente esta iniciativa desincentivaría o no la inversión por los operadores ya establecidos.

Condiciones contractuales

La trascendencia de los objetivos de la Red obligan a la autoridad a ser muy clara sobre en qué términos el operador mayorista podrá determinar o no la relación que tendrá con sus clientes vía estas condiciones.

  1. Consumos mínimos y Plazo de los contratos – Ningún operador construye su red partiendo de ver como objetivo estratégico el rentar capacidad de mayoreo a sus competidores. Hacerlo requiere hacer inversiones, que deben recuperarse ofreciendo el servicio sólo clientes mayoristas que sean rentables. La rentabilidad de estos contratos se logra estableciendo montos mínimos de facturación y plazos forzosos que deberán cubrirse por el contratante.

Es responsabilidad del regulador definir los parámetros dentro de los cuales el Operador de la Red pueda establecer consumos mínimos y plazos forzosos a sus clientes, pues esas son variables claves que afectarán tanto la rentabilidad y viabilidad del Concesionario, como la cantidad de empresas interesadas en entrar al mercado rentando la Red.

  1. Precios y Factores de productividad – El precio unitario de cada servicio provisto por la red (minutos, mensajes SMS, Megabytes) es la variable que de forma más directa influenciará el efecto de la red en el mercado.

Un precio demasiado bajo, comprometerá la permanencia del Operador de la Red y la de otros operadores establecidos que enfrentarán fuerte competencia de nuevos operadores que gozan de esos costos bajos. Un precio demasiado alto, hará menos atractiva la entrada al mercado de nuevos competidores y ayudará a mantener el estado actual de las cosas, pues la promoción de la competencia no será posible proveyendo un insumo esencial en condiciones iguales o similares a las que ofrecería un operador gozando utilidades de monopolio.

En cualquiera de los casos, el IFT deberá hacer explícita la metodología que defina los límites con los que el Operador podrá definir sus precios para la consecución de los objetivos de la Red. De la misma manera, una metodología de revisión periódica, idealmente basada en factores de productividad, deberá garantizar que tales precios mantengan su competitividad en relación a los precios de mercado.

  1. Información Financiera – El IFT mucho podrá aprender revisando la regulación de la Unión Europea sobre el tema, la cual está enfocada en “obligar a los operadores de red a rentar capacidad de sus redes a todos los proveedores de servicio a un precio justo. Donde un precio justo consiste en la inversión adecuada, el costo de operación y un retorno de inversión modesto”[5].

Los operadores entonces están obligados a proveer información financiera para que el regulador pueda evaluar si las tarifas de los servicios de red son justos. De forma que estos cálculos no sean el mecanismo para llevar al mercado posibles ineficiencias en la operación del operador, se puede hacer uso de la metodología del “operador eficiente”, la cual ha sido ampliamente discutida en el país y utilizada por COFETEL[6] para la resolución de disputas para tarifas de interconexión de la última década.

La obligación de compartir la información financiera necesaria para evaluar su nivel de precios debe quedar plasmada en el título de concesión del Operador de la Red.

  1. Plazos para metas de cobertura – El plazo constitucional establece que la Red “estará en operación antes de que concluya el año 2018”. Por el modelo publicado por SCT e IFETEL se desprende que el operador será capaz de lograr sus metas de cobertura social reinvirtiendo utilidades, por lo que no parece viable que en ese plazo se logre la meta de cobertura del 98% de la población que se ha planteado para la red[7].

Si no se espera que el Concesionario de la Red complete su cobertura para 2018, ¿cuál es el plan de expansión con el que deberá cumplir? ¿Su incumplimiento implicará penalizaciones?

La falta de plazos claros e incentivos para su logro podría incentivar al Concesionario a maximizar el tiempo dedicado sólo a los lucrativos mercados urbanos buscando retrasar en lo posible entrar a los mercados rurales que requieren más inversión y representan menos ingresos.

 

Anotaciones finales

Hay pocos o nulos antecedentes de modelos exitosos por parte de algún Estado interviniendo en un mercado previamente liberalizado de forma tan directa y con un esfuerzo de tal magnitud como la Red Compartida. Pero poco puede discutirse hoy de una iniciativa que ya es letra constitucional.

Lo menos que podemos esperar entonces es que para la Red se establezcan objetivos de política pública claros y medibles, logrados mediante acciones debidamente fundamentadas.

Aun cuando el proyecto de Red compartida reconoce que los objetivos de la infraestructura son multidimensionales, son muchas las interrogantes en los mecanismos que se implantarían para lograr tales objetivos. Por la trascendencia de los fines que se buscan, el país merece una definición clara y pública de los mecanismos regulatorios que buscarán garantizar tales beneficios. Esta es demasiada responsabilidad en manos de la autoridad que no puede simplemente descargarse a un tercero vía un proyecto de outsourcing.

 

[1] SCT. «Secretaría de Comunicaciones y Transportes.» Red Compartida. 5 de febrero de 2015. http://www.sct.gob.mx/comunicaciones/red-compartida/ (último acceso: 8 de febrero de 2015).

[2] Martínez, Ana. «SCT pagará 114 mdp por consultoría para red compartida.» El Financiero, 15 de diciembre de 2014.

[3] SCT e IFT. Modelo y uso de la banda. 2014, p 30-31

[4] SCT e IFT. Modelo y uso de la banda. 2014, p 28.

[5] Kiiski, Annukka, y Heikki Hämmäinen. «MOBILE VIRTUAL NETWORK OPERATORS: CASE FINLAND.» s.f. http://userpage.fu-berlin.de/~jmueller/its/conf/berlin04/Papers/Kiiski_paper.pdf (último acceso: 1 de febrero de 2015).

[6] COFETEL. «Consulta pública de los Modelos de Costos de servicios de interconexión fijos y móviles .» s.f. http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2012/05/Consulta-P%C3%BAblica.pdf (último acceso: 31 de enero de 2015).

[7] SCT e IFT. Modelo y uso de la banda. 2014, p 27.

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Inequidad y tecnoescepticismo

Este 20 de noviembre se publicó en español el libro del economista francés Thomas Piketty, el cual se ha convertido en el fenómeno editorial del año. Es muy raro que un libro de economía alcance el primer lugar de ventas en los Estados Unidos, pero poco sorprende el éxito de un texto que aborda la tan actual discusión sobre la inequidad económica.

Desde el título Piketty busca la provocación, pues con “El Capital en el Siglo XXI” aspira a convertirse en un economista que eventualmente sea tan relevante como Marx lo fue durante el siglo XX.

La tesis general de Piketty estipula que la acumulación de riqueza está creciendo más rápido que el total de la economía, por lo que con el tiempo, los ricos se vuelven aún más ricos y el resto de la población queda más lejos de tener un nivel de vida similar o cercano al de quienes más tienen.

De acuerdo a Piketty, este mecanismo de aumento de la inequidad es una “ley” ineludible del capitalismo y sólo se puede esperar que sus efectos sean aún más graves, a menos que todos los Estados del mundo intervengan de manera coordinada imponiendo un impuesto global a la riqueza (algo que el mismo Piketty reconoce como poco viable).

Un elemento central en la “ley” expuesta por Piketty es la idea de que  una tasa de crecimiento normal de la economía no puede ser superior a un 1.5% anual. Piketty dedica bastantes páginas para defender la idea de que un crecimiento económico superior a un 1.5% anual es una severa anomalía en la historia económica.

Y es este argumento el que encuentro más criticable en las ideas de Piketty, ¿realmente la economía está condenada a crecer a tasas bajas (menores al 1.5%) que no contribuirían a mejorar el nivel de vida de la mayoría de la población?, ¿queda descartado que el desarrollo y adopción en nuevas tecnologías generen continuos incrementos en la productividad como ha ocurrido de forma más o menos constante desde la Primera Revolución Industrial?

Piketty está convencido que no hay nada en el mundo contemporáneo, empezando por las tecnologías de la información, capaz de impulsar a la economía a crecer a más de un mediocre 1.5% anual y ofrece como sustento los argumentos  del economista Bob Gordon quien declaró en 2012 que la época de los grandes efectos en la productividad de las innovaciones tecnológicas industriales “terminó en los años setenta y no volverá otra vez”[1].

Lo que al argumento de Gordon pueda faltarle en calidad, podemos compensarlo por la  cantidad de dichos de otros economistas de alto perfil que, aún sin ser citados por Piketty, opinan en el mismos sentido: por ejemplo Robert Solow, especialista en crecimiento económico y Premio Nobel de Economia en 1987[2] famosamente declaró que “las computadoras pueden encontrarse en todos lados excepto en las estadísticas de productividad”[3] o Paul Krugman, otro Premio Nobel de Economía (2008)[4] que en 1998 declaró que “más o menos en 2005 quedaría claro que el impacto de la Internet en la economía no sería más grande que el de la máquina de fax” [5] [6]

Si bien Piketty está en lo cierto cuando afirma que el crecimiento histórico de la economía global en muy pocas ocasiones ha sido superior anual al 1.5%, resulta un ejercicio ocioso comparar la productividad económica de la edad de piedra o cualquier etapa previa al año 1750, con las etapas de alto crecimiento posteriores a la primera Revolución Industrial.

Lo que Piketty y otros tecnoescépticos pierden de vista es que la adopción generalizada de nuevas tecnologías permite que éstas se aprovechen de formas innovadoras que generen aún más nuevas tecnologías y mayor productividad. Tenemos tractores porque primero tuvimos motores de combustión interna porque primero tuvimos motores a vapor. Contar con más tecnologías nos permite que sea mucho más fácil generar innovaciones (no menos) en lo que se conoce como innovación combinatoria.

Y si algo caracteriza particularmente a las tecnologías de la información es constituir el caso más extremo de posibilidades de innovación combinatoria que ha conocido la humanidad. Hoy tenemos Netflix y Spotify en cualquier lugar porque primero tuvimos smartphones, porque primero tuvimos comunicaciones de banda ancha móviles y antes que todo ello tuvimos microprocesadores, teléfonos móviles y muchas otras innovaciones que resultaron en el poder que hoy tenemos de disfrutar el entretenimiento que deseemos donde lo deseemos.

Piketty recuerda que durante el s. xx los ciudadanos de países desarrollados mejoraron su poder de compra y estándar de vida al contar con nuevas opciones de consumo en bienes manufacturados que previamente no existían (automóviles, electrodomésticos, etc.), pero él y otros tecnoescépticos no encuentran en la posibilidad de que nuevos servicios digitales sean capaz de ampliar la frontera de producción de la economía, ofrecer nuevas opciones de consumo y finalmente mayor crecimiento económico.

Seguramente Piketty notaría que todas las suscripciones de 3G-4G y a servicios como Netflix o Spotify no representan actividad económica suficiente como para ser considerados motores del crecimiento económico y tiene razón. Donde Piketty muestra una carencia de. visión es en identificar como las mismas tecnologías que hoy han multiplicado nuestras opciones de entretenimiento, apenas comienzan a transformar la forma como recibimos servicios de salud, de educación y cómo nos relacionamos con el gobierno.

Por otro lado, no tenemos que perder de vista cuán inmaduras aún son las Tecnologías de la Información, en el sentido de que lejos de ser tecnologías “terminadas” éstas aún se encuentran en una continua transformación. Hoy el cómputo móvil habilitado por servicios en la nube es aún una novedad que no está difundida de manera generalizada y que poco  tiene que ver al cómputo centralizado de las grandes computadoras de los años setenta, sin embargo ambas tecnologías para un analista miope solo son “Tecnologías de la Información” sin diferencia entre sí.

Faltan años aún para que las tecnologías de la información converjan a una mayor estandarización y difusión de forma que su impacto a la economía sea patente. Una tecnología que hoy pareciera tan relativamente simple como el tractor, tardó más de 50 años de estar ampliamente disponible en los Estados Unidos y sólo fue hasta entonces cuando su impacto pudo comenzar a ser medido en la economía[7]. Piketty y otros tecnoescépticos aún no han experimentado las múltiples sorpresas que las tecnologías de la información deparan al crecimiento económico.

 

[1] http://www.nber.org/papers/w18315.pdf

[2] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1987/solow-bio.html

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Solow#Quotations

[4] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2008/krugman-facts.html

[5] Krugman posteriormente se retractaría del dicho – http://www.businessinsider.com/paul-krugman-bitcoin-2013-12

[6] http://web.archive.org/web/19980610100009/www.redherring.com/mag/issue55/economics.html

[7] http://conversableeconomist.blogspot.mx/2014/04/when-technology-spreads-slowly.html

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¿Cómo podría mejorar el Gobierno la gestión de sus apps?

The Sociall Intelligence Unit es un think tank dedicado a investigar temas relacionados al impacto social de las TICs y del cual soy cofundador.

En su primer estudio, el equipo de SIU, esta vez coordinado por un servidor y por Gonzalo Rojón, analizamos el estado de la labor del gobierno, en sus tres niveles, para gestionar sus iniciativas de aplicaciones móviles para smartphones (apps).

Los lanzamientos apps de gobierno, cada vez más frecuentes, son muy publicitados por las instituciones que generan esas apps y siempre bien recibidos por los medios que les dan amplia cobertura.
Haciendo un lado la estridencia de los lanzamientos, un diagnóstico sobre el ciclo de vida completo de estas iniciativas muestra apps que no son comunicadas en los sitios web y cuentas de redes sociales de las instituciones, que no reciben ningún tipo de mantenimiento luego de ser lanzadas y cuya titularidad ante las tiendas de apps queda en manos de particulares y no de las instituciones que las generaron.

Es un hecho que la existencia de malas gestiones del ciclo de vida de estos activos digitales no es condición exclusiva del Estado y que un análisis equivalente de las iniciativas de app marketing por parte de empresas privadas, con toda seguridad reflejaría las mismas carencias. Sin embargo, las apps de gobierno son iniciativas fondeadas con dinero público que pretenden atender el interés de la sociedad y por ello el análisis de su éxito o fracaso merece una mayor atención.

A continuación un resumen de las principales conclusiones del Estudio, el cual puede descargarse aquí desde la página de Facebook de SIU.

Boletín Informativo 13 de agosto de 2014


Mejores Prácticas en el Uso de Aplicaciones Móviles Gubernamentales

 

The Social Intelligence Unit (SIU), Think Tank orientado a estudiar el impacto social de la adopción de TICs, presenta su primer estudio: “Mejores Prácticas en el Uso de Aplicaciones Móviles Gubernamentales” con la finalidad de medir y evaluar cómo los diferentes niveles de gobierno gestionan el ciclo de vida de las aplicaciones móviles (apps) que generan para sus ciudadanos.

La proliferación de dispositivos móviles en general y de teléfonos inteligentes (smartphones) en particular, es una tendencia que ha sido observada por todos los niveles de gobierno.  Por su lado, las aplicaciones son el mecanismo ideal para tomar ventajas de las capacidades de los dispositivos móviles y ofrecer servicios gubernamentales de una forma moderna y eficiente.

Resulta natural entonces que cada vez con más frecuencia se anuncien este tipo de aplicaciones las cuales, sin embargo, frecuentemente no son comunicadas apropiadamente a la población o una vez lanzadas, son abandonadas casi de inmediato por las instituciones que las generaron.

El estudio “Mejores Prácticas en el Uso de Aplicaciones Móviles Gubernamentales” consiste en un censo sobre lasapps de los tres niveles de gobierno publicadas en las principales tiendas de las plataformas de smartphones y un análisis de las estrategias de gestión de vida de tales apps.

 

Entre los principales resultados del análisis se identificó que:

+ La aplicación más exitosa del Gobierno Federal se ha descargado aproximadamente en solo 1 de cada 1,000 Smartphones en el país.

+ 74% de las aplicaciones de Gobiernos Estatales no fueron subidas a las tiendas virtuales a través de cuentas institucionales. En esos casos, la Institución titular de los servicios pierde el control sobre la gestión de la app, pues la relación con los ciudadanos a través de las tiendas de apps queda en manos de entes privados (personas morales e incluso físicas) y no de la Institución.

 

Tipo de Cuenta Titular de la Aplicación Gobiernos Estatales
 Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit (2014)

 

+ Estados y municipios destacan por su mala gestión de la titularidad en las tiendas de aplicaciones: sólo 26% y 24% de las respectivas apps aparecen en cuentas institucionales en contraste con el 73%  de las de Gobierno Federal.

+ Más del 70% de las Aplicaciones del Gobierno Federal no recibieron mantenimiento mínimo para funcionar luego de la última actualización del sistema operativo iOS (usado en dispositivos móviles Apple). Es decir, una mayor parte de esas apps fueron abandonadas y difícilmente  puede esperarse que hoy sigan cumpliendo con sus objetivos de funcionalidad.

+ Se observa que la mitad de las aplicaciones fueron actualizadas hace casi un año (309 días o más), es decir, prácticamente han sido abandonadas.

 

Promedio de días desde la última actualización
 Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit (2014)

 

+ 86% de las aplicaciones de Gobiernos Estatales no fueron comunicadas en las  cuentas de redes sociales de dichos gobiernos y en las pocas donde esto sí ocurrió no se le ofreció una liga de descarga de las apps. Este mecanismo de comunicación que puede aprovecharse sin costo por las instituciones, es cada vez más relevante pues las redes sociales se encuentran entre las aplicaciones más utilizadas por usuarios de smartphones y son uno de los recursos más efectivas para comunicar estas iniciativas.

+ Los esfuerzos de comunicación en redes sociales (14% en el caso de los Estados) son marginalmente mejores a nivel Federal, donde se realizaron sólo en el 23% de los casos y en los municipios, donde ocurrieron en el 33% de las veces.

 

Menciones en red social
 Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit (2014)

 

+ De los municipios más poblados del país, sólo el 18% cuenta con alguna aplicación móvil.

 

De manera general las estrategias de manutención, comunicación y difusión de aplicaciones móviles gubernamentales, tanto en el ámbito federal como en el local, tienen importantes áreas de oportunidad lo cual explica las bajas frecuencias de adopción y consumo.

 

El documento completo puede ser consultado en:

 SIU PDF
@thesiu_
TheSocialIntelligenceUnit
Contacto de prensa: info@the-siu.net
1 Los 160  días transcurridos desde la actualización de iOS7 fueron considerados hasta el día que se concluyó el censo de las aplicaciones.

 

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Interconexión en Redes Conmutadas de Voz

Previo a los cambios en la legislación Telecom, es pertinente tomar un tiempo para revisar con perspectiva histórica la regulación y trayectoria de los costos de interconexión entre las redes de telefonía conmutada en nuestro país. Esta presentación cubre ese propósito y la he utilizado como material de soporte para impartir conferencias y clases sobre el tema.

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Resumen de Posturas en Temas Telecom

El pasado viernes 9 de agosto, el Comité de Evaluación publicó las listas de candidatos que obtuvieron las calificaciones aprobatorias más altas al examen de aspirantes a Comisionados para el que será el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Un servidor aparece en las listas mencionadas, de las cuales el Presidente Enrique Peña Nieto escogerá su propuesta que deberá ser ratificada por el Senado de la República.
Al respecto me sumo al ejercicio de transparencia y apertura que ha caracterizado a todo este proceso de selección. Para ello, he elaborado un breve resumen sobre mis posturas acerca de temas relevantes de telecomunicaciones y sus impactos en la vida nacional, que a continuación acompaño de ligas que las documentan a detalle.

Televisión Digital Terrestre (TDT)

Desde el año 2008 señalé la necesidad de adelantar el proceso de transición a la TV Digital, también conocido como “Apagón analógico”, de su fecha original programada para 2021. Si bien hoy día en su instrumentación contamos ya con una fecha más cercana (2015), esto nos deja aún muy atrás de nuestros principales socios comerciales, por lo que debemos asegurarnos que tan crítico proceso no tenga aún más retrasos.

Mayor Competencia en TV Privada y Medios Públicos

Como parte de la defensa de la necesidad de acelerar el “apagón”, he destacado cuan relevante es dicha transición a fin de contar con mayor oferta de contenidos en medios de radiodifusión. Adicional a contar con mayor competencia por parte de actores privados, indispensable desde el punto de vista de competencia económica, los medios públicos juegan un rol especial al dar espacios a más voces para promover una mayor pluralidad y representatividad, elementos indispensables desde el punto de vista del valor social de los medios.

Garantías a la libre expresión en Internet

La reciente reforma eleva a rango constitucional el derecho a los medios electrónicos y su uso irrestricto con fines de libre expresión.

He sido un defensor de estos principios durante los años, específicamente criticando la forma como se acota injustamente al principio de “Neutralidad de la red”, concepto que en sí es bastante positivo, pero cuyos defensores erróneamente tienden a limitar exclusivamente al ámbito de la infraestructura física de la red Internet.

En años venideros, los debates más importantes se darán en la capa lógica de la red (los servicios) y para ello se requiere un enfoque más general y actualizado. La Teoría de la Infraestructura reconoce esto y no ve razón para tratar de forma diferenciada ambos aspectos de la red de redes, sino que les reconoce misma relevancia.

Interconexión de Redes de Internet

Es un tema recurrente en nuestro país hablar sobre la supuesta falta de conectividad de redes de Internet y concluir erróneamente que requerimos una infraestructura dedicada para resolver este supuesto problema en la forma de un NAP (Network Access Point) o IXP (Internet eXchange Point). Peor aún, se supone que dicha infraestructura debe ser de alguna manera regulada, promovida o patrocinada por el Estado, lo cual va contra la naturaleza de Internet y las mejores prácticas internacionales.

Dediqué la mayor parte del tiempo en que forme parte del Programa de Investigación Telecom-CIDE a dicho tema, con una óptica integral de ingeniería, economía y política pública sobre el tema, pero con un marcado énfasis en reflexionar y proponer alternativas acerca de la prioridad que otros temas deben tener para el Estado:

Concluyo afirmando que soy un ferviente creyente en los beneficios de la libre competencia como mecanismo para lograr un mayor bienestar para el consumidor. A la vez reconozco que, en el corto plazo, la realidad de nuestros mercados de telecomunicaciones dista de ser la de un escenario competitivo.

Se requiere entonces de la intervención regulatoria y la reciente Reforma otorga un mandato inequívoco al nuevo regulador, así como las herramientas necesarias para lograr un escenario más favorable.

Tengo la más plena y absoluta confianza que nuestro nuevo Instituto estará conformado por profesionales a la altura de ese reto.

Atentamente

Carlos Francisco Silva Ponce de León

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