¿Regular los servicios de Internet protege al consumidor?

Reforma me cita el día de hoy sobre el status regulatorio de los servicios de acceso a Internet en México:

Internet es considerado como un servicio de valor agregado, cuyo prestador no está obligado a justificar y registrar sus tarifas, según detalla el artículo 33 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Para estos servicios no se requiere de concesión o permiso y bastará con un registro ante la SCT, situación que es así desde la promulgación de la Ley de Telecomunicaciones en mayo de 1995, explicó el investigador del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, Carlos Silva.

El reportaje se enfoca en los aspectos “negativos” de que Internet no sea regulado, específicamente una supuesta “desprotección” del usuario.

No estoy de acuerdo, Internet es un mercado que nació desregulado con la idea de que naciera y se mantuviera competitivo. Se puede discutir que esta noción surge cuando para ser un ISP no se requería desplegar infraestructura de telecomunicaciones (cuando el acceso era predominantemente por marcación a través de la red telefónica) y que ésto ya no es válido en un mundo de banda ancha. Hay dos elementos a considerar antes de emitir un juicio sobre el tema:

1. Internet raramente se ofrece como un servicio “stand-alone”, generalmente va asociado a un servicio regulado (telefonía, TV por cable) que ofrece obligaciones particulares a la red de acceso. Si el propuesto Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad que impulsa COFETEL es implantado (parece ser que así será), se crearán obligaciones como la desagregación del acceso local que es una obligación para las redes públicas de telecomunicaciones (que son reguladas) que tendrá un impacto directo sobre la provisión de servicios de Internet (que no cambia su status de servicio “desregulado”).

2. Cuando un consumidor tiene una queja ante un proveedor de servicio no acude con la ley de Telecomunicaciones en mano ante la SCT o COFETEL, sino a la Profeco, que trata con igual rigor a proveedores de servicios de telecomunicaciones sean regulados o no.

El status regulatorio de un servicio determina los incentivos que existan a largo plazo para la inversión, la competencia y la provisión de servicios de calidad a todos los usuarios en su conjunto. Tal status, poco o nada tiene que ver con resolver el problema de un usuario particular, para ello existen otras instancias.

Todos los servicios en un teléfono: el reto regulatorio

El siguiente artículo será publicado la próxima semana (9-13 de julio) en el diario El Financiero. Ofrezco la primicia a los lectores de este blog.

Estimado lector, aunque usted no lo crea, su teléfono celular aún le guarda sorpresas en la función más básica para la que fue concebido. Se seguirán lanzando teléfonos con mayores anchos de banda para acceder a Internet o con más capacidad para almacenar música y videos, pero usted también encontrará novedades en la forma como podrá hacer y recibir llamadas telefónicas.

En particular, ¿qué le parece tener el mismo número para su línea celular y su línea fija?, mejor aún, ¿qué tal integrar la funcionalidad de ambas líneas en un solo teléfono?, es decir, usar el mismo aparato para poder hacer llamadas en la calle usando la red celular y hacer llamadas en casa aprovechando los menores precios de la línea telefónica fija. Esa es la promesa inicial de la tendencia a la convergencia de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles.

Como en todas las modalidades en el que fenómeno de la convergencia se manifiesta, la convergencia fijo-móvil permite a los operadores integrar múltiples servicios en una sola oferta creando incentivos para entrar a nuevos mercados.

Si hace algunos años a un operador de telefonía fija le hubiera parecido aventurado añadir telefonía celular a su portafolo de servicios, hoy esto podría resultar más atractivo al integrar los servicios fijos y móviles en un nuevo producto combinado (empaquetamiento) o hacer muy atractiva la contratación de ambos servicios separados (venta atada). Tal combinación puede resultar en incrementos de ingresos y de lealtad del suscriptor que generan mayor rentabilidad y más certidumbre a la nueva inversión.

Hay que destacar, sin embargo, que dada la estructura del mercado de telecomunicaciones de nuestro país, existen diferencias en los impactos sociales que una estrategia de convergencia fijo-movil pueda tener en función de qué operador la lleve a cabo.

Si la convergencia fijo-móvil permite a un operador competitivo (cualquiera no surgido del antiguo monopolio estatal) ofrecer más servicios, se genera un resultado socialmente deseable en la forma de una mayor competencia y menores precios.

Pero, si la iniciativa la toma el operador dominante (Telmex/Telcel), el escenario es radicalmente distinto. Una empresa dominante puede usar estrategias de empaquetamiento y ventas atadas para: a) defender su posición en un mercado al bloquear la entrada de nuevos competidores (el caso de Microsoft usando su dominio en Windows para bloquear la entrada de Nestscape en el mercado de navegadores web), b) usar su posición dominante en un mercado para buscar dominar un mercado adicional (de nuevo el caso de Microsoft usando su dominio en Windows para dominar el mercado de aplicaciones con la suite Office).

En políticas públicas es difícil hablar de absolutos y de la misma manera como múltiples estudios sustentan mis afirmaciones, pueden encontrarse otros tantos igualmente serios que minimicen el riesgo que planteo. Cabe puntuallizar, sin embargo, que hay pocos ejemplos en la literatura académica que partan de condiciones similares a las del caso mexicano: es poco común encontrar una empresa (o grupo de empresas) que tenga tal poder de dominancia simultánea en dos mercados de productos complementarios (telefonía fija y móvil).

Cuando un par de empresas ha sido capaz de mantener una posición dominante en los mercados en que opera después de más de 10 años de competencia, es difícil pensar que la integración de la oferta de ambas resulte en un ambiente más competitivo y benéfico para el consumidor.

El avance tecnológico seguirá ofreciendo nuevas posibilidades que continuarán maravillándonos, si bien, la autoridad deberá ser la menos sorprendida ante tales desarrollos, una vez que los principios económicos que sustentan una sana regulación pro-competencia, de manera general, seguirán siendo esencialmente los mismos.