Internet no es muy distinto de otras infraestructuras tradicionales y reconocerlo es una de las mejores formas de defender a la Red.
Las autopistas anteriores a la autopista de la información
Una carretera, como infraestructura física que facilita el transporte, es un habilitador de infinidad de actividades económicas que generan riqueza, tanto a los actores privados que participen de la actividad así como a terceros que pueden recibir beneficios indirectos (“derramas” usando la terminología económica) en la forma de mejores precios, el acceso a nuevas opciones de consumo, o la generación de empleo, entre muchas otras.
Pero las carreteras también hacen posibles otros beneficios sociales que, al no tener relación directa con la actividad económica, no pueden ser capturados con un simple análisis de impacto productivo: una carretera puede permitir a cualquier persona visitar con más frecuencia a sus amigos y familiares en otras ciudades, así como tener acceso a servicios educativos. culturales, recreativos o de salud a los que no tendría acceso acceso en su población natal.
El valor económico y social de la infraestructura es tal que la primera meta de política pública, respecto a cualquier tipo de infraestructura, es garantizar el acceso de forma no discriminatorio a toda persona o institución que requiera su uso.
Es por ello también que una carretera es un activo que cuenta con la mayor protección por parte del Estado: atentar contra tal infraestructura física es un delito del fuero federal y aún cuando la construcción y operación de ésta puede estar concesionada a particulares, el Estado mantiene una fuerte labor de supervisión y vigilancia para la protección de la misma.
Garantizar el acceso, sin embargo, no es sinónimo de gratuidad, ni limita la posibilidad de implantar medidas que contribuyan a la viabilidad económica de la infraestructura. En ese sentido, la existencia de autopistas de cuota no va en contra de la posibilidad de acceso irrestricto y no discriminatorio. El principio de no discriminación se mantiene al no existir cobros diferenciados entre el automóvil que transporta a viajeros de negocios, del que transporta a vacacionistas y a éstos del que transporta estudiantes; todos los automóviles pagan la misma cuota.
La existencia de tarifas diferenciadas para automóviles, autobuses y vehículos de carga refiere a una necesidad de cubrir los costos de la infraestructura de manera equitativa (el desgaste generado por un camión de carga de tres ejes es mayor al que genera un auto compacto), pero de nuevo, si un autobús transporta maíz o transporta metales preciosos, esto no es un criterio para el pago de tarifas distintas o para restringir el acceso de cualquier forma.
Internet es una infraestructura como cualquier otra y partiendo de reconocer ese status es más fácil el análisis respecto a debates recientes sobre la Red en México.
La Ley Bueno Torio-Castellón-Tentri
En Abril de 2012 los Senadores Fernando Tentri, Javier Castellón (quien posteriormente lo negaría via Twitter) y Juan Bueno Torio presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que otorgaba a los operadores “plena libertad de ofrecer diversas calidades del servicio, de ancho de banda y de contenidos o de cualquier otro valor agregado” siempre y cuando el operador en cuestión diera a conocer de forma explícita “cualquier práctica de restricción al tráfico, por causa de contenido, del tipo de protocolo, por la aplicación utilizada, por el ancho de banda, así como de toda administración del tráfico que censure, impida, desvíe, de prioridad o retrase su velocidad, en función del origen o destino de la comunicación”.
Abusando del cliché que confunde a la transparencia como un objetivo en sí mismo y no como la herramienta de política pública que es, la iniciativa propuesta por los tres senadores mencionados contraviene principios esenciales de toda infraestructura pues:
1. Ve en la “transparencia” un mecanismo que pretender reemplazar la obligación del Estado de vigilar y garantizar el acceso no discriminatorio a la infraestructura.
2. Otorga a privados facultades para la gestión de la infraestructura digital, cuando los símiles del mundo físico de tales facultades son exclusivos del Estado.
Por más calificativos políticamente correctos que se agreguen (en este caso, la tan manipulada “transparencia”), el degradar selectivamente el acceso a la red hidráulica, eléctrica, de drenaje o a la red carretera es abiertamente una burla y una contradicción a la naturaleza de cualquier infraestructura. En ese sentido, Internet no es distinto.
La firma del tratado ACTA por parte del Ejecutivo Federal
Mucha discusión y activismo en su contra ha generado el Tratado ACTA que pretende establecer mecanismos legales para facilitar la prosecución de delitos relacionados a violaciones al derecho de autor.
No es necesario profundizar en las propiedades inherentes a Internet y tecnología para llegar a una conclusión sobre el posible impacto de la implantación de un instrumento como ACTA y los derivados de este tratado.
Usando de nuevo el símil de la carretera: un automóvil paga la misma cuota en una autopista así transporte turistas, hombres de negocios, estudiantes, narcóticos, cadáveres o personas secuestradas. El cobro se lleva a cabo por el uso de la infraestructura y no en función del fin de tal uso. Igual de importante, el uso ilícito por parte de algunos usuarios no es pretexto para imponer restricciones o mecanismos de control al nivel de todo el sistema. Ni todo el perjuicio social y económico causado por el narcotráfico es justificación para imponer controles o restricciones ex-ante en todo el sistema carretero y a todos los usuarios del mismo.
Todo el perjuicio que se pueda causar a una sola industria (la que sea), debe ser perseguido criminalmente. Personalmente celebro la detención de Kim “Dotcom”, fundador de Megaupload, de quien hay elementos sólidos para sospechar que operaba su servicio con la única intención de lucrar facilitando las descargas de contenidos protegidos por derechos de autor.
Si Kim Dotcom es encontrado culpable, sin embargo, este hecho no puede servir de precedente o justificación para imponer controles en la actividad de todos los usuarios de Internet como ACTA pretende.
Tales controles policiales ex-ante no existen para ningún otro tipo de infraestructura por dos razones sencillas: la infraestructura es un insumo de uso general tanto para empresas de todas las industrias como para la población en general. Es altamente probable, y casi una certeza, que el impacto económico negativo que el uso de una infraestructura genere en una industria en particular, sea despreciable comparado contra el impacto de limitar el uso de dicha infraestructura para TODAS las industrias.
El análisis económico ya parece dar una razón rotunda para el rechazo de instrumentos como ACTA, pero la segunda razón es aún más severa: toda infraestructura tiene usos en el ámbito social cuyos beneficios no son medibles económicamente. Los beneficios que Internet puede traer (con todo y sus negativos de la mano en forma de contenidos fraudalentos, spam y otros) en la forma de mayor y mejor acceso a información, de un incremento de la discusión sobre temas públicos y de facilitar la comunicación entre personas, entre muchos otros, no pueden cuantificarse.
El reconocer tales beneficios y la imposibilidad someterlos a un simple análisis de costo-beneficio, es el fundamento para buscar facilitar, no controlar, el acceso a más usuarios a la infraestructura. Por ello no se requiere solicitar permiso especial cada vez que se usa una carretera, ni se debe informar la naturaleza de las llamadas a una compañía telefónica y no es requisito indicar los equipos que se conectarán a la red al solicitar el servicio eléctrico para un hogar.
En conclusión, el análisis de ACTA desde el punto de vista de la protección de Internet como a cualquier otra infraestructura, lleva al rechazo categórico e inequívoco al tratado.
Encuentre las diferencias
Analizados los dos casos anteriores cabe preguntarse cuáles, si es que existen, son las diferencias sustanciales de este enfoque respecto a la llamada “Neutralidad de la Red” que busca, basado en un principio de diseño técnico, definir características consideradas esenciales para mantener Internet como una red abierta a la innovación y al libre intercambio de ideas.
Como he expuesto en ocasiones previas, no existe ningún inconveniente en sí mismo en el postulado de la “Neutralidad”, excepto que al centrarse exclusivamente en el respeto al núcleo de la Internet (la infraestructura para la transmisión de información sin importar la naturaleza de ésta, justo como debe hacer cualquier infraestructura), en la práctica la neutralidad puede usarse como en pretexto para voltear a otro lado cuando ocurren abusos en los servicios que la Red habilita.
Es una exageración decir que la llamada “Primavera Árabe” se debe sólo a la existencia de Twitter y Facebook, pero más difícil habría sido que tal fenómeno se hubiera dado sin la posibilidad que esas redes sociales ofrecen para ser un insumo para actividades comerciales así como facilitar la expresión de ideas y la participación ciudadana (como ocurre con cualquier otra infraestructura).
Por otro lado, tan indeseables deben considerarse iniciativas como la Ley Torio-Castellón-Tentri o el tratado ACTA y otros similares como también son las supuestos prácticas anticompetitivas por parte de operadores de buscadores de Internet, por mostrar un ejemplo.
Conforme la difusión de servicios de Internet aumente, tanto la infraestructura física (la Red) como los servicios ofrecidos en ella, serán infraestructura cada vez más crítica para la actividad económica y para la sociedad. Siendo ambas infraestructuras, deben ser ambas analizadas como tales, sin ser sujetas a análisis igual de discriminatorios que los propuestos por ACTA y otros instrumentos indeseables.
Carlos Silva Ponce de León – Las opiniones del autor son propias y no reflejan ninguna postura de las instituciones con las que está afiliado.
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