¿De a cómo la Red?

A la fecha, en las definiciones del proyecto de Red Compartida del Ejecutivo Federal, planteado en la más reciente Reforma de Telecomunicaciones, se ha evadido la discusión y definición de las regulaciones económicas que deberán aplicar al operador de esta red.

  • Evitando la discusión Si bien la SCT publicó una consulta sobre el tema, la Secretaría autoriza la participación sólo a quien, a su total discrecionalidad, se determine tiene “interés legítimo”[1] y sea Persona Moral o representante de una Persona Moral ligada al sector de Telecomunicaciones. En paralelo para definir “el título de concesión, las bases de licitación y la convocatoria con base en modelos de negocios y corridas financieras”[2] la autoridad anuncia que ha delegado la responsabilidad en la firma Deloitte que ganó un contrato.
  • Objetivos que plantean dilemas: La Red tiene objetivos que serán medidos por su “rentabilidad social”[3] como mejorar la calidad y llegar al menos al 98% de la población y a la vez debe ser un negocio sano,  “sin necesidad de subsidios”[4], capaz de generar un retorno de inversión suficiente para sus inversionistas, hacer posibles nuevas inversiones para aumentar cobertura y mantener actualizadas sus capacidades así como generar ingresos fiscales al Estado.
  • Ante tales dilemas, al día de hoy imperan las indefiniciones. Sin reglas claras, el Concesionario gozaría de un amplio margen de discrecionalidad para el establecimiento de los precios y otras políticas comerciales que determinarán el resultado final respecto al número total de nuevos entrantes, su efecto en la calidad y los precios de los servicios y si realmente esta iniciativa desincentivaría o no la inversión por los operadores ya establecidos.

Condiciones contractuales

La trascendencia de los objetivos de la Red obligan a la autoridad a ser muy clara sobre en qué términos el operador mayorista podrá determinar o no la relación que tendrá con sus clientes vía estas condiciones.

  1. Consumos mínimos y Plazo de los contratos – Ningún operador construye su red partiendo de ver como objetivo estratégico el rentar capacidad de mayoreo a sus competidores. Hacerlo requiere hacer inversiones, que deben recuperarse ofreciendo el servicio sólo clientes mayoristas que sean rentables. La rentabilidad de estos contratos se logra estableciendo montos mínimos de facturación y plazos forzosos que deberán cubrirse por el contratante.

Es responsabilidad del regulador definir los parámetros dentro de los cuales el Operador de la Red pueda establecer consumos mínimos y plazos forzosos a sus clientes, pues esas son variables claves que afectarán tanto la rentabilidad y viabilidad del Concesionario, como la cantidad de empresas interesadas en entrar al mercado rentando la Red.

  1. Precios y Factores de productividad – El precio unitario de cada servicio provisto por la red (minutos, mensajes SMS, Megabytes) es la variable que de forma más directa influenciará el efecto de la red en el mercado.

Un precio demasiado bajo, comprometerá la permanencia del Operador de la Red y la de otros operadores establecidos que enfrentarán fuerte competencia de nuevos operadores que gozan de esos costos bajos. Un precio demasiado alto, hará menos atractiva la entrada al mercado de nuevos competidores y ayudará a mantener el estado actual de las cosas, pues la promoción de la competencia no será posible proveyendo un insumo esencial en condiciones iguales o similares a las que ofrecería un operador gozando utilidades de monopolio.

En cualquiera de los casos, el IFT deberá hacer explícita la metodología que defina los límites con los que el Operador podrá definir sus precios para la consecución de los objetivos de la Red. De la misma manera, una metodología de revisión periódica, idealmente basada en factores de productividad, deberá garantizar que tales precios mantengan su competitividad en relación a los precios de mercado.

  1. Información Financiera - El IFT mucho podrá aprender revisando la regulación de la Unión Europea sobre el tema, la cual está enfocada en “obligar a los operadores de red a rentar capacidad de sus redes a todos los proveedores de servicio a un precio justo. Donde un precio justo consiste en la inversión adecuada, el costo de operación y un retorno de inversión modesto”[5].

Los operadores entonces están obligados a proveer información financiera para que el regulador pueda evaluar si las tarifas de los servicios de red son justos. De forma que estos cálculos no sean el mecanismo para llevar al mercado posibles ineficiencias en la operación del operador, se puede hacer uso de la metodología del “operador eficiente”, la cual ha sido ampliamente discutida en el país y utilizada por COFETEL[6] para la resolución de disputas para tarifas de interconexión de la última década.

La obligación de compartir la información financiera necesaria para evaluar su nivel de precios debe quedar plasmada en el título de concesión del Operador de la Red.

  1. Plazos para metas de cobertura – El plazo constitucional establece que la Red “estará en operación antes de que concluya el año 2018”. Por el modelo publicado por SCT e IFETEL se desprende que el operador será capaz de lograr sus metas de cobertura social reinvirtiendo utilidades, por lo que no parece viable que en ese plazo se logre la meta de cobertura del 98% de la población que se ha planteado para la red[7].

Si no se espera que el Concesionario de la Red complete su cobertura para 2018, ¿cuál es el plan de expansión con el que deberá cumplir? ¿Su incumplimiento implicará penalizaciones?

La falta de plazos claros e incentivos para su logro podría incentivar al Concesionario a maximizar el tiempo dedicado sólo a los lucrativos mercados urbanos buscando retrasar en lo posible entrar a los mercados rurales que requieren más inversión y representan menos ingresos.

 

Anotaciones finales

Hay pocos o nulos antecedentes de modelos exitosos por parte de algún Estado interviniendo en un mercado previamente liberalizado de forma tan directa y con un esfuerzo de tal magnitud como la Red Compartida. Pero poco puede discutirse hoy de una iniciativa que ya es letra constitucional.

Lo menos que podemos esperar entonces es que para la Red se establezcan objetivos de política pública claros y medibles, logrados mediante acciones debidamente fundamentadas.

Aun cuando el proyecto de Red compartida reconoce que los objetivos de la infraestructura son multidimensionales, son muchas las interrogantes en los mecanismos que se implantarían para lograr tales objetivos. Por la trascendencia de los fines que se buscan, el país merece una definición clara y pública de los mecanismos regulatorios que buscarán garantizar tales beneficios. Esta es demasiada responsabilidad en manos de la autoridad que no puede simplemente descargarse a un tercero vía un proyecto de outsourcing.

 

[1] SCT. «Secretaría de Comunicaciones y Transportes.» Red Compartida. 5 de febrero de 2015. http://www.sct.gob.mx/comunicaciones/red-compartida/ (último acceso: 8 de febrero de 2015).

[2] Martínez, Ana. «SCT pagará 114 mdp por consultoría para red compartida.» El Financiero, 15 de diciembre de 2014.

[3] SCT e IFT. Modelo y uso de la banda. 2014, p 30-31

[4] SCT e IFT. Modelo y uso de la banda. 2014, p 28.

[5] Kiiski, Annukka, y Heikki Hämmäinen. «MOBILE VIRTUAL NETWORK OPERATORS: CASE FINLAND.» s.f. http://userpage.fu-berlin.de/~jmueller/its/conf/berlin04/Papers/Kiiski_paper.pdf (último acceso: 1 de febrero de 2015).

[6] COFETEL. «Consulta pública de los Modelos de Costos de servicios de interconexión fijos y móviles .» s.f. http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2012/05/Consulta-P%C3%BAblica.pdf (último acceso: 31 de enero de 2015).

[7] SCT e IFT. Modelo y uso de la banda. 2014, p 27.

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Inequidad y tecnoescepticismo

Este 20 de noviembre se publicó en español el libro del economista francés Thomas Piketty, el cual se ha convertido en el fenómeno editorial del año. Es muy raro que un libro de economía alcance el primer lugar de ventas en los Estados Unidos, pero poco sorprende el éxito de un texto que aborda la tan actual discusión sobre la inequidad económica.

Desde el título Piketty busca la provocación, pues con “El Capital en el Siglo XXI” aspira a convertirse en un economista que eventualmente sea tan relevante como Marx lo fue durante el siglo XX.

La tesis general de Piketty estipula que la acumulación de riqueza está creciendo más rápido que el total de la economía, por lo que con el tiempo, los ricos se vuelven aún más ricos y el resto de la población queda más lejos de tener un nivel de vida similar o cercano al de quienes más tienen.

De acuerdo a Piketty, este mecanismo de aumento de la inequidad es una “ley” ineludible del capitalismo y sólo se puede esperar que sus efectos sean aún más graves, a menos que todos los Estados del mundo intervengan de manera coordinada imponiendo un impuesto global a la riqueza (algo que el mismo Piketty reconoce como poco viable).

Un elemento central en la “ley” expuesta por Piketty es la idea de que  una tasa de crecimiento normal de la economía no puede ser superior a un 1.5% anual. Piketty dedica bastantes páginas para defender la idea de que un crecimiento económico superior a un 1.5% anual es una severa anomalía en la historia económica.

Y es este argumento el que encuentro más criticable en las ideas de Piketty, ¿realmente la economía está condenada a crecer a tasas bajas (menores al 1.5%) que no contribuirían a mejorar el nivel de vida de la mayoría de la población?, ¿queda descartado que el desarrollo y adopción en nuevas tecnologías generen continuos incrementos en la productividad como ha ocurrido de forma más o menos constante desde la Primera Revolución Industrial?

Piketty está convencido que no hay nada en el mundo contemporáneo, empezando por las tecnologías de la información, capaz de impulsar a la economía a crecer a más de un mediocre 1.5% anual y ofrece como sustento los argumentos  del economista Bob Gordon quien declaró en 2012 que la época de los grandes efectos en la productividad de las innovaciones tecnológicas industriales “terminó en los años setenta y no volverá otra vez”[1].

Lo que al argumento de Gordon pueda faltarle en calidad, podemos compensarlo por la  cantidad de dichos de otros economistas de alto perfil que, aún sin ser citados por Piketty, opinan en el mismos sentido: por ejemplo Robert Solow, especialista en crecimiento económico y Premio Nobel de Economia en 1987[2] famosamente declaró que “las computadoras pueden encontrarse en todos lados excepto en las estadísticas de productividad”[3] o Paul Krugman, otro Premio Nobel de Economía (2008)[4] que en 1998 declaró que “más o menos en 2005 quedaría claro que el impacto de la Internet en la economía no sería más grande que el de la máquina de fax” [5] [6]

Si bien Piketty está en lo cierto cuando afirma que el crecimiento histórico de la economía global en muy pocas ocasiones ha sido superior anual al 1.5%, resulta un ejercicio ocioso comparar la productividad económica de la edad de piedra o cualquier etapa previa al año 1750, con las etapas de alto crecimiento posteriores a la primera Revolución Industrial.

Lo que Piketty y otros tecnoescépticos pierden de vista es que la adopción generalizada de nuevas tecnologías permite que éstas se aprovechen de formas innovadoras que generen aún más nuevas tecnologías y mayor productividad. Tenemos tractores porque primero tuvimos motores de combustión interna porque primero tuvimos motores a vapor. Contar con más tecnologías nos permite que sea mucho más fácil generar innovaciones (no menos) en lo que se conoce como innovación combinatoria.

Y si algo caracteriza particularmente a las tecnologías de la información es constituir el caso más extremo de posibilidades de innovación combinatoria que ha conocido la humanidad. Hoy tenemos Netflix y Spotify en cualquier lugar porque primero tuvimos smartphones, porque primero tuvimos comunicaciones de banda ancha móviles y antes que todo ello tuvimos microprocesadores, teléfonos móviles y muchas otras innovaciones que resultaron en el poder que hoy tenemos de disfrutar el entretenimiento que deseemos donde lo deseemos.

Piketty recuerda que durante el s. xx los ciudadanos de países desarrollados mejoraron su poder de compra y estándar de vida al contar con nuevas opciones de consumo en bienes manufacturados que previamente no existían (automóviles, electrodomésticos, etc.), pero él y otros tecnoescépticos no encuentran en la posibilidad de que nuevos servicios digitales sean capaz de ampliar la frontera de producción de la economía, ofrecer nuevas opciones de consumo y finalmente mayor crecimiento económico.

Seguramente Piketty notaría que todas las suscripciones de 3G-4G y a servicios como Netflix o Spotify no representan actividad económica suficiente como para ser considerados motores del crecimiento económico y tiene razón. Donde Piketty muestra una carencia de. visión es en identificar como las mismas tecnologías que hoy han multiplicado nuestras opciones de entretenimiento, apenas comienzan a transformar la forma como recibimos servicios de salud, de educación y cómo nos relacionamos con el gobierno.

Por otro lado, no tenemos que perder de vista cuán inmaduras aún son las Tecnologías de la Información, en el sentido de que lejos de ser tecnologías “terminadas” éstas aún se encuentran en una continua transformación. Hoy el cómputo móvil habilitado por servicios en la nube es aún una novedad que no está difundida de manera generalizada y que poco  tiene que ver al cómputo centralizado de las grandes computadoras de los años setenta, sin embargo ambas tecnologías para un analista miope solo son “Tecnologías de la Información” sin diferencia entre sí.

Faltan años aún para que las tecnologías de la información converjan a una mayor estandarización y difusión de forma que su impacto a la economía sea patente. Una tecnología que hoy pareciera tan relativamente simple como el tractor, tardó más de 50 años de estar ampliamente disponible en los Estados Unidos y sólo fue hasta entonces cuando su impacto pudo comenzar a ser medido en la economía[7]. Piketty y otros tecnoescépticos aún no han experimentado las múltiples sorpresas que las tecnologías de la información deparan al crecimiento económico.

 

[1] http://www.nber.org/papers/w18315.pdf

[2] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1987/solow-bio.html

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Solow#Quotations

[4] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2008/krugman-facts.html

[5] Krugman posteriormente se retractaría del dicho – http://www.businessinsider.com/paul-krugman-bitcoin-2013-12

[6] http://web.archive.org/web/19980610100009/www.redherring.com/mag/issue55/economics.html

[7] http://conversableeconomist.blogspot.mx/2014/04/when-technology-spreads-slowly.html

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¿Cómo podría mejorar el Gobierno la gestión de sus apps?

The Sociall Intelligence Unit es un think tank dedicado a investigar temas relacionados al impacto social de las TICs y del cual soy cofundador.

En su primer estudio, el equipo de SIU, esta vez coordinado por un servidor y por Gonzalo Rojón, analizamos el estado de la labor del gobierno, en sus tres niveles, para gestionar sus iniciativas de aplicaciones móviles para smartphones (apps).

Los lanzamientos apps de gobierno, cada vez más frecuentes, son muy publicitados por las instituciones que generan esas apps y siempre bien recibidos por los medios que les dan amplia cobertura.
Haciendo un lado la estridencia de los lanzamientos, un diagnóstico sobre el ciclo de vida completo de estas iniciativas muestra apps que no son comunicadas en los sitios web y cuentas de redes sociales de las instituciones, que no reciben ningún tipo de mantenimiento luego de ser lanzadas y cuya titularidad ante las tiendas de apps queda en manos de particulares y no de las instituciones que las generaron.

Es un hecho que la existencia de malas gestiones del ciclo de vida de estos activos digitales no es condición exclusiva del Estado y que un análisis equivalente de las iniciativas de app marketing por parte de empresas privadas, con toda seguridad reflejaría las mismas carencias. Sin embargo, las apps de gobierno son iniciativas fondeadas con dinero público que pretenden atender el interés de la sociedad y por ello el análisis de su éxito o fracaso merece una mayor atención.

A continuación un resumen de las principales conclusiones del Estudio, el cual puede descargarse aquí desde la página de Facebook de SIU.

Boletín Informativo 13 de agosto de 2014


Mejores Prácticas en el Uso de Aplicaciones Móviles Gubernamentales

 

The Social Intelligence Unit (SIU), Think Tank orientado a estudiar el impacto social de la adopción de TICs, presenta su primer estudio: “Mejores Prácticas en el Uso de Aplicaciones Móviles Gubernamentales” con la finalidad de medir y evaluar cómo los diferentes niveles de gobierno gestionan el ciclo de vida de las aplicaciones móviles (apps) que generan para sus ciudadanos.

La proliferación de dispositivos móviles en general y de teléfonos inteligentes (smartphones) en particular, es una tendencia que ha sido observada por todos los niveles de gobierno.  Por su lado, las aplicaciones son el mecanismo ideal para tomar ventajas de las capacidades de los dispositivos móviles y ofrecer servicios gubernamentales de una forma moderna y eficiente.

Resulta natural entonces que cada vez con más frecuencia se anuncien este tipo de aplicaciones las cuales, sin embargo, frecuentemente no son comunicadas apropiadamente a la población o una vez lanzadas, son abandonadas casi de inmediato por las instituciones que las generaron.

El estudio “Mejores Prácticas en el Uso de Aplicaciones Móviles Gubernamentales” consiste en un censo sobre lasapps de los tres niveles de gobierno publicadas en las principales tiendas de las plataformas de smartphones y un análisis de las estrategias de gestión de vida de tales apps.

 

Entre los principales resultados del análisis se identificó que:

+ La aplicación más exitosa del Gobierno Federal se ha descargado aproximadamente en solo 1 de cada 1,000 Smartphones en el país.

+ 74% de las aplicaciones de Gobiernos Estatales no fueron subidas a las tiendas virtuales a través de cuentas institucionales. En esos casos, la Institución titular de los servicios pierde el control sobre la gestión de la app, pues la relación con los ciudadanos a través de las tiendas de apps queda en manos de entes privados (personas morales e incluso físicas) y no de la Institución.

 

Tipo de Cuenta Titular de la Aplicación Gobiernos Estatales
 Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit (2014)

 

+ Estados y municipios destacan por su mala gestión de la titularidad en las tiendas de aplicaciones: sólo 26% y 24% de las respectivas apps aparecen en cuentas institucionales en contraste con el 73%  de las de Gobierno Federal.

+ Más del 70% de las Aplicaciones del Gobierno Federal no recibieron mantenimiento mínimo para funcionar luego de la última actualización del sistema operativo iOS (usado en dispositivos móviles Apple). Es decir, una mayor parte de esas apps fueron abandonadas y difícilmente  puede esperarse que hoy sigan cumpliendo con sus objetivos de funcionalidad.

+ Se observa que la mitad de las aplicaciones fueron actualizadas hace casi un año (309 días o más), es decir, prácticamente han sido abandonadas.

 

Promedio de días desde la última actualización
 Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit (2014)

 

+ 86% de las aplicaciones de Gobiernos Estatales no fueron comunicadas en las  cuentas de redes sociales de dichos gobiernos y en las pocas donde esto sí ocurrió no se le ofreció una liga de descarga de las apps. Este mecanismo de comunicación que puede aprovecharse sin costo por las instituciones, es cada vez más relevante pues las redes sociales se encuentran entre las aplicaciones más utilizadas por usuarios de smartphones y son uno de los recursos más efectivas para comunicar estas iniciativas.

+ Los esfuerzos de comunicación en redes sociales (14% en el caso de los Estados) son marginalmente mejores a nivel Federal, donde se realizaron sólo en el 23% de los casos y en los municipios, donde ocurrieron en el 33% de las veces.

 

Menciones en red social
 Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit (2014)

 

+ De los municipios más poblados del país, sólo el 18% cuenta con alguna aplicación móvil.

 

De manera general las estrategias de manutención, comunicación y difusión de aplicaciones móviles gubernamentales, tanto en el ámbito federal como en el local, tienen importantes áreas de oportunidad lo cual explica las bajas frecuencias de adopción y consumo.

 

El documento completo puede ser consultado en:

 SIU PDF
@thesiu_
TheSocialIntelligenceUnit
Contacto de prensa: info@the-siu.net
1 Los 160  días transcurridos desde la actualización de iOS7 fueron considerados hasta el día que se concluyó el censo de las aplicaciones.

 

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Interconexión en Redes Conmutadas de Voz

Previo a los cambios en la legislación Telecom, es pertinente tomar un tiempo para revisar con perspectiva histórica la regulación y trayectoria de los costos de interconexión entre las redes de telefonía conmutada en nuestro país. Esta presentación cubre ese propósito y la he utilizado como material de soporte para impartir conferencias y clases sobre el tema.

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Resumen de Posturas en Temas Telecom

El pasado viernes 9 de agosto, el Comité de Evaluación publicó las listas de candidatos que obtuvieron las calificaciones aprobatorias más altas al examen de aspirantes a Comisionados para el que será el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Un servidor aparece en las listas mencionadas, de las cuales el Presidente Enrique Peña Nieto escogerá su propuesta que deberá ser ratificada por el Senado de la República.
Al respecto me sumo al ejercicio de transparencia y apertura que ha caracterizado a todo este proceso de selección. Para ello, he elaborado un breve resumen sobre mis posturas acerca de temas relevantes de telecomunicaciones y sus impactos en la vida nacional, que a continuación acompaño de ligas que las documentan a detalle.

Televisión Digital Terrestre (TDT)

Desde el año 2008 señalé la necesidad de adelantar el proceso de transición a la TV Digital, también conocido como “Apagón analógico”, de su fecha original programada para 2021. Si bien hoy día en su instrumentación contamos ya con una fecha más cercana (2015), esto nos deja aún muy atrás de nuestros principales socios comerciales, por lo que debemos asegurarnos que tan crítico proceso no tenga aún más retrasos.

Mayor Competencia en TV Privada y Medios Públicos

Como parte de la defensa de la necesidad de acelerar el “apagón”, he destacado cuan relevante es dicha transición a fin de contar con mayor oferta de contenidos en medios de radiodifusión. Adicional a contar con mayor competencia por parte de actores privados, indispensable desde el punto de vista de competencia económica, los medios públicos juegan un rol especial al dar espacios a más voces para promover una mayor pluralidad y representatividad, elementos indispensables desde el punto de vista del valor social de los medios.

Garantías a la libre expresión en Internet

La reciente reforma eleva a rango constitucional el derecho a los medios electrónicos y su uso irrestricto con fines de libre expresión.

He sido un defensor de estos principios durante los años, específicamente criticando la forma como se acota injustamente al principio de “Neutralidad de la red”, concepto que en sí es bastante positivo, pero cuyos defensores erróneamente tienden a limitar exclusivamente al ámbito de la infraestructura física de la red Internet.

En años venideros, los debates más importantes se darán en la capa lógica de la red (los servicios) y para ello se requiere un enfoque más general y actualizado. La Teoría de la Infraestructura reconoce esto y no ve razón para tratar de forma diferenciada ambos aspectos de la red de redes, sino que les reconoce misma relevancia.

Interconexión de Redes de Internet

Es un tema recurrente en nuestro país hablar sobre la supuesta falta de conectividad de redes de Internet y concluir erróneamente que requerimos una infraestructura dedicada para resolver este supuesto problema en la forma de un NAP (Network Access Point) o IXP (Internet eXchange Point). Peor aún, se supone que dicha infraestructura debe ser de alguna manera regulada, promovida o patrocinada por el Estado, lo cual va contra la naturaleza de Internet y las mejores prácticas internacionales.

Dediqué la mayor parte del tiempo en que forme parte del Programa de Investigación Telecom-CIDE a dicho tema, con una óptica integral de ingeniería, economía y política pública sobre el tema, pero con un marcado énfasis en reflexionar y proponer alternativas acerca de la prioridad que otros temas deben tener para el Estado:

Concluyo afirmando que soy un ferviente creyente en los beneficios de la libre competencia como mecanismo para lograr un mayor bienestar para el consumidor. A la vez reconozco que, en el corto plazo, la realidad de nuestros mercados de telecomunicaciones dista de ser la de un escenario competitivo.

Se requiere entonces de la intervención regulatoria y la reciente Reforma otorga un mandato inequívoco al nuevo regulador, así como las herramientas necesarias para lograr un escenario más favorable.

Tengo la más plena y absoluta confianza que nuestro nuevo Instituto estará conformado por profesionales a la altura de ese reto.

Atentamente

Carlos Francisco Silva Ponce de León

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Presentación sobre competencia en Telecoms

Recientemente he recibido varias solicitudes para compartir este material que usé en varios cursos y diplomados sobre Competencia y Economía de las Telecom. Si bien los datos de costos de interconexión requieren actualización, en general los conceptos son válidos hasta ahora.

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¿Es la reforma que necesitamos?

El día de hoy, el periódico Reforma publica este artículo con algunas de mis opiniones sobre la reforma constitucional.

Aquí el texto del artículo:

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Mucho puede comentarse de la recientemente aprobada Reforma Constitucional al sector de las Telecom pero destaca lo ambicioso de su alcance, especialmente después de varios años de tener que conformarnos no con las reformas que queremos sino con aquellas que han sido “posibles”.

Aún falta el que puede ser un tortuoso proceso de ratificación en el Senado, así como la delicada modificación y reglamentación de Leyes secundarias, pero al día de hoy podemos comentar que la Reforma:

Fomenta la inversión: al flexibilizar los límites al capital extranjero en telefonía fija y televisión abierta, lo que facilitará la entrada de potenciales nuevos competidores.

Fomenta la competencia: al permitir que empresas existentes entren a mercados donde hoy no compiten, lo que se logra removiendo restricciones e imponiendo controles a empresas dominantes para evitar que abusen de su poder de mercado (vía mecanismos conocidos por tecnicismos como “must carry”, “must offer”, “desagregación de red local” y otros). Algunos analistas han calificado erróneamente a varias disposiciones asociadas a los costos que deberán enfrentar algunos jugadores cómo “discriminatorias”, olvidando que la necesidad de imponer controles a empresas con poder sustancial de mercado se da en función de una meta clave de la regulación: proteger la existencia de un mercado competitivo.

Simplifica la operación del sector: ya que para el menor de los trámites la industria debe recurrir al menos a dos autoridades (SCT y Cofetel) que frecuentemente se encuentran en disputa y ofreciendo criterios contradictorios. Con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se concentran en una sola entidad las facultades de regulación.

Crea un regulador “con dientes”: con la creación del Instituto esperaremos no volver a escuchar la recurrente respuesta de las autoridades ante las quejas de los usuarios: “desafortunadamente no tenemos facultades para actuar en esos casos”. El Instituto tendrá capacidad para imponer multas e incluso retirar concesiones a las empresas que violen la regulación vigente.

Establece metas: Porque en un sector con tantas autoridades la constante ha sido una regulación errante sin la guía de un claro diseño de Política Pública. Cobertura de banda ancha, regulación de contenidos y tiempos comerciales en TV, calidad de servicios, migrar a TV digital son varios temas donde la Reforma define claramente metas y responsables.

Sus efectos no serán inmediatos: Al ser una verdadera reforma estructural, sus efectos serán de mediano y largo plazo y no podrán esperarse cambios inmediatos en la estructura de mercado, ni en la variedad o precios de los servicios.

Es una reforma inusual: que pareciera “matar moscas a cañonazos” llevando al texto constitucional minucias técnicas que pertenecerían a documentos de menor jerarquía como programas sectoriales o planes técnicos. “70% de los hogares y 85% de las PyMEs deberán contar con banda ancha”, “se asignarán 90 Mhz en la banda de 700Mhz a la red de Telecomunicaciones de México”.

Tales detalles, totalmente fuera de lugar en una Carta Magna, al ser plasmados ahí quedan “blindados” ante eventuales recursos legales (amparos y otros) que han dado tan mala fama al sector Telecom pero también se “blindan” ante la necesidad de ser actualizados frente al cambio tecnológico.

Es un espejo de las instituciones del Estado: Es significativo que para reformar al sector más dinámico de la economía se tenga que pasar por reformar el instrumento legal que en cualquier democracia moderna debería ser el más estático y menos afectado por el cambio tecnológico: la Constitución.

Los mismos trucos que hoy “blindan” a esta Reforma son los mismos que se necesitarán dentro de pocos años cuando necesitemos llegar al 80% de los hogares y al 95% de las PyMES y la Red de Telecom de México requiera 90MHz más de espectro. Probablemente las prioridades legislativas no estarán apuntando al sector cuando esto se requiera.

Estamos entonces cerca de tener una muy necesaria Reforma a las Telecom y muy pronto, merecidamente, enfrentaremos también los retos que nos plantea el no reformar las arcaicas instituciones que sustentan a nuestro Estado.

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Internet no es tan distinto

Internet no es muy distinto de otras infraestructuras tradicionales y reconocerlo es una de las mejores formas de defender a la Red.

Las autopistas anteriores a la autopista de la información

Una carretera, como infraestructura física que facilita el transporte, es un habilitador de infinidad de actividades económicas que generan riqueza, tanto a los actores privados que participen de la actividad así como a terceros que pueden recibir beneficios indirectos (“derramas” usando la terminología económica) en la forma de mejores precios, el acceso a nuevas opciones de consumo, o la generación de empleo, entre muchas otras.

Pero las carreteras también hacen posibles otros beneficios sociales que, al no tener relación directa con la actividad económica, no pueden ser capturados con un simple análisis de impacto productivo: una carretera puede permitir a cualquier persona visitar con más frecuencia a sus amigos y familiares en otras ciudades, así como tener acceso a servicios educativos. culturales, recreativos o de salud a los que no tendría acceso acceso en su población natal.

El valor económico y social de la infraestructura es tal que la primera meta de política pública, respecto a cualquier tipo de infraestructura, es garantizar el acceso de forma no discriminatorio a toda persona o institución que requiera su uso.

Es por ello también que una carretera es un activo que cuenta con la mayor protección por parte del Estado: atentar contra tal infraestructura física es un delito del fuero federal y aún cuando la construcción y operación de ésta puede estar concesionada a particulares, el Estado mantiene una fuerte labor de supervisión y vigilancia para la protección de la misma.

Garantizar el acceso, sin embargo, no es sinónimo de gratuidad, ni limita la posibilidad de implantar medidas que contribuyan a la viabilidad económica de la infraestructura. En ese sentido, la existencia de autopistas de cuota no va en contra de la posibilidad de acceso irrestricto y no discriminatorio. El principio de no discriminación se mantiene al no existir cobros diferenciados entre el automóvil que transporta a viajeros de negocios, del que transporta a vacacionistas y a éstos del que transporta estudiantes; todos los automóviles pagan la misma cuota.

La existencia de tarifas diferenciadas para automóviles, autobuses y vehículos de carga refiere a una necesidad de cubrir los costos de la infraestructura de manera equitativa (el desgaste generado por un camión de carga de tres ejes es mayor al que genera un auto compacto), pero de nuevo, si un autobús transporta maíz o transporta metales preciosos, esto no es un criterio para el pago de tarifas distintas o para restringir el acceso de cualquier forma.

Internet es una infraestructura como cualquier otra y partiendo de reconocer ese status es más fácil el análisis respecto a debates recientes sobre la Red en México.

La Ley Bueno Torio-Castellón-Tentri

En Abril de 2012 los Senadores Fernando Tentri, Javier Castellón (quien posteriormente lo negaría via Twitter) y Juan Bueno Torio presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que otorgaba a los operadores “plena libertad de ofrecer diversas calidades del servicio, de ancho de banda y de contenidos o de cualquier otro valor agregado” siempre y cuando el operador en cuestión diera a conocer de forma explícita “cualquier práctica de restricción al tráfico, por causa de contenido, del tipo de protocolo, por la aplicación utilizada, por el ancho de banda, así como de toda administración del tráfico que censure, impida, desvíe, de prioridad o retrase su velocidad, en función del origen o destino de la comunicación”.

Abusando del cliché que confunde a la transparencia como un objetivo en sí mismo y no como la herramienta de política pública que es, la iniciativa propuesta por los tres senadores mencionados contraviene principios esenciales de toda infraestructura pues:

1. Ve en la “transparencia” un mecanismo que pretender reemplazar la obligación del Estado de vigilar y garantizar el acceso no discriminatorio a la infraestructura.
2. Otorga a privados facultades para la gestión de la infraestructura digital, cuando los símiles del mundo físico de tales facultades son exclusivos del Estado.

Por más calificativos políticamente correctos que se agreguen (en este caso, la tan manipulada “transparencia”), el degradar selectivamente el acceso a la red hidráulica, eléctrica, de drenaje o a la red carretera es abiertamente una burla y una contradicción a la naturaleza de cualquier infraestructura. En ese sentido, Internet no es distinto.

La firma del tratado ACTA por parte del Ejecutivo Federal

Mucha discusión y activismo en su contra ha generado el Tratado ACTA que pretende establecer mecanismos legales para facilitar la prosecución de delitos relacionados a violaciones al derecho de autor.

No es necesario profundizar en las propiedades inherentes a Internet y tecnología para llegar a una conclusión sobre el posible impacto de la implantación de un instrumento como ACTA y los derivados de este tratado.

Usando de nuevo el símil de la carretera: un automóvil paga la misma cuota en una autopista así transporte turistas, hombres de negocios, estudiantes, narcóticos, cadáveres o personas secuestradas. El cobro se lleva a cabo por el uso de la infraestructura y no en función del fin de tal uso. Igual de importante, el uso ilícito por parte de algunos usuarios no es pretexto para imponer restricciones o mecanismos de control al nivel de todo el sistema. Ni todo el perjuicio social y económico causado por el narcotráfico es justificación para imponer controles o restricciones ex-ante en todo el sistema carretero y a todos los usuarios del mismo.

Todo el perjuicio que se pueda causar a una sola industria (la que sea), debe ser perseguido criminalmente. Personalmente celebro la detención de Kim “Dotcom”, fundador de Megaupload, de quien hay elementos sólidos para sospechar que operaba su servicio con la única intención de lucrar facilitando las descargas de contenidos protegidos por derechos de autor.

Si Kim Dotcom es encontrado culpable, sin embargo, este hecho no puede servir de precedente o justificación para imponer controles en la actividad de todos los usuarios de Internet como ACTA pretende.

Tales controles policiales ex-ante no existen para ningún otro tipo de infraestructura por dos razones sencillas: la infraestructura es un insumo de uso general tanto para empresas de todas las industrias como para la población en general. Es altamente probable, y casi una certeza, que el impacto económico negativo que el uso de una infraestructura genere en una industria en particular, sea despreciable comparado contra el impacto de limitar el uso de dicha infraestructura para TODAS las industrias.

El análisis económico ya parece dar una razón rotunda para el rechazo de instrumentos como ACTA, pero la segunda razón es aún más severa: toda infraestructura tiene usos en el ámbito social cuyos beneficios no son medibles económicamente. Los beneficios que Internet puede traer (con todo y sus negativos de la mano en forma de contenidos fraudalentos, spam y otros) en la forma de mayor y mejor acceso a información, de un incremento de la discusión sobre temas públicos y de facilitar la comunicación entre personas, entre muchos otros, no pueden cuantificarse.

El reconocer tales beneficios y la imposibilidad someterlos a un simple análisis de costo-beneficio, es el fundamento para buscar facilitar, no controlar, el acceso a más usuarios a la infraestructura. Por ello no se requiere solicitar permiso especial cada vez que se usa una carretera, ni se debe informar la naturaleza de las llamadas a una compañía telefónica y no es requisito indicar los equipos que se conectarán a la red al solicitar el servicio eléctrico para un hogar.

En conclusión, el análisis de ACTA desde el punto de vista de la protección de Internet como a cualquier otra infraestructura, lleva al rechazo categórico e inequívoco al tratado.

Encuentre las diferencias

Analizados los dos casos anteriores cabe preguntarse cuáles, si es que existen, son las diferencias sustanciales de este enfoque respecto a la llamada “Neutralidad de la Red” que busca, basado en un principio de diseño técnico, definir características consideradas esenciales para mantener Internet como una red abierta a la innovación y al libre intercambio de ideas.

Como he expuesto en ocasiones previas, no existe ningún inconveniente en sí mismo en el postulado de la “Neutralidad”, excepto que al centrarse exclusivamente en el respeto al núcleo de la Internet (la infraestructura para la transmisión de información sin importar la naturaleza de ésta, justo como debe hacer cualquier infraestructura), en la práctica la neutralidad puede usarse como en pretexto para voltear a otro lado cuando ocurren abusos en los servicios que la Red habilita.

Es una exageración decir que la llamada “Primavera Árabe” se debe sólo a la existencia de Twitter y Facebook, pero más difícil habría sido que tal fenómeno se hubiera dado sin la posibilidad que esas redes sociales ofrecen para ser un insumo para actividades comerciales así como facilitar la expresión de ideas y la participación ciudadana (como ocurre con cualquier otra infraestructura).

Por otro lado, tan indeseables deben considerarse iniciativas como la Ley Torio-Castellón-Tentri o el tratado ACTA y otros similares como también son las supuestos prácticas anticompetitivas por parte de operadores de buscadores de Internet, por mostrar un ejemplo.

Conforme la difusión de servicios de Internet aumente, tanto la infraestructura física (la Red) como los servicios ofrecidos en ella, serán infraestructura cada vez más crítica para la actividad económica y para la sociedad. Siendo ambas infraestructuras, deben ser ambas analizadas como tales, sin ser sujetas a análisis igual de discriminatorios que los propuestos por ACTA y otros instrumentos indeseables.

Carlos Silva Ponce de León – Las opiniones del autor son propias y no reflejan ninguna postura de las instituciones con las que está afiliado.
@csilvanet

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De nuevo el NAP

Con las siglas alternas “IXP” (Inter eXchange Point) que se refieren a la misma infraestructura también conocida como “NAP” (Network Access Point), recientemente revivió en México la idea de que el Estado sea promotor de tal infraestructura.

Durante años he cuestionado la lógica de que tal iniciativa tenga que ser originada por el Estado y mucho menos usando recursos públicos escasos que se requieren en múltiples otras iniciativas como construir redes en áreas rurales, pues en ningún lugar del mundo las redes llegan a tales áreas sin la intervención (directa o indirecta) del Estado.

CNNExpansión me entrevistó sobre el tema:

¿Y es necesario un IXP?

En México no se ha instalado un IXP porque no se necesita, destaca Carlos Silva Ponce de León, analista independiente y ex investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicos (CIDE).

El experto realizó un estudio sobre el tema en 2003 y entonces consideró que no existía una prioridad para instalar un punto de interconexión de Internet en México, y su postura no se ha modificado desde entonces.

“Bestel y Telmex, empresas que se odian a muerte en interconexión telefónica, cuentan con convenios en Internet. ¿Dónde está el problema?”, expresó el analista.

Carlos Silva también cuestionó que el Gobierno sea el impulsor del proyecto cuando en ningún país del mundo, salvo Cuba, sucede algo similar.
“Estos proyectos son impulsados por la iniciativa privada en todo el mundo”, comentó.

Aunque consideró que si bien el costo tampoco es significativo en relación al gasto del Gobierno, se deben atacar otras prioridades como la extensión de la red de fibra óptica o la entrada de inversión extranjera para impulsar al sector.

La iniciativa nace a partir de las recomendaciones que la OCDE hizo en su estudio “Review of Telecommunications Policy and Regulation in Mexico”. Debo aclarar que el estudio en su mayoría es uno que se trabajó con bastante seriedad. Fue lamentable que en nuestro país fuera descalificado a priori y con argumentos muy endebles (la OCDE publicó una respuesta a todas esas críticas).

Adoptar de una vez todas las recomendaciones de la OCDE no sería una solución mágica a todos los problemas de las telecomunicaciones de nuestro país, ni mucho menos algo que sea lógico esperar implementar de forma inmediata (por ejemplo, en el limitado tiempo que le queda a la actual administración federal).
Si algo se le puede criticar de manera general al reporte de la OCDE es de decir pocas novedades de fondo. Los problemas ya son de antaño conocidos. Pero comparar nuestra infraestructura con la de aquellas naciones que tienen el nivel de desarrollo al que México aspira, es un ejercicio necesario que debe hacerse de recurrente. En ese sentido, descartar el valor del reporte como una herramienta para el diagnóstico y guía para el diseño de una nueva política pública para el sector es un error gravísimo.

Por otro lado, el debate que nos sigue quedando como tarea pendiente a nivel nacional, es el del detalle de los cómos y cuándos, particularmente a la luz del apresurado plan de 10 acciones que la SCT anunció como respuesta durante el mismo evento de presentación del estudio. Ahí particularmente llama la atención una acción específica que SCT consideró crítica aún cuando el reporte de la OCDE, si bien la menciona en el cuerpo del documento, no la incluye en su lista de recomendaciones finales.

En el apartado “Acceso de banda ancha” la OCDE menciona que “El gobierno deberá estimular a los ISP para que establezcan un punto de interconexión de internet” (OCDE, 2012, pág. 37). En función de ello, el plan de 10 acciones de SCT define: “La novena acción contempla instalar un punto de interconexión a internet o IXP, el primero en México, a fin de facilitar el intercambio de tráfico con la red mundial de la información, de una manera más rápida, eficiente y económica.” (SCT, 2012).

La propuesta de contar con un IXP (Inter eXchange Point) o NAP (Network Access Point) de Internet en México no es para nada reciente y tiene su fundamente en infinidades de beneficios que tal infraestructura podría proveer. De acuerdo a la OCDE un IXP “… permite el intercambio de tráfico en un solo punto, reduce los costos de tránsito, elimina los costos de transporte transfronterizo y genera incentivos para crear contenido nacional.” Por su parte la SCT atribuye a la eventual instalación de un IXP el poder facilitar “el intercambio de tráfico de internet, haciendo la transacción (sic) más rápida, eficiente y barata” pues “en estos puntos convergen muchas redes, lo que permite que, cuando una red se conecta con un solo IXP, puede acceder a todas las redes que llegan al mismo sitio” (SCT, 2012).

La OCDE en su reporte llama la atención sobre el hecho de que México es una de muy pocas naciones que no con este tipo de infraestructura es correcta. Somos de hecho el único país miembro de la OCDE y también uno de los pocos países en Latinoamérica en esa situación (Silva Ponce de León, 2005, págs. 380-381). La OCDE apunta correctamente que los IXPs han surgido de esfuerzos de cooperación (faltaría aclarar que de la industria) e insta al Estado a promover la creación de uno en el país.

Bajo esta óptica, instalar un IXP parecería una prioridad que el Estado debería promover ante la miopía de la industria y de la misma administración pública. Una vez que los proveedores de Internet dependen de infraestructura en el extranjero para hacer que sus redes estén interconectadas, es claro que incurren en ineficiencias que les generarían altos costos que tendrían que trasladar a sus usuarios.

Y hasta aquí, en papel, no se puede más que estar de acuerdo con el planteamiento de SCT de buscar con urgencia el contar con tal infraestructura, excepto por el hecho de que el diagnóstico del que se parte es incorrecto y la capacidad de impactar positivamente el desarrollo de la Red en México es mínima comparada con otros problemas que se deben atender y potencialmente nula.

En específico, construir un IXP poco puede hacer para aliviar el problema de una infraestructura limitada y poco asequible para el común de los mexicanos una vez que:

  • Las redes que conectar a México con el resto del mundo ya se encuentran interconectadas.
  • La existencia de tal infraestructura no cambia en mucho la disposición que los distintos proveedores puedan tener para interconectarse.
  • Los proveedores de Internet pequeños, el pretendido foco de atención de un IXP, poco acceso real podrían tener a un punto concentrador (o incluso varios) que se instalaran para ello.
  • Sin restar valor a la totalidad del documento de la OCDE, que es una revisión robusta y bien documentada a las diferentes carencias en infraestructura de telecomunicaciones de nuestro país, el análisis que hace sobre la necesidad de contar con un IXP es erróneo.

    Erróneo al detectar un problema que no existe, de nueva cuenta como multiplicidad de actores lo han hecho en el pasado, pues las grandes redes dorsales de Internet de las que dependen la gran mayoría de los usuarios de nuestro país YA están interconectadas, simplemente porque les conviene económicamente y los incentivos son tales que no se ha requerido intervención del Estado y ni las disputas que las empresas involucradas tienen en otro tema llegan a ser obstáculo suficiente.

    Y erróneo al prescribir una receta sin sentido y sin sustento en la evidencia internacional, pues como comento en la nota donde me cita CNNExpansión, el único país del mundo donde se crearon NAPs “por decreto” del Estado es Cuba. Difícilmente un modelo de desarrollo al que nuestra nación quiera aspirar.

    En resumen, es realmente preocupante el pobre análisis que las autoridades realizaron para incluir la construcción de un IXP como una prioridad para el país y la excesiva confianza que tienen tal acción como generadora de impactos positivos para la difusión del uso de Internet

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    Are Internet NAP’s relevant for Latin America?

    Ante la recurrente necesidad de discutir este tema, creí conveniente rescatar este artículo que escribí en el remoto año de 2002 para la ahora extinta revista Latincom sobre la necesidad de contar con NAPs / IXPs en Latinoamérica.

    Muchas de las ideas que se exponen parecen ser desconocidas para infinidad de “expertos” sobre el tema.

    Are Internet NAP’s relevant for Latin America?

    When Bill Clinton decided it was time for the Internet to be opened up for commercial use, the US government was still funding the NSFNet, “The Backbone” that interconnected all participating networks in just one single Internet.

    A new market was going to be born, where any operator could invest on Internet infrastructure. Still, a new technical mechanism was needed to replace the NSFNet’s integrating role so all networks could remain interconnected with each other, without relying on the infrastructure of a single monopolistic provider.

    The US government favoured a model of telecommunications hubs. Operators made bids to build and operate one of the four NAP’s (Network Access Points) that were established on Washington DC, New York, California and Chicago making possible for all networks to remain interconnected.

    By 1997, it was obvious that just four points were not enough to cope with the increasing complexity of interconnecting more and bigger networks. Complains about NAP congestion were a common place and new business perspectives questioned the “interconnect to everyone” proposition; in particular, some large companies (MCI the most notorious example) considered that treating significantly smaller networks as “peers” was equivalent to actually subsidising competitors.

    In a market completely free of government intervention, some companies were created with the sole purpose of profiting by solving the Internet’s interconnection issues. Some of them were dedicated to provide simultaneous connection to multiple networks ( “bandwidth aggregation services”), others created “private” NAP’s (by 1997 were around 80 NAPs in the world) and some other created overlaid networks for fast distribution of content.

    But more relevant, most carriers decided to interconnect their networks in mutually agreed private interconnection points that used their own facilities, avoiding reliance on third parties. These private agreements have severely diminished the real importance of the four original public NAP’s and of the aforementioned companies that had to survive from other revenue sources like access, collocation or managed services. .

    Most articles dedicated to the history of the Internet, however, ignore these facts and stop at the deployment of the four original NAP’s. Maybe that’s the cause of the strange relevance that some media in Latin America give to every NAP-related announcement.

    Back in 2001 the Secretary of Communications and Transport of Mexico published its Sector Plan for the 2001-2006 period with an emphasis on extending the reach and quality of government services by providing Internet access in rural areas. The e-México project, also considered “the construction of a NAP that will allow the exchange of data traffic among operators, making access to the contents of the e-Mexico System more efficient”.

    This brief announcement was the basis for at least five publications to celebrate the decision as “the end of the absolute dependence on US facilities for the exchange of national traffic”. Some analyst preached the benefits in terms of “improved performance and reduced costs to end users” and condemned the cartel of the three major carriers in the country that benefited from the use of the infrastructure of their US partners by refusing to interconnect in Mexico.

    None of those publications meant to question the members of the “cartel” on the subject. If they would have done so, their conclusions would had been quite different: no benefit outside “making access to the contents of the e-Mexico System more efficient” it would be attributable to the e-México NAP since the operators had agreed long time ago to exchange traffic within Mexico using private peering points.

    A lot of press attention has also been devoted to the so called “NAP of the Americas” owned and operated by Terremark Worldwide Inc and promoted as “the fifth NAP in the world”. Beyond the names, a NAP is as important as the traffic that flows through it and the “NAP of the Americas” with an impressive list of customers, lacks any carrier from the second largest market in the region (Mexico). Terremark is also partner in the “NAP de Madrid” in which Telefónica de España does not participate in; and the “NAP do Brasil”, that was created for ISP’s to avoid “relying on Embratel” (the largest fixed operator in the country).

    If there is a company that could symbolically claim that operates “The Fifth NAP” that could be MFS (now part of MCI), the winner of one of the original four NAP’s that after building the MAE West (Metropolitan Area Exchange) in Washington, by its own initiative decided to create a similar “twin” site on the East Cost (the MAE East). Certainly Terremark it is a company with a valid business model that is using a trademark that legally owns. Still, no single company is in a position to claim that its facilities are the ones on which Internet access for all Latin-Americans relies upon. Claiming that the “NAP of the Americas” is the “Internet gateway for Latin America” is, in the best case, just questionable.

    As a final thought, it should be expected that the debate on Internet interconnection will increase on the following years on Latin America. Smaller operator still think that they should be given the right for “no-cost”, “bill and keep” peering with large competitors. And, besides to what the OECD thinks is fair, few operators are happy about paying 100% of the dedicated lines necessary to interconnect to backbones in the US, given the fact that US operators use the same lines to terminate outbound traffic for their own paying customers.

    The increasing importance of the Internet in general, will also push local governments to reconsider their position from a hands-off approach to regulate for the benefit of the general public. However, in all cases, do not expect to see a lot of NAP’s as part of the proposed solutions.

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