Interconexión en Redes Conmutadas de Voz

August 30th, 2013

Previo a los cambios en la legislación Telecom, es pertinente tomar un tiempo para revisar con perspectiva histórica la regulación y trayectoria de los costos de interconexión entre las redes de telefonía conmutada en nuestro país. Esta presentación cubre ese propósito y la he utilizado como material de soporte para impartir conferencias y clases sobre el tema.

Carlos Silva Ponce de León – Interconexión de redes de voz from Carlos Silva Ponce de León

Resumen de Posturas en Temas Telecom

August 13th, 2013

El pasado viernes 9 de agosto, el Comité de Evaluación publicó las listas de candidatos que obtuvieron las calificaciones aprobatorias más altas al examen de aspirantes a Comisionados para el que será el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Un servidor aparece en las listas mencionadas, de las cuales el Presidente Enrique Peña Nieto escogerá su propuesta que deberá ser ratificada por el Senado de la República.
Al respecto me sumo al ejercicio de transparencia y apertura que ha caracterizado a todo este proceso de selección. Para ello, he elaborado un breve resumen sobre mis posturas acerca de temas relevantes de telecomunicaciones y sus impactos en la vida nacional, que a continuación acompaño de ligas que las documentan a detalle.

Televisión Digital Terrestre (TDT)

Desde el año 2008 señalé la necesidad de adelantar el proceso de transición a la TV Digital, también conocido como “Apagón analógico”, de su fecha original programada para 2021. Si bien hoy día en su instrumentación contamos ya con una fecha más cercana (2015), esto nos deja aún muy atrás de nuestros principales socios comerciales, por lo que debemos asegurarnos que tan crítico proceso no tenga aún más retrasos.

Mayor Competencia en TV Privada y Medios Públicos

Como parte de la defensa de la necesidad de acelerar el “apagón”, he destacado cuan relevante es dicha transición a fin de contar con mayor oferta de contenidos en medios de radiodifusión. Adicional a contar con mayor competencia por parte de actores privados, indispensable desde el punto de vista de competencia económica, los medios públicos juegan un rol especial al dar espacios a más voces para promover una mayor pluralidad y representatividad, elementos indispensables desde el punto de vista del valor social de los medios.

Garantías a la libre expresión en Internet

La reciente reforma eleva a rango constitucional el derecho a los medios electrónicos y su uso irrestricto con fines de libre expresión.

He sido un defensor de estos principios durante los años, específicamente criticando la forma como se acota injustamente al principio de “Neutralidad de la red”, concepto que en sí es bastante positivo, pero cuyos defensores erróneamente tienden a limitar exclusivamente al ámbito de la infraestructura física de la red Internet.

En años venideros, los debates más importantes se darán en la capa lógica de la red (los servicios) y para ello se requiere un enfoque más general y actualizado. La Teoría de la Infraestructura reconoce esto y no ve razón para tratar de forma diferenciada ambos aspectos de la red de redes, sino que les reconoce misma relevancia.

Interconexión de Redes de Internet

Es un tema recurrente en nuestro país hablar sobre la supuesta falta de conectividad de redes de Internet y concluir erróneamente que requerimos una infraestructura dedicada para resolver este supuesto problema en la forma de un NAP (Network Access Point) o IXP (Internet eXchange Point). Peor aún, se supone que dicha infraestructura debe ser de alguna manera regulada, promovida o patrocinada por el Estado, lo cual va contra la naturaleza de Internet y las mejores prácticas internacionales.

Dediqué la mayor parte del tiempo en que forme parte del Programa de Investigación Telecom-CIDE a dicho tema, con una óptica integral de ingeniería, economía y política pública sobre el tema, pero con un marcado énfasis en reflexionar y proponer alternativas acerca de la prioridad que otros temas deben tener para el Estado:

Concluyo afirmando que soy un ferviente creyente en los beneficios de la libre competencia como mecanismo para lograr un mayor bienestar para el consumidor. A la vez reconozco que, en el corto plazo, la realidad de nuestros mercados de telecomunicaciones dista de ser la de un escenario competitivo.

Se requiere entonces de la intervención regulatoria y la reciente Reforma otorga un mandato inequívoco al nuevo regulador, así como las herramientas necesarias para lograr un escenario más favorable.

Tengo la más plena y absoluta confianza que nuestro nuevo Instituto estará conformado por profesionales a la altura de ese reto.

Atentamente

Carlos Francisco Silva Ponce de León

Presentación sobre competencia en Telecoms

August 9th, 2013

Recientemente he recibido varias solicitudes para compartir este material que usé en varios cursos y diplomados sobre Competencia y Economía de las Telecom. Si bien los datos de costos de interconexión requieren actualización, en general los conceptos son válidos hasta ahora.

Competencia en Telecom – Carlos Silva – 2009 from Carlos Silva

¿Es la reforma que necesitamos?

April 7th, 2013

El día de hoy, el periódico Reforma publica este artículo con algunas de mis opiniones sobre la reforma constitucional.

Aquí el texto del artículo:

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Mucho puede comentarse de la recientemente aprobada Reforma Constitucional al sector de las Telecom pero destaca lo ambicioso de su alcance, especialmente después de varios años de tener que conformarnos no con las reformas que queremos sino con aquellas que han sido “posibles”.

Aún falta el que puede ser un tortuoso proceso de ratificación en el Senado, así como la delicada modificación y reglamentación de Leyes secundarias, pero al día de hoy podemos comentar que la Reforma:

Fomenta la inversión: al flexibilizar los límites al capital extranjero en telefonía fija y televisión abierta, lo que facilitará la entrada de potenciales nuevos competidores.

Fomenta la competencia: al permitir que empresas existentes entren a mercados donde hoy no compiten, lo que se logra removiendo restricciones e imponiendo controles a empresas dominantes para evitar que abusen de su poder de mercado (vía mecanismos conocidos por tecnicismos como “must carry”, “must offer”, “desagregación de red local” y otros). Algunos analistas han calificado erróneamente a varias disposiciones asociadas a los costos que deberán enfrentar algunos jugadores cómo “discriminatorias”, olvidando que la necesidad de imponer controles a empresas con poder sustancial de mercado se da en función de una meta clave de la regulación: proteger la existencia de un mercado competitivo.

Simplifica la operación del sector: ya que para el menor de los trámites la industria debe recurrir al menos a dos autoridades (SCT y Cofetel) que frecuentemente se encuentran en disputa y ofreciendo criterios contradictorios. Con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se concentran en una sola entidad las facultades de regulación.

Crea un regulador “con dientes”: con la creación del Instituto esperaremos no volver a escuchar la recurrente respuesta de las autoridades ante las quejas de los usuarios: “desafortunadamente no tenemos facultades para actuar en esos casos”. El Instituto tendrá capacidad para imponer multas e incluso retirar concesiones a las empresas que violen la regulación vigente.

Establece metas: Porque en un sector con tantas autoridades la constante ha sido una regulación errante sin la guía de un claro diseño de Política Pública. Cobertura de banda ancha, regulación de contenidos y tiempos comerciales en TV, calidad de servicios, migrar a TV digital son varios temas donde la Reforma define claramente metas y responsables.

Sus efectos no serán inmediatos: Al ser una verdadera reforma estructural, sus efectos serán de mediano y largo plazo y no podrán esperarse cambios inmediatos en la estructura de mercado, ni en la variedad o precios de los servicios.

Es una reforma inusual: que pareciera “matar moscas a cañonazos” llevando al texto constitucional minucias técnicas que pertenecerían a documentos de menor jerarquía como programas sectoriales o planes técnicos. “70% de los hogares y 85% de las PyMEs deberán contar con banda ancha”, “se asignarán 90 Mhz en la banda de 700Mhz a la red de Telecomunicaciones de México”.

Tales detalles, totalmente fuera de lugar en una Carta Magna, al ser plasmados ahí quedan “blindados” ante eventuales recursos legales (amparos y otros) que han dado tan mala fama al sector Telecom pero también se “blindan” ante la necesidad de ser actualizados frente al cambio tecnológico.

Es un espejo de las instituciones del Estado: Es significativo que para reformar al sector más dinámico de la economía se tenga que pasar por reformar el instrumento legal que en cualquier democracia moderna debería ser el más estático y menos afectado por el cambio tecnológico: la Constitución.

Los mismos trucos que hoy “blindan” a esta Reforma son los mismos que se necesitarán dentro de pocos años cuando necesitemos llegar al 80% de los hogares y al 95% de las PyMES y la Red de Telecom de México requiera 90MHz más de espectro. Probablemente las prioridades legislativas no estarán apuntando al sector cuando esto se requiera.

Estamos entonces cerca de tener una muy necesaria Reforma a las Telecom y muy pronto, merecidamente, enfrentaremos también los retos que nos plantea el no reformar las arcaicas instituciones que sustentan a nuestro Estado.

Internet no es tan distinto

July 19th, 2012

Internet no es muy distinto de otras infraestructuras tradicionales y reconocerlo es una de las mejores formas de defender a la Red.

Las autopistas anteriores a la autopista de la información

Una carretera, como infraestructura física que facilita el transporte, es un habilitador de infinidad de actividades económicas que generan riqueza, tanto a los actores privados que participen de la actividad así como a terceros que pueden recibir beneficios indirectos (”derramas” usando la terminología económica) en la forma de mejores precios, el acceso a nuevas opciones de consumo, o la generación de empleo, entre muchas otras.

Pero las carreteras también hacen posibles otros beneficios sociales que, al no tener relación directa con la actividad económica, no pueden ser capturados con un simple análisis de impacto productivo: una carretera puede permitir a cualquier persona visitar con más frecuencia a sus amigos y familiares en otras ciudades, así como tener acceso a servicios educativos. culturales, recreativos o de salud a los que no tendría acceso acceso en su población natal.

El valor económico y social de la infraestructura es tal que la primera meta de política pública, respecto a cualquier tipo de infraestructura, es garantizar el acceso de forma no discriminatorio a toda persona o institución que requiera su uso.

Es por ello también que una carretera es un activo que cuenta con la mayor protección por parte del Estado: atentar contra tal infraestructura física es un delito del fuero federal y aún cuando la construcción y operación de ésta puede estar concesionada a particulares, el Estado mantiene una fuerte labor de supervisión y vigilancia para la protección de la misma.

Garantizar el acceso, sin embargo, no es sinónimo de gratuidad, ni limita la posibilidad de implantar medidas que contribuyan a la viabilidad económica de la infraestructura. En ese sentido, la existencia de autopistas de cuota no va en contra de la posibilidad de acceso irrestricto y no discriminatorio. El principio de no discriminación se mantiene al no existir cobros diferenciados entre el automóvil que transporta a viajeros de negocios, del que transporta a vacacionistas y a éstos del que transporta estudiantes; todos los automóviles pagan la misma cuota.

La existencia de tarifas diferenciadas para automóviles, autobuses y vehículos de carga refiere a una necesidad de cubrir los costos de la infraestructura de manera equitativa (el desgaste generado por un camión de carga de tres ejes es mayor al que genera un auto compacto), pero de nuevo, si un autobús transporta maíz o transporta metales preciosos, esto no es un criterio para el pago de tarifas distintas o para restringir el acceso de cualquier forma.

Internet es una infraestructura como cualquier otra y partiendo de reconocer ese status es más fácil el análisis respecto a debates recientes sobre la Red en México.

La Ley Bueno Torio-Castellón-Tentri

En Abril de 2012 los Senadores Fernando Tentri, Javier Castellón (quien posteriormente lo negaría via Twitter) y Juan Bueno Torio presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que otorgaba a los operadores “plena libertad de ofrecer diversas calidades del servicio, de ancho de banda y de contenidos o de cualquier otro valor agregado” siempre y cuando el operador en cuestión diera a conocer de forma explícita “cualquier práctica de restricción al tráfico, por causa de contenido, del tipo de protocolo, por la aplicación utilizada, por el ancho de banda, así como de toda administración del tráfico que censure, impida, desvíe, de prioridad o retrase su velocidad, en función del origen o destino de la comunicación”.

Abusando del cliché que confunde a la transparencia como un objetivo en sí mismo y no como la herramienta de política pública que es, la iniciativa propuesta por los tres senadores mencionados contraviene principios esenciales de toda infraestructura pues:

1. Ve en la “transparencia” un mecanismo que pretender reemplazar la obligación del Estado de vigilar y garantizar el acceso no discriminatorio a la infraestructura.
2. Otorga a privados facultades para la gestión de la infraestructura digital, cuando los símiles del mundo físico de tales facultades son exclusivos del Estado.

Por más calificativos políticamente correctos que se agreguen (en este caso, la tan manipulada “transparencia”), el degradar selectivamente el acceso a la red hidráulica, eléctrica, de drenaje o a la red carretera es abiertamente una burla y una contradicción a la naturaleza de cualquier infraestructura. En ese sentido, Internet no es distinto.

La firma del tratado ACTA por parte del Ejecutivo Federal

Mucha discusión y activismo en su contra ha generado el Tratado ACTA que pretende establecer mecanismos legales para facilitar la prosecución de delitos relacionados a violaciones al derecho de autor.

No es necesario profundizar en las propiedades inherentes a Internet y tecnología para llegar a una conclusión sobre el posible impacto de la implantación de un instrumento como ACTA y los derivados de este tratado.

Usando de nuevo el símil de la carretera: un automóvil paga la misma cuota en una autopista así transporte turistas, hombres de negocios, estudiantes, narcóticos, cadáveres o personas secuestradas. El cobro se lleva a cabo por el uso de la infraestructura y no en función del fin de tal uso. Igual de importante, el uso ilícito por parte de algunos usuarios no es pretexto para imponer restricciones o mecanismos de control al nivel de todo el sistema. Ni todo el perjuicio social y económico causado por el narcotráfico es justificación para imponer controles o restricciones ex-ante en todo el sistema carretero y a todos los usuarios del mismo.

Todo el perjuicio que se pueda causar a una sola industria (la que sea), debe ser perseguido criminalmente. Personalmente celebro la detención de Kim “Dotcom”, fundador de Megaupload, de quien hay elementos sólidos para sospechar que operaba su servicio con la única intención de lucrar facilitando las descargas de contenidos protegidos por derechos de autor.

Si Kim Dotcom es encontrado culpable, sin embargo, este hecho no puede servir de precedente o justificación para imponer controles en la actividad de todos los usuarios de Internet como ACTA pretende.

Tales controles policiales ex-ante no existen para ningún otro tipo de infraestructura por dos razones sencillas: la infraestructura es un insumo de uso general tanto para empresas de todas las industrias como para la población en general. Es altamente probable, y casi una certeza, que el impacto económico negativo que el uso de una infraestructura genere en una industria en particular, sea despreciable comparado contra el impacto de limitar el uso de dicha infraestructura para TODAS las industrias.

El análisis económico ya parece dar una razón rotunda para el rechazo de instrumentos como ACTA, pero la segunda razón es aún más severa: toda infraestructura tiene usos en el ámbito social cuyos beneficios no son medibles económicamente. Los beneficios que Internet puede traer (con todo y sus negativos de la mano en forma de contenidos fraudalentos, spam y otros) en la forma de mayor y mejor acceso a información, de un incremento de la discusión sobre temas públicos y de facilitar la comunicación entre personas, entre muchos otros, no pueden cuantificarse.

El reconocer tales beneficios y la imposibilidad someterlos a un simple análisis de costo-beneficio, es el fundamento para buscar facilitar, no controlar, el acceso a más usuarios a la infraestructura. Por ello no se requiere solicitar permiso especial cada vez que se usa una carretera, ni se debe informar la naturaleza de las llamadas a una compañía telefónica y no es requisito indicar los equipos que se conectarán a la red al solicitar el servicio eléctrico para un hogar.

En conclusión, el análisis de ACTA desde el punto de vista de la protección de Internet como a cualquier otra infraestructura, lleva al rechazo categórico e inequívoco al tratado.

Encuentre las diferencias

Analizados los dos casos anteriores cabe preguntarse cuáles, si es que existen, son las diferencias sustanciales de este enfoque respecto a la llamada “Neutralidad de la Red” que busca, basado en un principio de diseño técnico, definir características consideradas esenciales para mantener Internet como una red abierta a la innovación y al libre intercambio de ideas.

Como he expuesto en ocasiones previas, no existe ningún inconveniente en sí mismo en el postulado de la “Neutralidad”, excepto que al centrarse exclusivamente en el respeto al núcleo de la Internet (la infraestructura para la transmisión de información sin importar la naturaleza de ésta, justo como debe hacer cualquier infraestructura), en la práctica la neutralidad puede usarse como en pretexto para voltear a otro lado cuando ocurren abusos en los servicios que la Red habilita.

Es una exageración decir que la llamada “Primavera Árabe” se debe sólo a la existencia de Twitter y Facebook, pero más difícil habría sido que tal fenómeno se hubiera dado sin la posibilidad que esas redes sociales ofrecen para ser un insumo para actividades comerciales así como facilitar la expresión de ideas y la participación ciudadana (como ocurre con cualquier otra infraestructura).

Por otro lado, tan indeseables deben considerarse iniciativas como la Ley Torio-Castellón-Tentri o el tratado ACTA y otros similares como también son las supuestos prácticas anticompetitivas por parte de operadores de buscadores de Internet, por mostrar un ejemplo.

Conforme la difusión de servicios de Internet aumente, tanto la infraestructura física (la Red) como los servicios ofrecidos en ella, serán infraestructura cada vez más crítica para la actividad económica y para la sociedad. Siendo ambas infraestructuras, deben ser ambas analizadas como tales, sin ser sujetas a análisis igual de discriminatorios que los propuestos por ACTA y otros instrumentos indeseables.

Carlos Silva Ponce de León – Las opiniones del autor son propias y no reflejan ninguna postura de las instituciones con las que está afiliado.
@csilvanet

De nuevo el NAP

April 7th, 2012

Con las siglas alternas “IXP” (Inter eXchange Point) que se refieren a la misma infraestructura también conocida como “NAP” (Network Access Point), recientemente revivió en México la idea de que el Estado sea promotor de tal infraestructura.

Durante años he cuestionado la lógica de que tal iniciativa tenga que ser originada por el Estado y mucho menos usando recursos públicos escasos que se requieren en múltiples otras iniciativas como construir redes en áreas rurales, pues en ningún lugar del mundo las redes llegan a tales áreas sin la intervención (directa o indirecta) del Estado.

CNNExpansión me entrevistó sobre el tema:

¿Y es necesario un IXP?

En México no se ha instalado un IXP porque no se necesita, destaca Carlos Silva Ponce de León, analista independiente y ex investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicos (CIDE).

El experto realizó un estudio sobre el tema en 2003 y entonces consideró que no existía una prioridad para instalar un punto de interconexión de Internet en México, y su postura no se ha modificado desde entonces.

“Bestel y Telmex, empresas que se odian a muerte en interconexión telefónica, cuentan con convenios en Internet. ¿Dónde está el problema?”, expresó el analista.

Carlos Silva también cuestionó que el Gobierno sea el impulsor del proyecto cuando en ningún país del mundo, salvo Cuba, sucede algo similar.
“Estos proyectos son impulsados por la iniciativa privada en todo el mundo”, comentó.

Aunque consideró que si bien el costo tampoco es significativo en relación al gasto del Gobierno, se deben atacar otras prioridades como la extensión de la red de fibra óptica o la entrada de inversión extranjera para impulsar al sector.

La iniciativa nace a partir de las recomendaciones que la OCDE hizo en su estudio “Review of Telecommunications Policy and Regulation in Mexico”. Debo aclarar que el estudio en su mayoría es uno que se trabajó con bastante seriedad. Fue lamentable que en nuestro país fuera descalificado a priori y con argumentos muy endebles (la OCDE publicó una respuesta a todas esas críticas).

Adoptar de una vez todas las recomendaciones de la OCDE no sería una solución mágica a todos los problemas de las telecomunicaciones de nuestro país, ni mucho menos algo que sea lógico esperar implementar de forma inmediata (por ejemplo, en el limitado tiempo que le queda a la actual administración federal).
Si algo se le puede criticar de manera general al reporte de la OCDE es de decir pocas novedades de fondo. Los problemas ya son de antaño conocidos. Pero comparar nuestra infraestructura con la de aquellas naciones que tienen el nivel de desarrollo al que México aspira, es un ejercicio necesario que debe hacerse de recurrente. En ese sentido, descartar el valor del reporte como una herramienta para el diagnóstico y guía para el diseño de una nueva política pública para el sector es un error gravísimo.

Por otro lado, el debate que nos sigue quedando como tarea pendiente a nivel nacional, es el del detalle de los cómos y cuándos, particularmente a la luz del apresurado plan de 10 acciones que la SCT anunció como respuesta durante el mismo evento de presentación del estudio. Ahí particularmente llama la atención una acción específica que SCT consideró crítica aún cuando el reporte de la OCDE, si bien la menciona en el cuerpo del documento, no la incluye en su lista de recomendaciones finales.

En el apartado “Acceso de banda ancha” la OCDE menciona que “El gobierno deberá estimular a los ISP para que establezcan un punto de interconexión de internet” (OCDE, 2012, pág. 37). En función de ello, el plan de 10 acciones de SCT define: “La novena acción contempla instalar un punto de interconexión a internet o IXP, el primero en México, a fin de facilitar el intercambio de tráfico con la red mundial de la información, de una manera más rápida, eficiente y económica.” (SCT, 2012).

La propuesta de contar con un IXP (Inter eXchange Point) o NAP (Network Access Point) de Internet en México no es para nada reciente y tiene su fundamente en infinidades de beneficios que tal infraestructura podría proveer. De acuerdo a la OCDE un IXP “… permite el intercambio de tráfico en un solo punto, reduce los costos de tránsito, elimina los costos de transporte transfronterizo y genera incentivos para crear contenido nacional.” Por su parte la SCT atribuye a la eventual instalación de un IXP el poder facilitar “el intercambio de tráfico de internet, haciendo la transacción (sic) más rápida, eficiente y barata” pues “en estos puntos convergen muchas redes, lo que permite que, cuando una red se conecta con un solo IXP, puede acceder a todas las redes que llegan al mismo sitio” (SCT, 2012).

La OCDE en su reporte llama la atención sobre el hecho de que México es una de muy pocas naciones que no con este tipo de infraestructura es correcta. Somos de hecho el único país miembro de la OCDE y también uno de los pocos países en Latinoamérica en esa situación (Silva Ponce de León, 2005, págs. 380-381). La OCDE apunta correctamente que los IXPs han surgido de esfuerzos de cooperación (faltaría aclarar que de la industria) e insta al Estado a promover la creación de uno en el país.

Bajo esta óptica, instalar un IXP parecería una prioridad que el Estado debería promover ante la miopía de la industria y de la misma administración pública. Una vez que los proveedores de Internet dependen de infraestructura en el extranjero para hacer que sus redes estén interconectadas, es claro que incurren en ineficiencias que les generarían altos costos que tendrían que trasladar a sus usuarios.

Y hasta aquí, en papel, no se puede más que estar de acuerdo con el planteamiento de SCT de buscar con urgencia el contar con tal infraestructura, excepto por el hecho de que el diagnóstico del que se parte es incorrecto y la capacidad de impactar positivamente el desarrollo de la Red en México es mínima comparada con otros problemas que se deben atender y potencialmente nula.

En específico, construir un IXP poco puede hacer para aliviar el problema de una infraestructura limitada y poco asequible para el común de los mexicanos una vez que:

  • Las redes que conectar a México con el resto del mundo ya se encuentran interconectadas.
  • La existencia de tal infraestructura no cambia en mucho la disposición que los distintos proveedores puedan tener para interconectarse.
  • Los proveedores de Internet pequeños, el pretendido foco de atención de un IXP, poco acceso real podrían tener a un punto concentrador (o incluso varios) que se instalaran para ello.
  • Sin restar valor a la totalidad del documento de la OCDE, que es una revisión robusta y bien documentada a las diferentes carencias en infraestructura de telecomunicaciones de nuestro país, el análisis que hace sobre la necesidad de contar con un IXP es erróneo.

    Erróneo al detectar un problema que no existe, de nueva cuenta como multiplicidad de actores lo han hecho en el pasado, pues las grandes redes dorsales de Internet de las que dependen la gran mayoría de los usuarios de nuestro país YA están interconectadas, simplemente porque les conviene económicamente y los incentivos son tales que no se ha requerido intervención del Estado y ni las disputas que las empresas involucradas tienen en otro tema llegan a ser obstáculo suficiente.

    Y erróneo al prescribir una receta sin sentido y sin sustento en la evidencia internacional, pues como comento en la nota donde me cita CNNExpansión, el único país del mundo donde se crearon NAPs “por decreto” del Estado es Cuba. Difícilmente un modelo de desarrollo al que nuestra nación quiera aspirar.

    En resumen, es realmente preocupante el pobre análisis que las autoridades realizaron para incluir la construcción de un IXP como una prioridad para el país y la excesiva confianza que tienen tal acción como generadora de impactos positivos para la difusión del uso de Internet

    Are Internet NAP’s relevant for Latin America?

    April 6th, 2012

    Ante la recurrente necesidad de discutir este tema, creí conveniente rescatar este artículo que escribí en el remoto año de 2002 para la ahora extinta revista Latincom sobre la necesidad de contar con NAPs / IXPs en Latinoamérica.

    Muchas de las ideas que se exponen parecen ser desconocidas para infinidad de “expertos” sobre el tema.

    Are Internet NAP’s relevant for Latin America?

    When Bill Clinton decided it was time for the Internet to be opened up for commercial use, the US government was still funding the NSFNet, “The Backbone” that interconnected all participating networks in just one single Internet.

    A new market was going to be born, where any operator could invest on Internet infrastructure. Still, a new technical mechanism was needed to replace the NSFNet’s integrating role so all networks could remain interconnected with each other, without relying on the infrastructure of a single monopolistic provider.

    The US government favoured a model of telecommunications hubs. Operators made bids to build and operate one of the four NAP’s (Network Access Points) that were established on Washington DC, New York, California and Chicago making possible for all networks to remain interconnected.

    By 1997, it was obvious that just four points were not enough to cope with the increasing complexity of interconnecting more and bigger networks. Complains about NAP congestion were a common place and new business perspectives questioned the “interconnect to everyone” proposition; in particular, some large companies (MCI the most notorious example) considered that treating significantly smaller networks as “peers” was equivalent to actually subsidising competitors.

    In a market completely free of government intervention, some companies were created with the sole purpose of profiting by solving the Internet’s interconnection issues. Some of them were dedicated to provide simultaneous connection to multiple networks ( “bandwidth aggregation services”), others created “private” NAP’s (by 1997 were around 80 NAPs in the world) and some other created overlaid networks for fast distribution of content.

    But more relevant, most carriers decided to interconnect their networks in mutually agreed private interconnection points that used their own facilities, avoiding reliance on third parties. These private agreements have severely diminished the real importance of the four original public NAP’s and of the aforementioned companies that had to survive from other revenue sources like access, collocation or managed services. .

    Most articles dedicated to the history of the Internet, however, ignore these facts and stop at the deployment of the four original NAP’s. Maybe that’s the cause of the strange relevance that some media in Latin America give to every NAP-related announcement.

    Back in 2001 the Secretary of Communications and Transport of Mexico published its Sector Plan for the 2001-2006 period with an emphasis on extending the reach and quality of government services by providing Internet access in rural areas. The e-México project, also considered “the construction of a NAP that will allow the exchange of data traffic among operators, making access to the contents of the e-Mexico System more efficient”.

    This brief announcement was the basis for at least five publications to celebrate the decision as “the end of the absolute dependence on US facilities for the exchange of national traffic”. Some analyst preached the benefits in terms of “improved performance and reduced costs to end users” and condemned the cartel of the three major carriers in the country that benefited from the use of the infrastructure of their US partners by refusing to interconnect in Mexico.

    None of those publications meant to question the members of the “cartel” on the subject. If they would have done so, their conclusions would had been quite different: no benefit outside “making access to the contents of the e-Mexico System more efficient” it would be attributable to the e-México NAP since the operators had agreed long time ago to exchange traffic within Mexico using private peering points.

    A lot of press attention has also been devoted to the so called “NAP of the Americas” owned and operated by Terremark Worldwide Inc and promoted as “the fifth NAP in the world”. Beyond the names, a NAP is as important as the traffic that flows through it and the “NAP of the Americas” with an impressive list of customers, lacks any carrier from the second largest market in the region (Mexico). Terremark is also partner in the “NAP de Madrid” in which Telefónica de España does not participate in; and the “NAP do Brasil”, that was created for ISP’s to avoid “relying on Embratel” (the largest fixed operator in the country).

    If there is a company that could symbolically claim that operates “The Fifth NAP” that could be MFS (now part of MCI), the winner of one of the original four NAP’s that after building the MAE West (Metropolitan Area Exchange) in Washington, by its own initiative decided to create a similar “twin” site on the East Cost (the MAE East). Certainly Terremark it is a company with a valid business model that is using a trademark that legally owns. Still, no single company is in a position to claim that its facilities are the ones on which Internet access for all Latin-Americans relies upon. Claiming that the “NAP of the Americas” is the “Internet gateway for Latin America” is, in the best case, just questionable.

    As a final thought, it should be expected that the debate on Internet interconnection will increase on the following years on Latin America. Smaller operator still think that they should be given the right for “no-cost”, “bill and keep” peering with large competitors. And, besides to what the OECD thinks is fair, few operators are happy about paying 100% of the dedicated lines necessary to interconnect to backbones in the US, given the fact that US operators use the same lines to terminate outbound traffic for their own paying customers.

    The increasing importance of the Internet in general, will also push local governments to reconsider their position from a hands-off approach to regulate for the benefit of the general public. However, in all cases, do not expect to see a lot of NAP’s as part of the proposed solutions.

    Más sobre Neutralidad de la Red

    February 17th, 2012

    El diario El Economista publicó ayer una columna sobre Neutralidad de la red que escribí con Ernesto Piedras.

    Aquí la versión completa que tuvo que ser editada para su publicación en El Economista.

    De lo particular a lo general

    La “Neutralidad de la Red” es aceptada casi de manera general como el gran principio rector de operación de Internet que la sustenta como una red abierta a la innovación y al emprendimiento y que la convierte en una gran generadora de valor para la sociedad en su conjunto.

    La idea de que la red debía ser “neutral” (permitir el libre flujo de contenidos dando el mismo trato a todos ellos por igual) evolucionó de lo particular a lo general. A partir de un principio técnico de diseño (el principio de “conectividad punta a punta” o “end-to-end”) hacia una doctrina que busca servir como fundamento de la política pública hacia prácticamente todos los aspectos de operación de la red (económicos, políticos y sociales).

    El principio “end-to-end” fue introducido en 1981 por investigadores del MIT como una normativa de diseño para el software y los equipos que integran Internet, considerando una red que no debía ser responsable de verificar la correcta entrega de información a su destinatario (dejando tal responsabilidad a sus “puntas” o equipos y software “terminales”).

    La propuesta de los autores era la de un enfoque sencillo y por lo mismo elegante para lidiar con los inevitables errores de transmisión que ocurren en cualquier red, estableciendo que “es deseable que la operación de los protocolos de comunicación opere en las puntas terminales de la red” y “ésta – como componente intermedio – no debe tratar de ofrecer ayuda a la aplicación, pues al hacerlo sólo generaría redundancias”. El planteamiento demostraba la aplicación general de ideas que ya habían sido consideradas, entre otros, por Cerf y Kahn en la primera versión del Protocolo de Internet, publicada ocho años antes.

    Teorizando sobre la Neutralidad

    De acuerdo a buscador Google Scholar, existen más de 4,000 artículos académicos que discuten el tópico “net neutrality”. A este acervo deben sumarse los muchos más artículos de opinión que se han publicado para discutir sobre el tema. Tal interés no es para menos, pues la Internet hoy ya es una infraestructura esencial para la continua operación de toda la actividad económica (tal como los son el sistema carretero, el aeroportuario o la banca) así como insumo para muchos otros bienes de altísimo valor social como el acceso a información educativa o la difusión y discusión de ideas políticas (con un rol ya tan importante como el de los medios de comunicación tradicionales).

    De manera formal, podemos establecer que Internet cumple con tres características esenciales de cualquier infraestructura[1]:

    1. Es un bien que puede ser consumido simultáneamente de forma compartida por varios usuarios (“non-rival consumption”).

    2. Es un bien intermedio que crea valor social cuando es utilizado como insumo en otras actividades productivas y dicho uso es la principal fuente tanto de la demanda del bien como de sus múltiples beneficios sociales.

    3. Su uso como insumo se da para una amplia gama de bienes y servicios, incluidos los bienes privados (e.g. comercio electrónico), los bienes públicos (e.g. la educación), y / o bienes no mercadeables (e.g. la democracia).

    Aceptado lo anterior, la teoría establece la necesidad de que toda infraestructura que cumpla con las características mencionadas debe ser gestionada de una forma abierta y transparente que facilite el acceso no discriminatorio, tal y como lo propone el principio de Neutralidad.

    Parte esencial del debate actual sobre la Neutralidad es el cómo garantizar adecuadamente tal esquema de gestión, pues donde la infraestructura generalmente encuentra respuesta en la intervención del gobierno, en Internet se percibe que tal intervención sería contraria a su espíritu de apertura (percepción fortalecida a partir de las iniciativas de gobiernos autoritarios que defendiendo la idea de un mayo rol de supervisión, buscan reprimir el libre flujo de información y de opiniones en la Red).

    Existe un elemento que dificulta el poder dar respuestas precisas a la pregunta de qué acciones serían correctas o contrarias a la defensa de principio de Neutralidad: el hecho de que no abundan los casos documentados de abusos por parte de operadores de redes y de las consecuencias negativas que éstos hayan tenido, mucho menos de que tales abusos se realicen recurrentemente generando daños que sea esencial revertir. Es difícil que la gran cantidad de teoría vertida en torno a la Neutralidad de la Red pueda contener más sustancia ante la ausencia de un problema real e inmediato que resolver.

    Así como la regulación en telecomunicaciones en todo el mundo tiene sólidos antecedentes en el análisis de lo que la autoridad en Estados Unidos tuvo que hacer para reaccionar frente a AT&T cuando buscaba sacar del mercado a MCI, hoy la Neutralidad de la Red carece de un gran intento de abuso por parte uno o varios jugadores con poder sustancial que permita que académicos, reguladores y otras partes interesadas tengan un acuerdo esencial sobre la mejor forma de proteger la apertura de Internet.

    Ampliando el ámbito del debate

    En el proceso de encumbramiento de la Neutralidad como el valor más relevante de la Red, va implícita una premisa que obstaculiza un debate completo sobre la salud del ecosistema competitivo de Internet: aquella que establece que mientras la infraestructura de red sea neutral, nada más debiera preocuparnos, especialmente respecto a lo que ocurra en los extremos terminales de la red. Esta visión parte de nuevo, de generalizar lo que era un principio puramente técnico de diseño de la Red (el “end to end”) trasplantándolo sin mayor reflexión a ámbitos como el de la competencia económica.

    Como ya se mencionó, el valor de una infraestructura está en función de su uso “como insumo en otras actividades productivas”. Un análisis desde este punto de vista, permite ver que el acceso a los recursos de la red en forma no discriminatoria (como establece la Neutralidad) no es menos importante que el acceso no discriminatorio a recursos como los son los buscadores en Internet, los espacios publicitarios disponibles en esos mismos buscadores o los recursos de cómputo remoto vía servicios “en la nube”. En todos los casos mencionados, tales recursos son utilizados como insumos para gran multiplicidad de actividades económicas y sociales, es decir, todos son infraestructura.

    Y más aun, analizando los particulares, es más fácil encontrar evidencia de operadores de servicios publicitarios discriminando a terceros en beneficio de sus propios anuncios, que de ISPs acelerando la entrega de tráfico de sus propios servicios contra los de terceros usuarios de su red.

    No parece entonces haber justificación para sustraer el análisis de la defensa de la Internet “como hoy la conocemos” en la forma como son gestionados los aspectos técnicos de la transmisión de contenidos. La Internet es la suma de su infraestructura y los servicios que habilita. En beneficio de las economías y la sociedad en su conjunto, debe ser defendida en su totalidad y no bajo la visión de dogmas que limiten artificialmente el ámbito del análisis.

    Trascendiendo el debate sobre la “Neutralidad de la red”

    February 28th, 2011

    La democracia y otros ideales

    ¿Qué es la democracia? “El gobierno del pueblo” se puede responder en automático. Pero en los hechos, una definición de lo que pudiera o no ser democrático es más complicada que la que ofrece un diccionario.

    Una constitución que declarara simplemente a una nación como “democrática” sin definir puntualmente mecanismos para establecer un gobierno representativo, un sistema de contrapesos y las garantías a derechos esenciales como el de asamblea o el de la libertad de expresión no serviría ningún fin a sus ciudadanos tal como a los habitantes de la vieja República “Democrática” Alemana de poco les servía el adjetivo que pretendía maquillar a un Estado abiertamente autoritario.

    Y es en esas definiciones puntuales donde no existe un acuerdo universal respeto a qué pudiera ser o no “democrático”. Una queja frecuente al sistema político mexicano es la carencia de mecanismos legales de consulta directa a la población como el referendo o el plebicito. Tal queja se contrasta con la opinión de académicos como Giovanni Sartori que, con sus universalmente aceptadas  credenciales democráticas, es un escéptico de las democracias directas y del dejar a manos no expertas las decisiones puramente técnicas que frecuentemente enfrentan los Estados modernos.

    Neutralidad funcional

    La búsqueda del término “net neutrality” entrega 127,000 resultados en Google Scholar. Además de tantos artículos académicos muchos más artículos de opinión se han publicado para discutir sobre si el concepto de “neutralidad de la red” es un principio esencial o no para el funcionamiento de la Internet “como hoy la conocemos”.

    Después de leer varios documentos sobre el tema, me parece que pocos debates hoy son tan estériles como éste. Expuestos en largos monólogos llenos de dogmatismos que parten de condenar al adversario, las opiniones que se vierten sobre el tema generalmente cometen el error de someter a discusión problemas concretos sin partir de un marco de referencia sólido para el análisis. Y lo anterior puede expresarse aún sin tomar en cuenta cómo el nivel de debate fue severamente degradado cuando los dos principales partidos políticos en los Estados Unidos tomaron posiciones antagónicas sobre el tema.

    La idea de que la red debía ser “neutral” (permitir el libre flujo de contenidos sin tratos especiales a cierto tipo de contenidos) evolucionó de lo particular a lo general. El principio de “conectividad punta a punta” (end-to-end principle) fue un concepto ingenieril que guió el diseño del software y los equipos que componen la infraestructura de Internet para integrar una red que no debía ser responsable de verificar la correcta entrega de información a su destinatario (dejando tal responsabilidad a sus “puntas” o equipos y software “terminales”) y de ahí evolucionó al inicio del milenio en la idea de “neutralidad” donde ninguna entidad particular, comercial, gubernamental podría interferir en el absolutamente libre tráfico de contenidos en Internet.

    De esta manera, lo que sería una guía para el diseño de la tecnología de Internet, se pretende sea Política de Estado (o peor aún, axioma incuestionable por encima de las facultades de los Estados) para discutir temas tan diversos y con profundas implicaciones políticas y sociales como la descarga de contenidos protegidos por el derecho de autor, la conveniencia o no de mantener operando a sitios como Wikileaks o el filtrado de contenidos que hacen diversos gobiernos dictatoriales.

    Mientras tanto, la realidad es que la  Internet “como hoy la conocemos” debe mucho a la violación de los ideales de neutralidad y es en los hechos una red que integra múltiples elementos que sí intervienen proactivamente en el trato diferenciado a los contenidos que transportan. Previamente he mencionado varios ejemplos (ver post) a los que agregaría la evidencia de las empresas que han hecho un gran negocio en facilitar la entrega de contenidos de forma más eficiente respecto al promedio de la infraestructura de la Red como es el caso de : Akamai, Amazon Cloud Front e Internap por mencionar sólo algunos ejemplos.

    De la misma manera como es un despropósito proclamar la existencia de la “Democracia” sin dotar a una sociedad de las definiciones concretas de reglas e instituciones que constituyan un verdadero régimen democrático; insistir sin más en la defensa de la “neutralidad de la red” es una propuesta que poco o nada hace para fortalecer a la Red y los servicios que de ella dependen.

    Reconocer a la neutralidad de la red como un concepto que representa tan solo un ideal, que sin definiciones concretas en instituciones y regulaciones que la soporten no servirá de mucho para favorecer el desarrollo de Internet, es un primer paso para abordar esas grandes discusiones que incrementarán su relevancia conforme las sociedades y economías incrementen su dependencia de la Red.

    ¿Y 4G?

    February 28th, 2011

    La firma Telegeography recientemente publicó un estudio donde reconoce que, a más de un año de su lanzamiento, la adopción de los servicios 4G sigue siendo muy limitada.

    El estimado es que dentro de tres años, habrá en el mundo 50 millones de suscriptores, lo cual dista mucho de ser una cifra significativa en un mercado que el año pasado superó los 5 mil millones y donde  los usuarios móviles de Internet representan el único segmento de crecimiento acelerado.

    Existen múltiples causas para la baja adopción de 4G, pero fue en 2008 cuando expuse una particular, buen momento para releer esta nota.