Retención de metadatos de comunicaciones privadas

The Social Intelligence Unit recientemente generó cuatro documentos sobre la regulación de las políticas para retener datos de comunicaciones privadas por parte de los operadores de telecomunicaciones.

De este último que me tocó escribir, un extracto:

En México el plazo para retención de metadatos sobre las comunicaciones privadas (dos años) es muy largo de acuerdo con la experiencia internacional.

El período de dos años parece excesivo en comparación con la práctica internacional que va desde los 90 días (Estados Unidos) y los 6 meses (Suecia y Alemania), con algunos países optando por 12 (Brasil, Paraguay y el Reino Unido). En España se consideran 24 meses sólo para los datos que fueron previamente consultados, siendo la norma general también los 12 meses. Solo Australia considera un período de 24 meses similar al del caso Mexicano.

El hecho de que México almacene los metadatos por un período en el extremo del tiempo, respecto a la práctica internacional común, podría ser apropiado si se contara con salvaguardias suficientes que garantizaran el uso de la información sólo para los fines lícitos considerados por la ley y de forma efectiva sólo durante el período requerido. Desafortunadamente, ese tampoco parece ser el caso, pues México ocupa el lugar 52 entre 82 países en el Web Index(1) que evalúa la existencia de leyes que proveen de garantías procesales para la protección de la privacidad a través de su indicador “Salvaguardias para proteger la privacidad de las comunicaciones electrónicas”.

(1) World Wide Web Foundation, 2014. Disponible en: http://thewebindex.org/ y citado en Reyes, B., Bautista, S.  en El Dilema Privacidad-Seguridad en la Retención de Datos. Disponible en: http://www.mailermailer.com/x?function=view&c=111077342i-dfa69619*1116116j-fcc815c0

¿De a cómo la Red?

A la fecha, en las definiciones del proyecto de Red Compartida del Ejecutivo Federal, planteado en la más reciente Reforma de Telecomunicaciones, se ha evadido la discusión y definición de las regulaciones económicas que deberán aplicar al operador de esta red.

  • Evitando la discusión Si bien la SCT publicó una consulta sobre el tema, la Secretaría autoriza la participación sólo a quien, a su total discrecionalidad, se determine tiene “interés legítimo”[1] y sea Persona Moral o representante de una Persona Moral ligada al sector de Telecomunicaciones. En paralelo para definir “el título de concesión, las bases de licitación y la convocatoria con base en modelos de negocios y corridas financieras”[2] la autoridad anuncia que ha delegado la responsabilidad en la firma Deloitte que ganó un contrato.
  • Objetivos que plantean dilemas: La Red tiene objetivos que serán medidos por su “rentabilidad social”[3] como mejorar la calidad y llegar al menos al 98% de la población y a la vez debe ser un negocio sano,  “sin necesidad de subsidios”[4], capaz de generar un retorno de inversión suficiente para sus inversionistas, hacer posibles nuevas inversiones para aumentar cobertura y mantener actualizadas sus capacidades así como generar ingresos fiscales al Estado.
  • Ante tales dilemas, al día de hoy imperan las indefiniciones. Sin reglas claras, el Concesionario gozaría de un amplio margen de discrecionalidad para el establecimiento de los precios y otras políticas comerciales que determinarán el resultado final respecto al número total de nuevos entrantes, su efecto en la calidad y los precios de los servicios y si realmente esta iniciativa desincentivaría o no la inversión por los operadores ya establecidos.

Condiciones contractuales

La trascendencia de los objetivos de la Red obligan a la autoridad a ser muy clara sobre en qué términos el operador mayorista podrá determinar o no la relación que tendrá con sus clientes vía estas condiciones.

  1. Consumos mínimos y Plazo de los contratos – Ningún operador construye su red partiendo de ver como objetivo estratégico el rentar capacidad de mayoreo a sus competidores. Hacerlo requiere hacer inversiones, que deben recuperarse ofreciendo el servicio sólo clientes mayoristas que sean rentables. La rentabilidad de estos contratos se logra estableciendo montos mínimos de facturación y plazos forzosos que deberán cubrirse por el contratante.

Es responsabilidad del regulador definir los parámetros dentro de los cuales el Operador de la Red pueda establecer consumos mínimos y plazos forzosos a sus clientes, pues esas son variables claves que afectarán tanto la rentabilidad y viabilidad del Concesionario, como la cantidad de empresas interesadas en entrar al mercado rentando la Red.

  1. Precios y Factores de productividad – El precio unitario de cada servicio provisto por la red (minutos, mensajes SMS, Megabytes) es la variable que de forma más directa influenciará el efecto de la red en el mercado.

Un precio demasiado bajo, comprometerá la permanencia del Operador de la Red y la de otros operadores establecidos que enfrentarán fuerte competencia de nuevos operadores que gozan de esos costos bajos. Un precio demasiado alto, hará menos atractiva la entrada al mercado de nuevos competidores y ayudará a mantener el estado actual de las cosas, pues la promoción de la competencia no será posible proveyendo un insumo esencial en condiciones iguales o similares a las que ofrecería un operador gozando utilidades de monopolio.

En cualquiera de los casos, el IFT deberá hacer explícita la metodología que defina los límites con los que el Operador podrá definir sus precios para la consecución de los objetivos de la Red. De la misma manera, una metodología de revisión periódica, idealmente basada en factores de productividad, deberá garantizar que tales precios mantengan su competitividad en relación a los precios de mercado.

  1. Información Financiera – El IFT mucho podrá aprender revisando la regulación de la Unión Europea sobre el tema, la cual está enfocada en “obligar a los operadores de red a rentar capacidad de sus redes a todos los proveedores de servicio a un precio justo. Donde un precio justo consiste en la inversión adecuada, el costo de operación y un retorno de inversión modesto”[5].

Los operadores entonces están obligados a proveer información financiera para que el regulador pueda evaluar si las tarifas de los servicios de red son justos. De forma que estos cálculos no sean el mecanismo para llevar al mercado posibles ineficiencias en la operación del operador, se puede hacer uso de la metodología del “operador eficiente”, la cual ha sido ampliamente discutida en el país y utilizada por COFETEL[6] para la resolución de disputas para tarifas de interconexión de la última década.

La obligación de compartir la información financiera necesaria para evaluar su nivel de precios debe quedar plasmada en el título de concesión del Operador de la Red.

  1. Plazos para metas de cobertura – El plazo constitucional establece que la Red “estará en operación antes de que concluya el año 2018”. Por el modelo publicado por SCT e IFETEL se desprende que el operador será capaz de lograr sus metas de cobertura social reinvirtiendo utilidades, por lo que no parece viable que en ese plazo se logre la meta de cobertura del 98% de la población que se ha planteado para la red[7].

Si no se espera que el Concesionario de la Red complete su cobertura para 2018, ¿cuál es el plan de expansión con el que deberá cumplir? ¿Su incumplimiento implicará penalizaciones?

La falta de plazos claros e incentivos para su logro podría incentivar al Concesionario a maximizar el tiempo dedicado sólo a los lucrativos mercados urbanos buscando retrasar en lo posible entrar a los mercados rurales que requieren más inversión y representan menos ingresos.

 

Anotaciones finales

Hay pocos o nulos antecedentes de modelos exitosos por parte de algún Estado interviniendo en un mercado previamente liberalizado de forma tan directa y con un esfuerzo de tal magnitud como la Red Compartida. Pero poco puede discutirse hoy de una iniciativa que ya es letra constitucional.

Lo menos que podemos esperar entonces es que para la Red se establezcan objetivos de política pública claros y medibles, logrados mediante acciones debidamente fundamentadas.

Aun cuando el proyecto de Red compartida reconoce que los objetivos de la infraestructura son multidimensionales, son muchas las interrogantes en los mecanismos que se implantarían para lograr tales objetivos. Por la trascendencia de los fines que se buscan, el país merece una definición clara y pública de los mecanismos regulatorios que buscarán garantizar tales beneficios. Esta es demasiada responsabilidad en manos de la autoridad que no puede simplemente descargarse a un tercero vía un proyecto de outsourcing.

 

[1] SCT. «Secretaría de Comunicaciones y Transportes.» Red Compartida. 5 de febrero de 2015. http://www.sct.gob.mx/comunicaciones/red-compartida/ (último acceso: 8 de febrero de 2015).

[2] Martínez, Ana. «SCT pagará 114 mdp por consultoría para red compartida.» El Financiero, 15 de diciembre de 2014.

[3] SCT e IFT. Modelo y uso de la banda. 2014, p 30-31

[4] SCT e IFT. Modelo y uso de la banda. 2014, p 28.

[5] Kiiski, Annukka, y Heikki Hämmäinen. «MOBILE VIRTUAL NETWORK OPERATORS: CASE FINLAND.» s.f. http://userpage.fu-berlin.de/~jmueller/its/conf/berlin04/Papers/Kiiski_paper.pdf (último acceso: 1 de febrero de 2015).

[6] COFETEL. «Consulta pública de los Modelos de Costos de servicios de interconexión fijos y móviles .» s.f. http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2012/05/Consulta-P%C3%BAblica.pdf (último acceso: 31 de enero de 2015).

[7] SCT e IFT. Modelo y uso de la banda. 2014, p 27.

Interconexión en Redes Conmutadas de Voz

Previo a los cambios en la legislación Telecom, es pertinente tomar un tiempo para revisar con perspectiva histórica la regulación y trayectoria de los costos de interconexión entre las redes de telefonía conmutada en nuestro país. Esta presentación cubre ese propósito y la he utilizado como material de soporte para impartir conferencias y clases sobre el tema.

Resumen de Posturas en Temas Telecom

El pasado viernes 9 de agosto, el Comité de Evaluación publicó las listas de candidatos que obtuvieron las calificaciones aprobatorias más altas al examen de aspirantes a Comisionados para el que será el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Un servidor aparece en las listas mencionadas, de las cuales el Presidente Enrique Peña Nieto escogerá su propuesta que deberá ser ratificada por el Senado de la República.
Al respecto me sumo al ejercicio de transparencia y apertura que ha caracterizado a todo este proceso de selección. Para ello, he elaborado un breve resumen sobre mis posturas acerca de temas relevantes de telecomunicaciones y sus impactos en la vida nacional, que a continuación acompaño de ligas que las documentan a detalle.

Televisión Digital Terrestre (TDT)

Desde el año 2008 señalé la necesidad de adelantar el proceso de transición a la TV Digital, también conocido como “Apagón analógico”, de su fecha original programada para 2021. Si bien hoy día en su instrumentación contamos ya con una fecha más cercana (2015), esto nos deja aún muy atrás de nuestros principales socios comerciales, por lo que debemos asegurarnos que tan crítico proceso no tenga aún más retrasos.

Mayor Competencia en TV Privada y Medios Públicos

Como parte de la defensa de la necesidad de acelerar el “apagón”, he destacado cuan relevante es dicha transición a fin de contar con mayor oferta de contenidos en medios de radiodifusión. Adicional a contar con mayor competencia por parte de actores privados, indispensable desde el punto de vista de competencia económica, los medios públicos juegan un rol especial al dar espacios a más voces para promover una mayor pluralidad y representatividad, elementos indispensables desde el punto de vista del valor social de los medios.

Garantías a la libre expresión en Internet

La reciente reforma eleva a rango constitucional el derecho a los medios electrónicos y su uso irrestricto con fines de libre expresión.

He sido un defensor de estos principios durante los años, específicamente criticando la forma como se acota injustamente al principio de “Neutralidad de la red”, concepto que en sí es bastante positivo, pero cuyos defensores erróneamente tienden a limitar exclusivamente al ámbito de la infraestructura física de la red Internet.

En años venideros, los debates más importantes se darán en la capa lógica de la red (los servicios) y para ello se requiere un enfoque más general y actualizado. La Teoría de la Infraestructura reconoce esto y no ve razón para tratar de forma diferenciada ambos aspectos de la red de redes, sino que les reconoce misma relevancia.

Interconexión de Redes de Internet

Es un tema recurrente en nuestro país hablar sobre la supuesta falta de conectividad de redes de Internet y concluir erróneamente que requerimos una infraestructura dedicada para resolver este supuesto problema en la forma de un NAP (Network Access Point) o IXP (Internet eXchange Point). Peor aún, se supone que dicha infraestructura debe ser de alguna manera regulada, promovida o patrocinada por el Estado, lo cual va contra la naturaleza de Internet y las mejores prácticas internacionales.

Dediqué la mayor parte del tiempo en que forme parte del Programa de Investigación Telecom-CIDE a dicho tema, con una óptica integral de ingeniería, economía y política pública sobre el tema, pero con un marcado énfasis en reflexionar y proponer alternativas acerca de la prioridad que otros temas deben tener para el Estado:

Concluyo afirmando que soy un ferviente creyente en los beneficios de la libre competencia como mecanismo para lograr un mayor bienestar para el consumidor. A la vez reconozco que, en el corto plazo, la realidad de nuestros mercados de telecomunicaciones dista de ser la de un escenario competitivo.

Se requiere entonces de la intervención regulatoria y la reciente Reforma otorga un mandato inequívoco al nuevo regulador, así como las herramientas necesarias para lograr un escenario más favorable.

Tengo la más plena y absoluta confianza que nuestro nuevo Instituto estará conformado por profesionales a la altura de ese reto.

Atentamente

Carlos Francisco Silva Ponce de León

¿Es la reforma que necesitamos?

El día de hoy, el periódico Reforma publica este artículo con algunas de mis opiniones sobre la reforma constitucional.

Aquí el texto del artículo:

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Mucho puede comentarse de la recientemente aprobada Reforma Constitucional al sector de las Telecom pero destaca lo ambicioso de su alcance, especialmente después de varios años de tener que conformarnos no con las reformas que queremos sino con aquellas que han sido “posibles”.

Aún falta el que puede ser un tortuoso proceso de ratificación en el Senado, así como la delicada modificación y reglamentación de Leyes secundarias, pero al día de hoy podemos comentar que la Reforma:

Fomenta la inversión: al flexibilizar los límites al capital extranjero en telefonía fija y televisión abierta, lo que facilitará la entrada de potenciales nuevos competidores.

Fomenta la competencia: al permitir que empresas existentes entren a mercados donde hoy no compiten, lo que se logra removiendo restricciones e imponiendo controles a empresas dominantes para evitar que abusen de su poder de mercado (vía mecanismos conocidos por tecnicismos como “must carry”, “must offer”, “desagregación de red local” y otros). Algunos analistas han calificado erróneamente a varias disposiciones asociadas a los costos que deberán enfrentar algunos jugadores cómo “discriminatorias”, olvidando que la necesidad de imponer controles a empresas con poder sustancial de mercado se da en función de una meta clave de la regulación: proteger la existencia de un mercado competitivo.

Simplifica la operación del sector: ya que para el menor de los trámites la industria debe recurrir al menos a dos autoridades (SCT y Cofetel) que frecuentemente se encuentran en disputa y ofreciendo criterios contradictorios. Con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se concentran en una sola entidad las facultades de regulación.

Crea un regulador “con dientes”: con la creación del Instituto esperaremos no volver a escuchar la recurrente respuesta de las autoridades ante las quejas de los usuarios: “desafortunadamente no tenemos facultades para actuar en esos casos”. El Instituto tendrá capacidad para imponer multas e incluso retirar concesiones a las empresas que violen la regulación vigente.

Establece metas: Porque en un sector con tantas autoridades la constante ha sido una regulación errante sin la guía de un claro diseño de Política Pública. Cobertura de banda ancha, regulación de contenidos y tiempos comerciales en TV, calidad de servicios, migrar a TV digital son varios temas donde la Reforma define claramente metas y responsables.

Sus efectos no serán inmediatos: Al ser una verdadera reforma estructural, sus efectos serán de mediano y largo plazo y no podrán esperarse cambios inmediatos en la estructura de mercado, ni en la variedad o precios de los servicios.

Es una reforma inusual: que pareciera “matar moscas a cañonazos” llevando al texto constitucional minucias técnicas que pertenecerían a documentos de menor jerarquía como programas sectoriales o planes técnicos. “70% de los hogares y 85% de las PyMEs deberán contar con banda ancha”, “se asignarán 90 Mhz en la banda de 700Mhz a la red de Telecomunicaciones de México”.

Tales detalles, totalmente fuera de lugar en una Carta Magna, al ser plasmados ahí quedan “blindados” ante eventuales recursos legales (amparos y otros) que han dado tan mala fama al sector Telecom pero también se “blindan” ante la necesidad de ser actualizados frente al cambio tecnológico.

Es un espejo de las instituciones del Estado: Es significativo que para reformar al sector más dinámico de la economía se tenga que pasar por reformar el instrumento legal que en cualquier democracia moderna debería ser el más estático y menos afectado por el cambio tecnológico: la Constitución.

Los mismos trucos que hoy “blindan” a esta Reforma son los mismos que se necesitarán dentro de pocos años cuando necesitemos llegar al 80% de los hogares y al 95% de las PyMES y la Red de Telecom de México requiera 90MHz más de espectro. Probablemente las prioridades legislativas no estarán apuntando al sector cuando esto se requiera.

Estamos entonces cerca de tener una muy necesaria Reforma a las Telecom y muy pronto, merecidamente, enfrentaremos también los retos que nos plantea el no reformar las arcaicas instituciones que sustentan a nuestro Estado.

¿Y 4G?

La firma Telegeography recientemente publicó un estudio donde reconoce que, a más de un año de su lanzamiento, la adopción de los servicios 4G sigue siendo muy limitada.

El estimado es que dentro de tres años, habrá en el mundo 50 millones de suscriptores, lo cual dista mucho de ser una cifra significativa en un mercado que el año pasado superó los 5 mil millones y donde  los usuarios móviles de Internet representan el único segmento de crecimiento acelerado.

Existen múltiples causas para la baja adopción de 4G, pero fue en 2008 cuando expuse una particular, buen momento para releer esta nota.

Lo que aún no se dice sobre la migración a la TV Digital Terrestre

La noticia de que Felipe Calderón adelantará la transición a la TV Digital Terrestre (vía el “apagón analógico”) fue sorpresiva, incluso para un servidor que apenas dos días antes era citado en el diario Reforma haciendo un llamado para ello.

Mucho se ha comentado en medios electrónicos e impresos, aún, es importante destacar estos puntos que aún han sido poco o nada mencionados en la discusión del tema:

México no es el primer país que adelanta el “apagón”

La TDT es un asunto de política de Estado que ha sido considerado indispensable para la competitividad tecnológica de las naciones.

Un ejemplo es España, que en el año 2005 derogó su decreto de TV digital de 1998 para adelantar el proceso de migración TDT ubicando la fecha de cese de transmisiones analógicas al 3 de abril del 2010[1] (aún cuando sus compromisos con la Unión Europea le permitían hacerlo hasta 2012).

La migración no debe de implicar sólo erogaciones para el Estado

E incluso puede ser un proyecto que genere importantes ingresos fiscales.

Cuando después de dos guerras (Irán  y Afganistán) y un fuerte estímulo fiscal para salir de la recesión de 2001, el gobierno de George W Bush necesitaba rebalancear el déficit fiscal de los Estados Unidos, miró al proceso de migración a la TDT como fuente de nuevos ingresos fiscales.

La definición de la fecha definitiva para la migración a la TDT en Estados Unidos, curiosamente se fijo dentro del Acta de Reducción del Déficit de 2005. Si bien se plantea que los ingresos generados por las subastas de espector liberado se usarían en parte para subsidiar a los consumidores en la transición, se establece también que para septiembre del 2009 se deberá transferir un remanente de al menos $7,363 millones de dólares al Estado.

No sólo se liberará espectro para usos privados

Estados Unidos prové un ejemplo al considerar un uso específico para el Estado para una porción del Espectro liberado.

En ese país, como resultado de la transición, se dedicó el espectro ocupado por los canales 63, 64, 68 y 69 para usos relacionados a Seguridad Pública[2] a partir del mandado establecido en la Acta de Reforma de Inteligencia y Prevención de Terrorismo de 2005[3].

Es un error considerar tabú el uso del espectro en usos adicionales a la TV

Siempre y cuando se establezcan reglas claras y se respete el uso del espectro para mantener al menos un canal de TV abierto, el uso del espectro para servicios de paga es también considerado en Estados Unidos.

La FCC estableció que los operadores de TV podrán usar el espectro de acuerdo a su “mejor criterio de negocios”, incluyendo su explotación para servicios que generen ingresos por suscripciones, siempre y cuando:

  • Mantengan la transmisión de al menos un canal de SDTV de forma gratuita[4].
  • Paguen una contraprestación equivalente a 5% de sus ingresos por estos servicios[5].

En España, desde 2004 se consideró que:

  • La explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas están sometidas a los requisitos y a las condiciones establecidas en la Ley General de Telecomunicaciones.
  • En la prestación de los servicios adicionales de datos podrá destinarse hasta un 20 % de la capacidad transmisión digital del canal múltiple, siempre y cuando se asegure una calidad de servicio satisfactoria.

La migración a la TV Digital es un gran paso, pero…

Se requieren más acciones para contar con más competencia en el mercado de TV abierta.

Diversos actores han expresado su interés en contar con un canal de TV abierta a nivel nacional. Más allá de las expresiones de interés es no hay mejor señal de ello que la gran cantidad de periódicos, cadenas de radio y otros grupos empresariales por haber iniciado operaciones de canales de TV restringida (en cable o TV satelital).

Por otro lado, en función del gran interés de múltiples actores nacionales para operar canales de TV, no hay razón para que la restricción de inversión extranjera en este tipo de servicios continúe teniendo sentido. Al haber 4, 5 ó 6 cadenas nacionales privadas e infinidad de canales públicos (11, 22 y los que vengan como resultado de la migración), es risible pensar que sacrificamos soberanía al permitir la entrada de 1 o 2 cadenas extranjeras.

La TV Digital terrestre no se trata sólo sobre mejor audio y video

La característica más relevante de la TDT es que usa más eficientemente el espectro radioeléctrico para ofrecer:

  1. Transmitir en los 6Mhz que hoy ocupa un canal analógico, hasta 4 canales digitales con la misma calidad de audio y video (Standard Definition TV) pero con mejor tolerancia a la interferencia.
  1. Transmitir menos canales SDTV  y dedicar el ancho de banda restante (de 1.5 a 4.5 MHz) a servicios de TV interactiva o de telecomunicaciones.
  2. Transmitir menos canales, pero con calidad superior a SDTV hasta un solo canal con calidad de Alta Definición.
  3. Liberar espectro para permitir la coexistencia de más canales VHF ó UHF al no ser requeridos “espacios en blanco” entre canales (el canal 3 como separación del 2 y el 4 en VHF, o los canales 23 a 27 para separar el 22 del 28).
  4. Liberar espectro de UHF para servicios de telecomunicaciones como telefonía móvil, internet de banda ancha o TV para teléfonos móviles.

[1] Real Decreto del 29 de julio de 2005 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27006-27014.pdf

[2] The Benton Foundaiton. Summary of The Digital Television Transition and Public Safety Act of 2005. Pág 2. Disponible en: http://www.benton.org/benton_files/dtvbillsummary.pdf

[3] Idem 4, pág 5.

[4] FCC. Digital Television Frequently Asked Questions. Disponible en: http://www.fcc.gov/mb/policy/dtv/

[5] OEA – CITEL. Digital Terrestrial Television Broadcasting Implementation Guide. Disponible en: http://www.citel.oas.org/ccp2-radio/TV%20Digital/P2!R-0811p1r2_i.pdf

Acelerar la migración a la TV Digital Terrestre

El día de hoy, el suplemento Enfoque del periódico Reforma publica una “Agenda de fin de sexenio” donde 10 especialistas como María Amparo Casar, Emilio Alvarez Icaza y Santiago Levy, entre otros, sugieren una idea que el gobierno de Felipe Calderón podría ejecutar durante los dos años que quedan a su sexenio.

Reproduzco el texto de mi propuesta para el sector de Telecomunicaciones la cual tuvo que ser editada por razones de espacio en el periódico:

Cientos de miles de mexicanos durante el mes de julio hicieron más que lo que el Gobierno Federal ha hecho en décadas para contribuir a una oferta más plural y democrática de medios de comunicación electrónicos y de paso ayudar a reducir la brecha digital en beneficio de la competitividad del país. ¿Qué hicieron estos ciudadanos?, pues compraron un televisor nuevo para poder disfrutar mejor del Mundial en Sudáfrica y con ello ayudaron a acelerar la adopción de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Vía sus modernas “teles nuevas para el Mundial” muchos mexicanos disfrutaron del evento en alta definición con una simple antena área y sin necesidad de contar con una suscripción de TV satelital o por cable, en una experiencia muy superior a la de la TV tradicional, la cual es una tecnología con más de 50 años de antigüedad.

Pero la TDT ofrece además beneficios sociales que van mucho más allá del disfrute individual que como medio de entretenimiento pueda ofrecer. El día que todos los televisores del país sean digitales, será técnicamente posible otorgar nuevas concesiones (explotación de canales de TV con fines comerciales) y permisos (uso de canales con fines sociales) para que el ciudadano promedio cuente con una oferta más plural de contenidos. No sólo eso, al ser la TDT una tecnología más moderna y eficiente, permite se libere espectro radioeléctrico para su uso en redes de banda ancha inalámbricas de las cuales también está bastante necesitado nuestro país

Ya sea por miopía o negligencia, nuestro país definió como política pública la migración a la TDT para el año 2021. Tal migración ya ocurrió en Estados Unidos durante 2009 y en España y otros países europeos ocurrió este año. Brasil lo tiene programado para 2016.

Felipe Calderón tiene en su manos la posibilidad acelerar este proceso y brindar del goce de sus beneficio a todo el país o convertirnos en un basurero electrónico mediante la importación de televisores que en todo el mundo ya comienzan a ser obsoletos.

Específicamente se pueden emprender como acciones:

  1. La prohibición de la importación y venta de televisores que no cumplan con la norma de Televisión Digital Terrestre emitida por el Ejecutivo desde el año 2001. De forma que el proceso de migración se acelere simplemente dejando actuar la recurrente demanda natural por nuevos televisores.
  2. La SCT, dado su nuevo nexo con el regulador Cofetel y en coordinación con ésta, debe iniciar ya los estudios de factibilidad para determinar la cantidad de espectro dedicado a:
    1. Nuevos canales de Televisión
    2. Nuevos servicios de telecomunicaciones como acceso de banda ancha móvil, fijo y
    3. Nuevos servicios basados en suscripción como TV por microondas o TV en dispositivos móviles
    4. La cantidad de nuevos canales de televisión disponible para ser licitados y permitir la entrada no solo de una tercera sino de una cuarta, quinta o sexta cadena televisiva a nivel nacional
  3. La SCT de la misma manera puede empezar un proceso de consulta pública para determinar
    1. La cantidad de canales dedicados a permisos para la operación de canales con un interés social
    2. Iniciar el otorgamiento de permisos a aquellos canales que tienen este fin y que hoy sólo cuentan con difusión por TV por cable (del Congreso, Judicial, TVUNAM, etc.)
  4. En función de ello, el Ejecutivo podría definir antes del final de este sexenio un calendario para la asignación del espectro liberado  e incluso comenzar a licitarlo. En otros países (Estados Unidos) esto permitió el financiamiento de subsidios para permitir a usuarios de bajos recursos el acceso a canales de TV abierta incluso cuando no tenían posibilidad económica de cambiar sus televisores.

En nuestro país, el hecho de que nuestros principales socios comerciales ya hayan migrado a la TDT junto con el gran apetito que existe por contenidos televisivos juegan a nuestro favor para poder acelerar el proceso de forma menos costosa para el erario. Sólo se requiere un mínimo de interés por parte del Ejecutivo para poder hacer una acción de altísimo impacto y trascendencia mucho más allá de la coyuntura de este sexenio.

El proceso de sucesión en Cofetel

El pasado 31 de marzo, Reforma me citó respecto al proceso de sucesión en la Presidencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones

Carlos Silva, especialista en el sector, explicó que la situación de la Cofetel se complicó más al asignarle la regulación de la industria de radiodifusión, altamente politizada y cargada de intereses.

“Al estado de parálisis y litigiosidad de las comunicaciones se le suman las complicaciones políticas del radio y TV”, enfatizó.

Primero, es ilógico que a menos de un mes que se requiere renovar la presidencia de Cofetel, no exista la menor señal hacia usuarios e industria ya no de quién será el próximo presidente del regulador (¿no se esperaría que previo a ello se trabajar en un plan de transición o una certeza de que el actual presidente repetiría en el cargo?) sino de siquiera cómo se va a llevar a cabo este proceso.

Segundo, es claro que en temas de radiodifusión (Radio y TV), seguimos mirando al pasado. Todas las grandes polémicas que se pueden generar desde ángulos sociales, educativos o electorales sobre el mejor uso de un recurso escaso propiedad de la nación (el espectro radioeléctrico), se tornan irrelevantes cuando el insumo se puede generar en abundancia. Eso es precisamente lo que hace la migración a la Televisión Digital Terrestre. Dar una respuesta económica y técnica a las interminables discusiones de café en las que nos gustar perder el tiempo en México.