Reforma me cita el día de hoy sobre el status regulatorio de los servicios de acceso a Internet en México:
Internet es considerado como un servicio de valor agregado, cuyo prestador no está obligado a justificar y registrar sus tarifas, según detalla el artículo 33 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Para estos servicios no se requiere de concesión o permiso y bastará con un registro ante la SCT, situación que es así desde la promulgación de la Ley de Telecomunicaciones en mayo de 1995, explicó el investigador del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, Carlos Silva.
El reportaje se enfoca en los aspectos “negativos” de que Internet no sea regulado, específicamente una supuesta “desprotección” del usuario.
No estoy de acuerdo, Internet es un mercado que nació desregulado con la idea de que naciera y se mantuviera competitivo. Se puede discutir que esta noción surge cuando para ser un ISP no se requería desplegar infraestructura de telecomunicaciones (cuando el acceso era predominantemente por marcación a través de la red telefónica) y que ésto ya no es válido en un mundo de banda ancha. Hay dos elementos a considerar antes de emitir un juicio sobre el tema:
1. Internet raramente se ofrece como un servicio “stand-alone”, generalmente va asociado a un servicio regulado (telefonía, TV por cable) que ofrece obligaciones particulares a la red de acceso. Si el propuesto Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad que impulsa COFETEL es implantado (parece ser que así será), se crearán obligaciones como la desagregación del acceso local que es una obligación para las redes públicas de telecomunicaciones (que son reguladas) que tendrá un impacto directo sobre la provisión de servicios de Internet (que no cambia su status de servicio “desregulado”).
2. Cuando un consumidor tiene una queja ante un proveedor de servicio no acude con la ley de Telecomunicaciones en mano ante la SCT o COFETEL, sino a la Profeco, que trata con igual rigor a proveedores de servicios de telecomunicaciones sean regulados o no.
El status regulatorio de un servicio determina los incentivos que existan a largo plazo para la inversión, la competencia y la provisión de servicios de calidad a todos los usuarios en su conjunto. Tal status, poco o nada tiene que ver con resolver el problema de un usuario particular, para ello existen otras instancias.
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