La noticia de que Felipe Calderón adelantará la transición a la TV Digital Terrestre (vía el “apagón digital”) fue sorpresiva, incluso para un servidor que apenas dos días antes era citado en el diario Reforma haciendo un llamado para ello.

Mucho se ha comentado en medios electrónicos e impresos, aún, es importante destacar estos puntos que aún han sido poco o nada mencionados en la discusión del tema:

México no es el primer país que adelanta el “apagón”

La TDT es un asunto de política de Estado que ha sido considerado indispensable para la competitividad tecnológica de las naciones.

Un ejemplo es España, que en el año 2005 derogó su decreto de TV digital de 1998 para adelantar el proceso de migración TDT ubicando la fecha de cese de transmisiones analógicas al 3 de abril del 2010[1] (aún cuando sus compromisos con la Unión Europea le permitían hacerlo hasta 2012).

La migración no debe de implicar sólo erogaciones para el Estado

E incluso puede ser un proyecto que genere importantes ingresos fiscales.

Cuando después de dos guerras (Irán  y Afganistán) y un fuerte estímulo fiscal para salir de la recesión de 2001, el gobierno de George W Bush necesitaba rebalancear el déficit fiscal de los Estados Unidos, miró al proceso de migración a la TDT como fuente de nuevos ingresos fiscales.

La definición de la fecha definitiva para la migración a la TDT en Estados Unidos, curiosamente se fijo dentro del Acta de Reducción del Déficit de 2005. Si bien se plantea que los ingresos generados por las subastas de espector liberado se usarían en parte para subsidiar a los consumidores en la transición, se establece también que para septiembre del 2009 se deberá transferir un remanente de al menos $7,363 millones de dólares al Estado.

No sólo se liberará espectro para usos privados

Estados Unidos prové un ejemplo al considerar un uso específico para el Estado para una porción del Espectro liberado.

En ese país, como resultado de la transición, se dedicó el espectro ocupado por los canales 63, 64, 68 y 69 para usos relacionados a Seguridad Pública[2] a partir del mandado establecido en la Acta de Reforma de Inteligencia y Prevención de Terrorismo de 2005[3].

Es un error considerar tabú el uso del espectro en usos adicionales a la TV

Siempre y cuando se establezcan reglas claras y se respete el uso del espectro para mantener al menos un canal de TV abierto, el uso del espectro para servicios de paga es también considerado en Estados Unidos.

La FCC estableció que los operadores de TV podrán usar el espectro de acuerdo a su “mejor criterio de negocios”, incluyendo su explotación para servicios que generen ingresos por suscripciones, siempre y cuando:

• Mantengan la transmisión de al menos un canal de SDTV de forma gratuita[4].
• Paguen una contraprestación equivalente a 5% de sus ingresos por estos servicios[5].

En España, desde 2004 se consideró que:

• La explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas están sometidas a los requisitos y a las condiciones establecidas en la Ley General de Telecomunicaciones.
• En la prestación de los servicios adicionales de datos podrá destinarse hasta un 20 % de la capacidad transmisión digital del canal múltiple, siempre y cuando se asegure una calidad de servicio satisfactoria.

La migración a la TV Digital es un gran paso, pero…

Se requieren más acciones para contar con más competencia en el mercado de TV abierta.

Diversos actores han expresado su interés en contar con un canal de TV abierta a nivel nacional. Más allá de las expresiones de interés es no hay mejor señal de ello que la gran cantidad de periódicos, cadenas de radio y otros grupos empresariales por haber iniciado operaciones de canales de TV restringida (en cable o TV satelital).

Por otro lado, en función del gran interés de múltiples actores nacionales para operar canales de TV, no hay razón para que la restricción de inversión extranjera en este tipo de servicios continúe teniendo sentido. Al haber 4, 5 ó 6 cadenas nacionales privadas e infinidad de canales públicos (11, 22 y los que vengan como resultado de la migración), es risible pensar que sacrificamos soberanía al permitir la entrada de 1 o 2 cadenas extranjeras.

La TV Digital terrestre no se trata sólo sobre mejor audio y video

La característica más relevante de la TDT es que usa más eficientemente el espectro radioeléctrico para ofrecer:

1. Transmitir en los 6Mhz que hoy ocupa un canal analógico, hasta 4 canales digitales con la misma calidad de audio y video (Standard Definition TV) pero con mejor tolerancia a la interferencia.

1. Transmitir menos canales SDTV  y dedicar el ancho de banda restante (de 1.5 a 4.5 MHz) a servicios de TV interactiva o de telecomunicaciones.
2. Transmitir menos canales, pero con calidad superior a SDTV hasta un solo canal con calidad de Alta Definición.
3. Liberar espectro para permitir la coexistencia de más canales VHF ó UHF al no ser requeridos “espacios en blanco” entre canales (el canal 3 como separación del 2 y el 4 en VHF, o los canales 23 a 27 para separar el 22 del 28).
4. Liberar espectro de UHF para servicios de telecomunicaciones como telefonía móvil, internet de banda ancha o TV para teléfonos móviles.

---

[1] Real Decreto del 29 de julio de 2005 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27006-27014.pdf

[2] The Benton Foundaiton. Summary of The Digital Television Transition and Public Safety Act of 2005. Pág 2. Disponible en: http://www.benton.org/benton_files/dtvbillsummary.pdf

[3] Idem 4, pág 5.

[4] FCC. Digital Television Frequently Asked Questions. Disponible en: http://www.fcc.gov/mb/policy/dtv/

[5] OEA – CITEL. Digital Terrestrial Television Broadcasting Implementation Guide. Disponible en: http://www.citel.oas.org/ccp2-radio/TV%20Digital/P2!R-0811p1r2_i.pdf

El día de hoy, el suplemento Enfoque del periódico Reforma publica una “Agenda de fin de sexenio” donde 10 especialistas como María Amparo Casar, Emilio Alvarez Icaza y Santiago Levy, entre otros, sugieren una idea que el gobierno de Felipe Calderón podría ejecutar durante los dos años que quedan a su sexenio.

Reproduzco el texto de mi propuesta para el sector de Telecomunicaciones la cual tuvo que ser editada por razones de espacio en el periódico:

Cientos de miles de mexicanos durante el mes de julio hicieron más que lo que el Gobierno Federal ha hecho en décadas para contribuir a una oferta más plural y democrática de medios de comunicación electrónicos y de paso ayudar a reducir la brecha digital en beneficio de la competitividad del país. ¿Qué hicieron estos ciudadanos?, pues compraron un televisor nuevo para poder disfrutar mejor del Mundial en Sudáfrica y con ello ayudaron a acelerar la adopción de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Vía sus modernas “teles nuevas para el Mundial” muchos mexicanos disfrutaron del evento en alta definición con una simple antena área y sin necesidad de contar con una suscripción de TV satelital o por cable, en una experiencia muy superior a la de la TV tradicional, la cual es una tecnología con más de 50 años de antigüedad.

Pero la TDT ofrece además beneficios sociales que van mucho más allá del disfrute individual que como medio de entretenimiento pueda ofrecer. El día que todos los televisores del país sean digitales, será técnicamente posible otorgar nuevas concesiones (explotación de canales de TV con fines comerciales) y permisos (uso de canales con fines sociales) para que el ciudadano promedio cuente con una oferta más plural de contenidos. No sólo eso, al ser la TDT una tecnología más moderna y eficiente, permite se libere espectro radioeléctrico para su uso en redes de banda ancha inalámbricas de las cuales también está bastante necesitado nuestro país

Ya sea por miopía o negligencia, nuestro país definió como política pública la migración a la TDT para el año 2021. Tal migración ya ocurrió en Estados Unidos durante 2009 y en España y otros países europeos ocurrió este año. Brasil lo tiene programado para 2016.

Felipe Calderón tiene en su manos la posibilidad acelerar este proceso y brindar del goce de sus beneficio a todo el país o convertirnos en un basurero electrónico mediante la importación de televisores que en todo el mundo ya comienzan a ser obsoletos.

Específicamente se pueden emprender como acciones:

1. La prohibición de la importación y venta de televisores que no cumplan con la norma de Televisión Digital Terrestre emitida por el Ejecutivo desde el año 2001. De forma que el proceso de migración se acelere simplemente dejando actuar la recurrente demanda natural por nuevos televisores.
2. La SCT, dado su nuevo nexo con el regulador Cofetel y en coordinación con ésta, debe iniciar ya los estudios de factibilidad para determinar la cantidad de espectro dedicado a:
   1. Nuevos canales de Televisión
   2. Nuevos servicios de telecomunicaciones como acceso de banda ancha móvil, fijo y
   3. Nuevos servicios basados en suscripción como TV por microondas o TV en dispositivos móviles
   4. La cantidad de nuevos canales de televisión disponible para ser licitados y permitir la entrada no solo de una tercera sino de una cuarta, quinta o sexta cadena televisiva a nivel nacional
3. La SCT de la misma manera puede empezar un proceso de consulta pública para determinar
   1. La cantidad de canales dedicados a permisos para la operación de canales con un interés social
   2. Iniciar el otorgamiento de permisos a aquellos canales que tienen este fin y que hoy sólo cuentan con difusión por TV por cable (del Congreso, Judicial, TVUNAM, etc.)
4. En función de ello, el Ejecutivo podría definir antes del final de este sexenio un calendario para la asignación del espectro liberado  e incluso comenzar a licitarlo. En otros países (Estados Unidos) esto permitió el financiamiento de subsidios para permitir a usuarios de bajos recursos el acceso a canales de TV abierta incluso cuando no tenían posibilidad económica de cambiar sus televisores.

En nuestro país, el hecho de que nuestros principales socios comerciales ya hayan migrado a la TDT junto con el gran apetito que existe por contenidos televisivos juegan a nuestro favor para poder acelerar el proceso de forma menos costosa para el erario. Sólo se requiere un mínimo de interés por parte del Ejecutivo para poder hacer una acción de altísimo impacto y trascendencia mucho más allá de la coyuntura de este sexenio.

Reforma el día de hoy me cita sobre la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de recuperar los 190 megahertz (MHz) que tiene MVS en las bandas de 2.5 y 2.7 gigahertz (GHz):

“Es un paso positivo en la política pública que el Estado sea más asertivo en asignar el espectro a aquellas empresas que verdaderamente tengan planes para explotarlo y retirarlo a aquellas que no le hayan dado mayor uso”, comentó Carlos Silva, analista del sector.

El resto de la nota lamenta que a pesar de lo anterior, tal espectro difícilmente estará disponible en el corto plazo. Esto es lamentable, si bien con una perspectiva más amplia soy un poco escéptico sobre el impacto total que tal espectro tendría en la penetración de banda ancha para el país.

Reasignado ese espectro sería posible reutilizarlo para tecnologías de acceso inalámbrico fijo (en ninguna parte del mundo están probados despliegues de buena escala para acceso móvil en esa banda), siendo
una de ellas WiMax.

Sin embargo, no hay que perder de vista que la contribución del acceso inalámbrico fijo a la teledensidad fija en todo el mundo es muy marginal, siendo el acceso alámbrico (sea par de cobre, coaxial de cableros o fibra) la verdadera ruta con la que las economías desarrolladas han logrado incrementos en productividad de sus economías.

El espectro puede tener un rol social interesante para llevar el acceso a comunidades suburbanas pero, sin detrimento del mérito que tiene la acción del gobierno, no es algo que vaya a transformar el panorama de las telecomuniaciones de México.

El Universal me citó ayer en una oportuna nota sobre la lenta muerte de la Larga Distancia en México (lenta respecto a cuán rápido el cobro de ese servicio ha desaparecido en otros lugares del mundo):

Carlos Silva, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), dijo que la tendencia global es que la larga distancia no sea un servicio en sí mismo, sino un insumo para otros servicios. Para lograrlo, es necesario que se eliminen las barreras artificiales que se han impuesto, como la restricción a que otros operadores compitan en ciertas áreas de servicio.

La nota hace referencia a la pretendida y previamente abortada intención de COFETEL de fusionar varias áreas de servicio local para eliminar entre ellas los cobros de Larga Distancia.

COFETEL desde su fundación y desde el inicio de la competencia en telecoms en nuestro país, repetidamente ha realizado procesos similares que son una mejora marginal para el grueso de los usuarios y la industria, pero de altísimo impacto para el desarrollo económico y social de las poblaciones involucradas. Este proceso debe continuar, independientemente de su impacto para jugadores particulares en la industria.

Transcurrieron nada más 646 días entre el momento en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y COFETEL anunciaron el programa de licitación de frecuencias y la publicación de las bases de la licitación de sólo 2 de las cuatro bandas anunciadas originalmente (siendo justos las dos bandas más demandadas por la industria serán las licitadas).

De acuerdo al calendario publicado por COFETEL se puede estimar que los títulos de concesión a operadores ganadores se entregarán en algún momento entre julio y agosto de 2010. Si algún nuevo operador entra al mercado como resultado del proceso, es de esperarse que comenzará a ofrecer sus servicios en el álgún momento a la mitad del 2011, es decir, al menos tres años y medio después de que el proceso fuera anunciado.

Para los operadores establecidos resultará más fácil y rápido aprovechar cualquier nueva concesión que ganen. De cualquier forma, toda inversión derivada de las licitaciones por operadores nuevos o establecidos iniciará a mediados de este año, cuando la recuperación económica en Estados Unidos y por consiguiente en México, esté a toda marcha y difícilmente las licitaciones habrían servido para suavizar los efectos de corto plazo del ciclo económico.

Con todo, el arranque formal de las licitaciones es algo que hay que celebrar. Es incluso muy fácil que la autoridad nos de más razones para el festejo simplemente anunciado iniciativas para acelerar el proceso de migración a la TV Digital Terrestre, programado para el 2021, que liberaría valioso espectro para servicios móviles y de banda ancha. Si bien 2021 parece lejano, la historia reciente nos dice que nunca es demasiado temprano para iniciar.

Apenas recientemente descubrí esta nota donde Milenio Diario me cita:

Para Silva, el reglamento no debe frenar las licitaciones, ya que esos procesos han sido muy esperados por toda la industria, y no se perderá la oportunidad de contar con un poco más de espectro

Esta cita es de hace casi 8 meses. A pesar de que el país está desesperado por implantar medidas anticíclicas para reactivar la economía y de la urgencia que varios operadores tienen para invertir para expandir y actualizar sus redes, no hay nada de que ofrezca esperanza alguna para que las licitaciones se lleven a cabo en los pocos meses que quedan del año. Otra oportunidad para que el Estado fomente la inversión, la licitación de hilos de fibra óptica oscura de la Comisión Federal de Electricidad para su uso en servicios de redes Telecom no parece tener mejor suerte.

Ambas oportunidades, a diferencia de otros incentivos como los subsidios o los incrementos innecesarios al gasto público, no costarían dinero al Estado. Mejor aún ahora que éste está falto de recursos, tales licitaciones, aún cuando éste no es ni debe ser su objetivo primario, tienen un componente recaudatorio pues involucran significativos pagos de derechos por parte de los concesionarios ganadores.

Contraponiéndose además, a otras medida populares entre el sector privado de todo el mundo en tiempos de crisis (aranceles, exenciones y otras formas anticompetitivas de favorecer en el corto plazo a los sectores productivos), las licitaciones pendientes generarán en el mediano y largo plazo beneficios a los consumidores en forma de más competencia, más servicios y mejores tarifas.

Tener paradas estas licitaciones, entonces, es gravísimo en sí mismo y aún más dado el grave período recesivo (el peor desde la Gran Depresión) que vive el país este año.

Agregar entonces a este escenario la idea de gravar de forma especial los servicios de telecomunicaciones es francamente el peor escenario posible de política pública (y no tenemos de por sí un buen historial en el tema) que el Gobierno Federal podría plantear para un sector estratégico para la competitividad del país y el bienestar de toda su población.

The Competitive Intelligence Unit recientemente publicó un estudio donde demuestra cómo la elasticidad precio (qué tan sensible es la demanda a cambios de precios) de las telecomunicaciones se da en niveles diferenciados de acuerdo al segmento socioeconómico que hablemos. Respaldando con datos duros algo que podemos intuir, el estudio confirma que los segmentos de más bajos recursos son más proclives a limitar su consumo ante variaciones de precio mientras los segmentos más acomodados pueden continúar como si poco o nada hubiera pasado.

Un impuesto especial a las telecomunicaciones, entonces,  es una forma de que las clases más acomodadas de México mantengan su nivel de vida mientras las clases más bajas lo empeoren, especialmente en su capacidad de acceso a herramientas que pueden ayudarles a aspirar a mejores oportunidades.

Limitar las posibilidades de inversión mientras se limita la demanda de los sectores más favorecidos (aquellos que representan la última oportunidad de crecimiento del sector y que más requieren el acceso para salir de la pobreza) en medio de la peor recesión que vive el país en tiempos recientes es precisamente todo lo que no esperamos ni necesitamos por parte del Estado.

Recientemente descubro el extenso artículo que la Revista Red dedicó al tema de los precios en México a partir de una entrevista que me realizó hace varios meses su autora, María Elena Alcántara.

Además de otros temas ya comentados varias veces en este blog destaco una precisión adicional sobre mi previamente expuesta tesis de que los precios son más económicos que los compartivos de la OCDE podrían sugerir:

Lo que sí es un hecho es que en nuestro país, los usuarios que más usan el servicio telefónico, pagan más respecto a los clientes de otros países. Esto se justifica por la distribución de la riqueza en México. De esta manera el operador tiene que dar un servicio demasiado barato al usuario de menor poder adquisitivo y relativamente más caro a quien tiene mayor ingreso. “Si haces muchas llamadas de larga distancia o si haces uso de muchos datos, lo más seguro es que tu servicio no se vea muy barato con respecto a lo que podrías pagar en otras partes del mundo”.

Adicionalmente, sobre las tarifas del servicio “el que llama paga”:

“…en la resolución ‘el que llama-paga’ de 1999 se establecieron tarifas efectivas durante seis meses, posteriormente a esa fecha se debió realizar una segunda revisión; pero no la hubo y estas tarifas se mantuvieron vigentes por 6 años. En 2004 se fijaron reducciones graduales del 10% cada año en ‘el que llama-paga’, lo cual tiene dos beneficios:

• Al anunciar cuál sería la tarifa para los siguientes 3 a 5 años, automáticamente se genera certeza en el operador, principalmente en sus inversiones sabiendo cómo se comportará el futuro, respecto a los ingresos que va a tener.
• Genera un incentivo al operador para que sea más eficiente y productivo año con año.

En este esquema vamos en una ruta del 10% gradual, lo cual va a colocar la tarifa de interconexión a un peso para el año 2010. Después de esa fecha no se tiene programado ningún panorama, algo que genera incertidumbre en la industria.

A solo unos meses de que se aplique la última reducción programada de tal tarifa, es una pena que la autoridad no haya intervenido en determinar reducciones adicionales que traigan los beneficios mencionados.

El día de ayer Milenio Diario me citó respecto a la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia atraiga el caso del servicio HiTV.

Para Carlos Silva, secretario del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), el problema va aun más allá, pues incluso en la misma política de transición hacia la Tv digital, México a diferencia de otros países, no tiene definido el motivo por el cual quiere emigrar a ella.

“El problema para la Corte es que nunca ha quedado definido por qué se quiere emigrar hacia la TV Digital, en España por ejemplo fue la necesidad de tener mas canales, en Estados Unidos por más servicios y más banda ancha, pero en México sólo se indica que por un mayor uso de las tecnologías”, dijo.

Me parece que en México estamos esperando demasiado de la Suprema Corte para resolver temas con tanto detalle técnico y que terminan ahí por no haber sido tratados correctamente previamente en las definiciones de política pública, regulación y, por supuesto, legislación.

La Política de Televisión Digital Terrestre (TDT) no establece un objetivo claro para realizar esta transición (lo cual previamente he comentado) que guíe acciones regulatorias o que sirva de precedente a la corte; el regulador, Cofetel, siempre encontrará descanso en las pocas facultades que la Ley le otorga para regular y sancionar y la legislación además de ofrecer poco detalle en el tema, enfrenta un futuro lleno de proyectos de Reforma a la Ley que generalmente ofrecen pocos detalles (de cualquier tipo, pero particularmente técnico) más allá de ser joyas de poesía legislativa que defienden generalidades como la Pluralidad, la Democracia, la Equidad de acceso a los medios y la defensa a causas políticamente correctas como las llamadas radio comunitarias.

La misma Corte, al opinar sobre la Reforma a la Ley de Telecomunicaciones de 2005 hizo poco en aclarar el proceso de otorgamiento y refrendo de concesiones, por lo que no podemos esperar que estos conflictos se resuelvan de tajo con una nueva intervención.

En mi opinión, servicios como HiTV son ilegales, si bien debo reconocer que el marco jurídico ofrece argumentos plausibles para que sus defensores opinen lo contrario. Desafortunadamente la Corte encontrará pocos fundamentos para de manera clara y definitiva darle la razón a una u otra parte.

Reforma me citó el pasado 12 de agosto de nuevo sobre el tema.

Se trata, señaló Carlos Silva, especialista en Telecomunicaciones, de un par de procesos vitales para el sector y más que tener retrasos de acuerdo a los tiempos establecidos por la autoridad, cada día que se posterguen generan un retraso al País, con respecto a las otras economías del mundo, que ya están avanzando en el tema.

A pesar de la importancia, pronto se cumplirán 3 años de retraso de tan vital proceso.

El Universal me cita el día de hoy respecto a la necesidad de que los operadores móviles cuenten con más espectro radioeléctrico:

Además, será inevitable estrechar la capacidad de la red en detrimento del servicio al usuario, dijo Carlos Silva, secretario del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).

¿Qué se busca con las nuevas licitaciones de espectro?, ¿que los jugadores actuales lancen nuevos servicios como 3G?, ¿que se impulse la meta de incrementar la teledensidad?, ¿permitir la entrada de nuevos operadores para fomentar la competencia?, ¿recaudar más recursos para el Estado por cobro de derechos? Toda autoridad a la que se cuestione, dará más o menos la misma respuesta a estas preguntas, si bien su actuar atenderá a prioridades distintas.  Sin esa definición no es posible resolver dilemas tan básicos como si se debe o no permitir que los jugadores actuales entren al proceso o si es buen o mal momento para hacer las licitaciones ahora con todo y crisis.