El peor escenario de política pública para las telecomunicaciones en México

Apenas recientemente descubrí esta nota donde Milenio Diario me cita:

Para Silva, el reglamento no debe frenar las licitaciones, ya que esos procesos han sido muy esperados por toda la industria, y no se perderá la oportunidad de contar con un poco más de espectro

Esta cita es de hace casi 8 meses. A pesar de que el país está desesperado por implantar medidas anticíclicas para reactivar la economía y de la urgencia que varios operadores tienen para invertir para expandir y actualizar sus redes, no hay nada de que ofrezca esperanza alguna para que las licitaciones se lleven a cabo en los pocos meses que quedan del año. Otra oportunidad para que el Estado fomente la inversión, la licitación de hilos de fibra óptica oscura de la Comisión Federal de Electricidad para su uso en servicios de redes Telecom no parece tener mejor suerte.

Ambas oportunidades, a diferencia de otros incentivos como los subsidios o los incrementos innecesarios al gasto público, no costarían dinero al Estado. Mejor aún ahora que éste está falto de recursos, tales licitaciones, aún cuando éste no es ni debe ser su objetivo primario, tienen un componente recaudatorio pues involucran significativos pagos de derechos por parte de los concesionarios ganadores.

Contraponiéndose además, a otras medida populares entre el sector privado de todo el mundo en tiempos de crisis (aranceles, exenciones y otras formas anticompetitivas de favorecer en el corto plazo a los sectores productivos), las licitaciones pendientes generarán en el mediano y largo plazo beneficios a los consumidores en forma de más competencia, más servicios y mejores tarifas.

Tener paradas estas licitaciones, entonces, es gravísimo en sí mismo y aún más dado el grave período recesivo (el peor desde la Gran Depresión) que vive el país este año.

Agregar entonces a este escenario la idea de gravar de forma especial los servicios de telecomunicaciones es francamente el peor escenario posible de política pública (y no tenemos de por sí un buen historial en el tema) que el Gobierno Federal podría plantear para un sector estratégico para la competitividad del país y el bienestar de toda su población.

The Competitive Intelligence Unit recientemente publicó un estudio donde demuestra cómo la elasticidad precio (qué tan sensible es la demanda a cambios de precios) de las telecomunicaciones se da en niveles diferenciados de acuerdo al segmento socioeconómico que hablemos. Respaldando con datos duros algo que podemos intuir, el estudio confirma que los segmentos de más bajos recursos son más proclives a limitar su consumo ante variaciones de precio mientras los segmentos más acomodados pueden continúar como si poco o nada hubiera pasado.

Un impuesto especial a las telecomunicaciones, entonces,  es una forma de que las clases más acomodadas de México mantengan su nivel de vida mientras las clases más bajas lo empeoren, especialmente en su capacidad de acceso a herramientas que pueden ayudarles a aspirar a mejores oportunidades.

Limitar las posibilidades de inversión mientras se limita la demanda de los sectores más favorecidos (aquellos que representan la última oportunidad de crecimiento del sector y que más requieren el acceso para salir de la pobreza) en medio de la peor recesión que vive el país en tiempos recientes es precisamente todo lo que no esperamos ni necesitamos por parte del Estado.

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