¿De a cómo la Red?

A la fecha, en las definiciones del proyecto de Red Compartida del Ejecutivo Federal, planteado en la más reciente Reforma de Telecomunicaciones, se ha evadido la discusión y definición de las regulaciones económicas que deberán aplicar al operador de esta red.

  • Evitando la discusión Si bien la SCT publicó una consulta sobre el tema, la Secretaría autoriza la participación sólo a quien, a su total discrecionalidad, se determine tiene “interés legítimo”[1] y sea Persona Moral o representante de una Persona Moral ligada al sector de Telecomunicaciones. En paralelo para definir “el título de concesión, las bases de licitación y la convocatoria con base en modelos de negocios y corridas financieras”[2] la autoridad anuncia que ha delegado la responsabilidad en la firma Deloitte que ganó un contrato.
  • Objetivos que plantean dilemas: La Red tiene objetivos que serán medidos por su “rentabilidad social”[3] como mejorar la calidad y llegar al menos al 98% de la población y a la vez debe ser un negocio sano,  “sin necesidad de subsidios”[4], capaz de generar un retorno de inversión suficiente para sus inversionistas, hacer posibles nuevas inversiones para aumentar cobertura y mantener actualizadas sus capacidades así como generar ingresos fiscales al Estado.
  • Ante tales dilemas, al día de hoy imperan las indefiniciones. Sin reglas claras, el Concesionario gozaría de un amplio margen de discrecionalidad para el establecimiento de los precios y otras políticas comerciales que determinarán el resultado final respecto al número total de nuevos entrantes, su efecto en la calidad y los precios de los servicios y si realmente esta iniciativa desincentivaría o no la inversión por los operadores ya establecidos.

Condiciones contractuales

La trascendencia de los objetivos de la Red obligan a la autoridad a ser muy clara sobre en qué términos el operador mayorista podrá determinar o no la relación que tendrá con sus clientes vía estas condiciones.

  1. Consumos mínimos y Plazo de los contratos – Ningún operador construye su red partiendo de ver como objetivo estratégico el rentar capacidad de mayoreo a sus competidores. Hacerlo requiere hacer inversiones, que deben recuperarse ofreciendo el servicio sólo clientes mayoristas que sean rentables. La rentabilidad de estos contratos se logra estableciendo montos mínimos de facturación y plazos forzosos que deberán cubrirse por el contratante.

Es responsabilidad del regulador definir los parámetros dentro de los cuales el Operador de la Red pueda establecer consumos mínimos y plazos forzosos a sus clientes, pues esas son variables claves que afectarán tanto la rentabilidad y viabilidad del Concesionario, como la cantidad de empresas interesadas en entrar al mercado rentando la Red.

  1. Precios y Factores de productividad – El precio unitario de cada servicio provisto por la red (minutos, mensajes SMS, Megabytes) es la variable que de forma más directa influenciará el efecto de la red en el mercado.

Un precio demasiado bajo, comprometerá la permanencia del Operador de la Red y la de otros operadores establecidos que enfrentarán fuerte competencia de nuevos operadores que gozan de esos costos bajos. Un precio demasiado alto, hará menos atractiva la entrada al mercado de nuevos competidores y ayudará a mantener el estado actual de las cosas, pues la promoción de la competencia no será posible proveyendo un insumo esencial en condiciones iguales o similares a las que ofrecería un operador gozando utilidades de monopolio.

En cualquiera de los casos, el IFT deberá hacer explícita la metodología que defina los límites con los que el Operador podrá definir sus precios para la consecución de los objetivos de la Red. De la misma manera, una metodología de revisión periódica, idealmente basada en factores de productividad, deberá garantizar que tales precios mantengan su competitividad en relación a los precios de mercado.

  1. Información Financiera – El IFT mucho podrá aprender revisando la regulación de la Unión Europea sobre el tema, la cual está enfocada en “obligar a los operadores de red a rentar capacidad de sus redes a todos los proveedores de servicio a un precio justo. Donde un precio justo consiste en la inversión adecuada, el costo de operación y un retorno de inversión modesto”[5].

Los operadores entonces están obligados a proveer información financiera para que el regulador pueda evaluar si las tarifas de los servicios de red son justos. De forma que estos cálculos no sean el mecanismo para llevar al mercado posibles ineficiencias en la operación del operador, se puede hacer uso de la metodología del “operador eficiente”, la cual ha sido ampliamente discutida en el país y utilizada por COFETEL[6] para la resolución de disputas para tarifas de interconexión de la última década.

La obligación de compartir la información financiera necesaria para evaluar su nivel de precios debe quedar plasmada en el título de concesión del Operador de la Red.

  1. Plazos para metas de cobertura – El plazo constitucional establece que la Red “estará en operación antes de que concluya el año 2018”. Por el modelo publicado por SCT e IFETEL se desprende que el operador será capaz de lograr sus metas de cobertura social reinvirtiendo utilidades, por lo que no parece viable que en ese plazo se logre la meta de cobertura del 98% de la población que se ha planteado para la red[7].

Si no se espera que el Concesionario de la Red complete su cobertura para 2018, ¿cuál es el plan de expansión con el que deberá cumplir? ¿Su incumplimiento implicará penalizaciones?

La falta de plazos claros e incentivos para su logro podría incentivar al Concesionario a maximizar el tiempo dedicado sólo a los lucrativos mercados urbanos buscando retrasar en lo posible entrar a los mercados rurales que requieren más inversión y representan menos ingresos.

 

Anotaciones finales

Hay pocos o nulos antecedentes de modelos exitosos por parte de algún Estado interviniendo en un mercado previamente liberalizado de forma tan directa y con un esfuerzo de tal magnitud como la Red Compartida. Pero poco puede discutirse hoy de una iniciativa que ya es letra constitucional.

Lo menos que podemos esperar entonces es que para la Red se establezcan objetivos de política pública claros y medibles, logrados mediante acciones debidamente fundamentadas.

Aun cuando el proyecto de Red compartida reconoce que los objetivos de la infraestructura son multidimensionales, son muchas las interrogantes en los mecanismos que se implantarían para lograr tales objetivos. Por la trascendencia de los fines que se buscan, el país merece una definición clara y pública de los mecanismos regulatorios que buscarán garantizar tales beneficios. Esta es demasiada responsabilidad en manos de la autoridad que no puede simplemente descargarse a un tercero vía un proyecto de outsourcing.

 

[1] SCT. «Secretaría de Comunicaciones y Transportes.» Red Compartida. 5 de febrero de 2015. http://www.sct.gob.mx/comunicaciones/red-compartida/ (último acceso: 8 de febrero de 2015).

[2] Martínez, Ana. «SCT pagará 114 mdp por consultoría para red compartida.» El Financiero, 15 de diciembre de 2014.

[3] SCT e IFT. Modelo y uso de la banda. 2014, p 30-31

[4] SCT e IFT. Modelo y uso de la banda. 2014, p 28.

[5] Kiiski, Annukka, y Heikki Hämmäinen. «MOBILE VIRTUAL NETWORK OPERATORS: CASE FINLAND.» s.f. http://userpage.fu-berlin.de/~jmueller/its/conf/berlin04/Papers/Kiiski_paper.pdf (último acceso: 1 de febrero de 2015).

[6] COFETEL. «Consulta pública de los Modelos de Costos de servicios de interconexión fijos y móviles .» s.f. http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2012/05/Consulta-P%C3%BAblica.pdf (último acceso: 31 de enero de 2015).

[7] SCT e IFT. Modelo y uso de la banda. 2014, p 27.

Internet no es tan distinto

Internet no es muy distinto de otras infraestructuras tradicionales y reconocerlo es una de las mejores formas de defender a la Red.

Las autopistas anteriores a la autopista de la información

Una carretera, como infraestructura física que facilita el transporte, es un habilitador de infinidad de actividades económicas que generan riqueza, tanto a los actores privados que participen de la actividad así como a terceros que pueden recibir beneficios indirectos (“derramas” usando la terminología económica) en la forma de mejores precios, el acceso a nuevas opciones de consumo, o la generación de empleo, entre muchas otras.

Pero las carreteras también hacen posibles otros beneficios sociales que, al no tener relación directa con la actividad económica, no pueden ser capturados con un simple análisis de impacto productivo: una carretera puede permitir a cualquier persona visitar con más frecuencia a sus amigos y familiares en otras ciudades, así como tener acceso a servicios educativos. culturales, recreativos o de salud a los que no tendría acceso acceso en su población natal.

El valor económico y social de la infraestructura es tal que la primera meta de política pública, respecto a cualquier tipo de infraestructura, es garantizar el acceso de forma no discriminatorio a toda persona o institución que requiera su uso.

Es por ello también que una carretera es un activo que cuenta con la mayor protección por parte del Estado: atentar contra tal infraestructura física es un delito del fuero federal y aún cuando la construcción y operación de ésta puede estar concesionada a particulares, el Estado mantiene una fuerte labor de supervisión y vigilancia para la protección de la misma.

Garantizar el acceso, sin embargo, no es sinónimo de gratuidad, ni limita la posibilidad de implantar medidas que contribuyan a la viabilidad económica de la infraestructura. En ese sentido, la existencia de autopistas de cuota no va en contra de la posibilidad de acceso irrestricto y no discriminatorio. El principio de no discriminación se mantiene al no existir cobros diferenciados entre el automóvil que transporta a viajeros de negocios, del que transporta a vacacionistas y a éstos del que transporta estudiantes; todos los automóviles pagan la misma cuota.

La existencia de tarifas diferenciadas para automóviles, autobuses y vehículos de carga refiere a una necesidad de cubrir los costos de la infraestructura de manera equitativa (el desgaste generado por un camión de carga de tres ejes es mayor al que genera un auto compacto), pero de nuevo, si un autobús transporta maíz o transporta metales preciosos, esto no es un criterio para el pago de tarifas distintas o para restringir el acceso de cualquier forma.

Internet es una infraestructura como cualquier otra y partiendo de reconocer ese status es más fácil el análisis respecto a debates recientes sobre la Red en México.

La Ley Bueno Torio-Castellón-Tentri

En Abril de 2012 los Senadores Fernando Tentri, Javier Castellón (quien posteriormente lo negaría via Twitter) y Juan Bueno Torio presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que otorgaba a los operadores “plena libertad de ofrecer diversas calidades del servicio, de ancho de banda y de contenidos o de cualquier otro valor agregado” siempre y cuando el operador en cuestión diera a conocer de forma explícita “cualquier práctica de restricción al tráfico, por causa de contenido, del tipo de protocolo, por la aplicación utilizada, por el ancho de banda, así como de toda administración del tráfico que censure, impida, desvíe, de prioridad o retrase su velocidad, en función del origen o destino de la comunicación”.

Abusando del cliché que confunde a la transparencia como un objetivo en sí mismo y no como la herramienta de política pública que es, la iniciativa propuesta por los tres senadores mencionados contraviene principios esenciales de toda infraestructura pues:

1. Ve en la “transparencia” un mecanismo que pretender reemplazar la obligación del Estado de vigilar y garantizar el acceso no discriminatorio a la infraestructura.
2. Otorga a privados facultades para la gestión de la infraestructura digital, cuando los símiles del mundo físico de tales facultades son exclusivos del Estado.

Por más calificativos políticamente correctos que se agreguen (en este caso, la tan manipulada “transparencia”), el degradar selectivamente el acceso a la red hidráulica, eléctrica, de drenaje o a la red carretera es abiertamente una burla y una contradicción a la naturaleza de cualquier infraestructura. En ese sentido, Internet no es distinto.

La firma del tratado ACTA por parte del Ejecutivo Federal

Mucha discusión y activismo en su contra ha generado el Tratado ACTA que pretende establecer mecanismos legales para facilitar la prosecución de delitos relacionados a violaciones al derecho de autor.

No es necesario profundizar en las propiedades inherentes a Internet y tecnología para llegar a una conclusión sobre el posible impacto de la implantación de un instrumento como ACTA y los derivados de este tratado.

Usando de nuevo el símil de la carretera: un automóvil paga la misma cuota en una autopista así transporte turistas, hombres de negocios, estudiantes, narcóticos, cadáveres o personas secuestradas. El cobro se lleva a cabo por el uso de la infraestructura y no en función del fin de tal uso. Igual de importante, el uso ilícito por parte de algunos usuarios no es pretexto para imponer restricciones o mecanismos de control al nivel de todo el sistema. Ni todo el perjuicio social y económico causado por el narcotráfico es justificación para imponer controles o restricciones ex-ante en todo el sistema carretero y a todos los usuarios del mismo.

Todo el perjuicio que se pueda causar a una sola industria (la que sea), debe ser perseguido criminalmente. Personalmente celebro la detención de Kim “Dotcom”, fundador de Megaupload, de quien hay elementos sólidos para sospechar que operaba su servicio con la única intención de lucrar facilitando las descargas de contenidos protegidos por derechos de autor.

Si Kim Dotcom es encontrado culpable, sin embargo, este hecho no puede servir de precedente o justificación para imponer controles en la actividad de todos los usuarios de Internet como ACTA pretende.

Tales controles policiales ex-ante no existen para ningún otro tipo de infraestructura por dos razones sencillas: la infraestructura es un insumo de uso general tanto para empresas de todas las industrias como para la población en general. Es altamente probable, y casi una certeza, que el impacto económico negativo que el uso de una infraestructura genere en una industria en particular, sea despreciable comparado contra el impacto de limitar el uso de dicha infraestructura para TODAS las industrias.

El análisis económico ya parece dar una razón rotunda para el rechazo de instrumentos como ACTA, pero la segunda razón es aún más severa: toda infraestructura tiene usos en el ámbito social cuyos beneficios no son medibles económicamente. Los beneficios que Internet puede traer (con todo y sus negativos de la mano en forma de contenidos fraudalentos, spam y otros) en la forma de mayor y mejor acceso a información, de un incremento de la discusión sobre temas públicos y de facilitar la comunicación entre personas, entre muchos otros, no pueden cuantificarse.

El reconocer tales beneficios y la imposibilidad someterlos a un simple análisis de costo-beneficio, es el fundamento para buscar facilitar, no controlar, el acceso a más usuarios a la infraestructura. Por ello no se requiere solicitar permiso especial cada vez que se usa una carretera, ni se debe informar la naturaleza de las llamadas a una compañía telefónica y no es requisito indicar los equipos que se conectarán a la red al solicitar el servicio eléctrico para un hogar.

En conclusión, el análisis de ACTA desde el punto de vista de la protección de Internet como a cualquier otra infraestructura, lleva al rechazo categórico e inequívoco al tratado.

Encuentre las diferencias

Analizados los dos casos anteriores cabe preguntarse cuáles, si es que existen, son las diferencias sustanciales de este enfoque respecto a la llamada “Neutralidad de la Red” que busca, basado en un principio de diseño técnico, definir características consideradas esenciales para mantener Internet como una red abierta a la innovación y al libre intercambio de ideas.

Como he expuesto en ocasiones previas, no existe ningún inconveniente en sí mismo en el postulado de la “Neutralidad”, excepto que al centrarse exclusivamente en el respeto al núcleo de la Internet (la infraestructura para la transmisión de información sin importar la naturaleza de ésta, justo como debe hacer cualquier infraestructura), en la práctica la neutralidad puede usarse como en pretexto para voltear a otro lado cuando ocurren abusos en los servicios que la Red habilita.

Es una exageración decir que la llamada “Primavera Árabe” se debe sólo a la existencia de Twitter y Facebook, pero más difícil habría sido que tal fenómeno se hubiera dado sin la posibilidad que esas redes sociales ofrecen para ser un insumo para actividades comerciales así como facilitar la expresión de ideas y la participación ciudadana (como ocurre con cualquier otra infraestructura).

Por otro lado, tan indeseables deben considerarse iniciativas como la Ley Torio-Castellón-Tentri o el tratado ACTA y otros similares como también son las supuestos prácticas anticompetitivas por parte de operadores de buscadores de Internet, por mostrar un ejemplo.

Conforme la difusión de servicios de Internet aumente, tanto la infraestructura física (la Red) como los servicios ofrecidos en ella, serán infraestructura cada vez más crítica para la actividad económica y para la sociedad. Siendo ambas infraestructuras, deben ser ambas analizadas como tales, sin ser sujetas a análisis igual de discriminatorios que los propuestos por ACTA y otros instrumentos indeseables.

Carlos Silva Ponce de León – Las opiniones del autor son propias y no reflejan ninguna postura de las instituciones con las que está afiliado.
@csilvanet

De nuevo el NAP

Con las siglas alternas “IXP” (Inter eXchange Point) que se refieren a la misma infraestructura también conocida como “NAP” (Network Access Point), recientemente revivió en México la idea de que el Estado sea promotor de tal infraestructura.

Durante años he cuestionado la lógica de que tal iniciativa tenga que ser originada por el Estado y mucho menos usando recursos públicos escasos que se requieren en múltiples otras iniciativas como construir redes en áreas rurales, pues en ningún lugar del mundo las redes llegan a tales áreas sin la intervención (directa o indirecta) del Estado.

CNNExpansión me entrevistó sobre el tema:

¿Y es necesario un IXP?

En México no se ha instalado un IXP porque no se necesita, destaca Carlos Silva Ponce de León, analista independiente y ex investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicos (CIDE).

El experto realizó un estudio sobre el tema en 2003 y entonces consideró que no existía una prioridad para instalar un punto de interconexión de Internet en México, y su postura no se ha modificado desde entonces.

“Bestel y Telmex, empresas que se odian a muerte en interconexión telefónica, cuentan con convenios en Internet. ¿Dónde está el problema?”, expresó el analista.

Carlos Silva también cuestionó que el Gobierno sea el impulsor del proyecto cuando en ningún país del mundo, salvo Cuba, sucede algo similar.
“Estos proyectos son impulsados por la iniciativa privada en todo el mundo”, comentó.

Aunque consideró que si bien el costo tampoco es significativo en relación al gasto del Gobierno, se deben atacar otras prioridades como la extensión de la red de fibra óptica o la entrada de inversión extranjera para impulsar al sector.

La iniciativa nace a partir de las recomendaciones que la OCDE hizo en su estudio “Review of Telecommunications Policy and Regulation in Mexico”. Debo aclarar que el estudio en su mayoría es uno que se trabajó con bastante seriedad. Fue lamentable que en nuestro país fuera descalificado a priori y con argumentos muy endebles (la OCDE publicó una respuesta a todas esas críticas).

Adoptar de una vez todas las recomendaciones de la OCDE no sería una solución mágica a todos los problemas de las telecomunicaciones de nuestro país, ni mucho menos algo que sea lógico esperar implementar de forma inmediata (por ejemplo, en el limitado tiempo que le queda a la actual administración federal).
Si algo se le puede criticar de manera general al reporte de la OCDE es de decir pocas novedades de fondo. Los problemas ya son de antaño conocidos. Pero comparar nuestra infraestructura con la de aquellas naciones que tienen el nivel de desarrollo al que México aspira, es un ejercicio necesario que debe hacerse de recurrente. En ese sentido, descartar el valor del reporte como una herramienta para el diagnóstico y guía para el diseño de una nueva política pública para el sector es un error gravísimo.

Por otro lado, el debate que nos sigue quedando como tarea pendiente a nivel nacional, es el del detalle de los cómos y cuándos, particularmente a la luz del apresurado plan de 10 acciones que la SCT anunció como respuesta durante el mismo evento de presentación del estudio. Ahí particularmente llama la atención una acción específica que SCT consideró crítica aún cuando el reporte de la OCDE, si bien la menciona en el cuerpo del documento, no la incluye en su lista de recomendaciones finales.

En el apartado “Acceso de banda ancha” la OCDE menciona que “El gobierno deberá estimular a los ISP para que establezcan un punto de interconexión de internet” (OCDE, 2012, pág. 37). En función de ello, el plan de 10 acciones de SCT define: “La novena acción contempla instalar un punto de interconexión a internet o IXP, el primero en México, a fin de facilitar el intercambio de tráfico con la red mundial de la información, de una manera más rápida, eficiente y económica.” (SCT, 2012).

La propuesta de contar con un IXP (Inter eXchange Point) o NAP (Network Access Point) de Internet en México no es para nada reciente y tiene su fundamente en infinidades de beneficios que tal infraestructura podría proveer. De acuerdo a la OCDE un IXP “… permite el intercambio de tráfico en un solo punto, reduce los costos de tránsito, elimina los costos de transporte transfronterizo y genera incentivos para crear contenido nacional.” Por su parte la SCT atribuye a la eventual instalación de un IXP el poder facilitar “el intercambio de tráfico de internet, haciendo la transacción (sic) más rápida, eficiente y barata” pues “en estos puntos convergen muchas redes, lo que permite que, cuando una red se conecta con un solo IXP, puede acceder a todas las redes que llegan al mismo sitio” (SCT, 2012).

La OCDE en su reporte llama la atención sobre el hecho de que México es una de muy pocas naciones que no con este tipo de infraestructura es correcta. Somos de hecho el único país miembro de la OCDE y también uno de los pocos países en Latinoamérica en esa situación (Silva Ponce de León, 2005, págs. 380-381). La OCDE apunta correctamente que los IXPs han surgido de esfuerzos de cooperación (faltaría aclarar que de la industria) e insta al Estado a promover la creación de uno en el país.

Bajo esta óptica, instalar un IXP parecería una prioridad que el Estado debería promover ante la miopía de la industria y de la misma administración pública. Una vez que los proveedores de Internet dependen de infraestructura en el extranjero para hacer que sus redes estén interconectadas, es claro que incurren en ineficiencias que les generarían altos costos que tendrían que trasladar a sus usuarios.

Y hasta aquí, en papel, no se puede más que estar de acuerdo con el planteamiento de SCT de buscar con urgencia el contar con tal infraestructura, excepto por el hecho de que el diagnóstico del que se parte es incorrecto y la capacidad de impactar positivamente el desarrollo de la Red en México es mínima comparada con otros problemas que se deben atender y potencialmente nula.

En específico, construir un IXP poco puede hacer para aliviar el problema de una infraestructura limitada y poco asequible para el común de los mexicanos una vez que:

  • Las redes que conectar a México con el resto del mundo ya se encuentran interconectadas.
  • La existencia de tal infraestructura no cambia en mucho la disposición que los distintos proveedores puedan tener para interconectarse.
  • Los proveedores de Internet pequeños, el pretendido foco de atención de un IXP, poco acceso real podrían tener a un punto concentrador (o incluso varios) que se instalaran para ello.
  • Sin restar valor a la totalidad del documento de la OCDE, que es una revisión robusta y bien documentada a las diferentes carencias en infraestructura de telecomunicaciones de nuestro país, el análisis que hace sobre la necesidad de contar con un IXP es erróneo.

    Erróneo al detectar un problema que no existe, de nueva cuenta como multiplicidad de actores lo han hecho en el pasado, pues las grandes redes dorsales de Internet de las que dependen la gran mayoría de los usuarios de nuestro país YA están interconectadas, simplemente porque les conviene económicamente y los incentivos son tales que no se ha requerido intervención del Estado y ni las disputas que las empresas involucradas tienen en otro tema llegan a ser obstáculo suficiente.

    Y erróneo al prescribir una receta sin sentido y sin sustento en la evidencia internacional, pues como comento en la nota donde me cita CNNExpansión, el único país del mundo donde se crearon NAPs “por decreto” del Estado es Cuba. Difícilmente un modelo de desarrollo al que nuestra nación quiera aspirar.

    En resumen, es realmente preocupante el pobre análisis que las autoridades realizaron para incluir la construcción de un IXP como una prioridad para el país y la excesiva confianza que tienen tal acción como generadora de impactos positivos para la difusión del uso de Internet

    Are Internet NAP’s relevant for Latin America?

    Ante la recurrente necesidad de discutir este tema, creí conveniente rescatar este artículo que escribí en el remoto año de 2002 para la ahora extinta revista Latincom sobre la necesidad de contar con NAPs / IXPs en Latinoamérica.

    Muchas de las ideas que se exponen parecen ser desconocidas para infinidad de “expertos” sobre el tema.

    Are Internet NAP’s relevant for Latin America?

    When Bill Clinton decided it was time for the Internet to be opened up for commercial use, the US government was still funding the NSFNet, “The Backbone” that interconnected all participating networks in just one single Internet.

    A new market was going to be born, where any operator could invest on Internet infrastructure. Still, a new technical mechanism was needed to replace the NSFNet’s integrating role so all networks could remain interconnected with each other, without relying on the infrastructure of a single monopolistic provider.

    The US government favoured a model of telecommunications hubs. Operators made bids to build and operate one of the four NAP’s (Network Access Points) that were established on Washington DC, New York, California and Chicago making possible for all networks to remain interconnected.

    By 1997, it was obvious that just four points were not enough to cope with the increasing complexity of interconnecting more and bigger networks. Complains about NAP congestion were a common place and new business perspectives questioned the “interconnect to everyone” proposition; in particular, some large companies (MCI the most notorious example) considered that treating significantly smaller networks as “peers” was equivalent to actually subsidising competitors.

    In a market completely free of government intervention, some companies were created with the sole purpose of profiting by solving the Internet’s interconnection issues. Some of them were dedicated to provide simultaneous connection to multiple networks ( “bandwidth aggregation services”), others created “private” NAP’s (by 1997 were around 80 NAPs in the world) and some other created overlaid networks for fast distribution of content.

    But more relevant, most carriers decided to interconnect their networks in mutually agreed private interconnection points that used their own facilities, avoiding reliance on third parties. These private agreements have severely diminished the real importance of the four original public NAP’s and of the aforementioned companies that had to survive from other revenue sources like access, collocation or managed services. .

    Most articles dedicated to the history of the Internet, however, ignore these facts and stop at the deployment of the four original NAP’s. Maybe that’s the cause of the strange relevance that some media in Latin America give to every NAP-related announcement.

    Back in 2001 the Secretary of Communications and Transport of Mexico published its Sector Plan for the 2001-2006 period with an emphasis on extending the reach and quality of government services by providing Internet access in rural areas. The e-México project, also considered “the construction of a NAP that will allow the exchange of data traffic among operators, making access to the contents of the e-Mexico System more efficient”.

    This brief announcement was the basis for at least five publications to celebrate the decision as “the end of the absolute dependence on US facilities for the exchange of national traffic”. Some analyst preached the benefits in terms of “improved performance and reduced costs to end users” and condemned the cartel of the three major carriers in the country that benefited from the use of the infrastructure of their US partners by refusing to interconnect in Mexico.

    None of those publications meant to question the members of the “cartel” on the subject. If they would have done so, their conclusions would had been quite different: no benefit outside “making access to the contents of the e-Mexico System more efficient” it would be attributable to the e-México NAP since the operators had agreed long time ago to exchange traffic within Mexico using private peering points.

    A lot of press attention has also been devoted to the so called “NAP of the Americas” owned and operated by Terremark Worldwide Inc and promoted as “the fifth NAP in the world”. Beyond the names, a NAP is as important as the traffic that flows through it and the “NAP of the Americas” with an impressive list of customers, lacks any carrier from the second largest market in the region (Mexico). Terremark is also partner in the “NAP de Madrid” in which Telefónica de España does not participate in; and the “NAP do Brasil”, that was created for ISP’s to avoid “relying on Embratel” (the largest fixed operator in the country).

    If there is a company that could symbolically claim that operates “The Fifth NAP” that could be MFS (now part of MCI), the winner of one of the original four NAP’s that after building the MAE West (Metropolitan Area Exchange) in Washington, by its own initiative decided to create a similar “twin” site on the East Cost (the MAE East). Certainly Terremark it is a company with a valid business model that is using a trademark that legally owns. Still, no single company is in a position to claim that its facilities are the ones on which Internet access for all Latin-Americans relies upon. Claiming that the “NAP of the Americas” is the “Internet gateway for Latin America” is, in the best case, just questionable.

    As a final thought, it should be expected that the debate on Internet interconnection will increase on the following years on Latin America. Smaller operator still think that they should be given the right for “no-cost”, “bill and keep” peering with large competitors. And, besides to what the OECD thinks is fair, few operators are happy about paying 100% of the dedicated lines necessary to interconnect to backbones in the US, given the fact that US operators use the same lines to terminate outbound traffic for their own paying customers.

    The increasing importance of the Internet in general, will also push local governments to reconsider their position from a hands-off approach to regulate for the benefit of the general public. However, in all cases, do not expect to see a lot of NAP’s as part of the proposed solutions.

    Más sobre Neutralidad de la Red

    El diario El Economista publicó ayer una columna sobre Neutralidad de la red que escribí con Ernesto Piedras.

    Aquí la versión completa que tuvo que ser editada para su publicación en El Economista.

    De lo particular a lo general

    La “Neutralidad de la Red” es aceptada casi de manera general como el gran principio rector de operación de Internet que la sustenta como una red abierta a la innovación y al emprendimiento y que la convierte en una gran generadora de valor para la sociedad en su conjunto.

    La idea de que la red debía ser “neutral” (permitir el libre flujo de contenidos dando el mismo trato a todos ellos por igual) evolucionó de lo particular a lo general. A partir de un principio técnico de diseño (el principio de “conectividad punta a punta” o “end-to-end”) hacia una doctrina que busca servir como fundamento de la política pública hacia prácticamente todos los aspectos de operación de la red (económicos, políticos y sociales).

    El principio “end-to-end” fue introducido en 1981 por investigadores del MIT como una normativa de diseño para el software y los equipos que integran Internet, considerando una red que no debía ser responsable de verificar la correcta entrega de información a su destinatario (dejando tal responsabilidad a sus “puntas” o equipos y software “terminales”).

    La propuesta de los autores era la de un enfoque sencillo y por lo mismo elegante para lidiar con los inevitables errores de transmisión que ocurren en cualquier red, estableciendo que “es deseable que la operación de los protocolos de comunicación opere en las puntas terminales de la red” y “ésta – como componente intermedio – no debe tratar de ofrecer ayuda a la aplicación, pues al hacerlo sólo generaría redundancias”. El planteamiento demostraba la aplicación general de ideas que ya habían sido consideradas, entre otros, por Cerf y Kahn en la primera versión del Protocolo de Internet, publicada ocho años antes.

    Teorizando sobre la Neutralidad

    De acuerdo a buscador Google Scholar, existen más de 4,000 artículos académicos que discuten el tópico “net neutrality”. A este acervo deben sumarse los muchos más artículos de opinión que se han publicado para discutir sobre el tema. Tal interés no es para menos, pues la Internet hoy ya es una infraestructura esencial para la continua operación de toda la actividad económica (tal como los son el sistema carretero, el aeroportuario o la banca) así como insumo para muchos otros bienes de altísimo valor social como el acceso a información educativa o la difusión y discusión de ideas políticas (con un rol ya tan importante como el de los medios de comunicación tradicionales).

    De manera formal, podemos establecer que Internet cumple con tres características esenciales de cualquier infraestructura[1]:

    1. Es un bien que puede ser consumido simultáneamente de forma compartida por varios usuarios (“non-rival consumption”).

    2. Es un bien intermedio que crea valor social cuando es utilizado como insumo en otras actividades productivas y dicho uso es la principal fuente tanto de la demanda del bien como de sus múltiples beneficios sociales.

    3. Su uso como insumo se da para una amplia gama de bienes y servicios, incluidos los bienes privados (e.g. comercio electrónico), los bienes públicos (e.g. la educación), y / o bienes no mercadeables (e.g. la democracia).

    Aceptado lo anterior, la teoría establece la necesidad de que toda infraestructura que cumpla con las características mencionadas debe ser gestionada de una forma abierta y transparente que facilite el acceso no discriminatorio, tal y como lo propone el principio de Neutralidad.

    Parte esencial del debate actual sobre la Neutralidad es el cómo garantizar adecuadamente tal esquema de gestión, pues donde la infraestructura generalmente encuentra respuesta en la intervención del gobierno, en Internet se percibe que tal intervención sería contraria a su espíritu de apertura (percepción fortalecida a partir de las iniciativas de gobiernos autoritarios que defendiendo la idea de un mayo rol de supervisión, buscan reprimir el libre flujo de información y de opiniones en la Red).

    Existe un elemento que dificulta el poder dar respuestas precisas a la pregunta de qué acciones serían correctas o contrarias a la defensa de principio de Neutralidad: el hecho de que no abundan los casos documentados de abusos por parte de operadores de redes y de las consecuencias negativas que éstos hayan tenido, mucho menos de que tales abusos se realicen recurrentemente generando daños que sea esencial revertir. Es difícil que la gran cantidad de teoría vertida en torno a la Neutralidad de la Red pueda contener más sustancia ante la ausencia de un problema real e inmediato que resolver.

    Así como la regulación en telecomunicaciones en todo el mundo tiene sólidos antecedentes en el análisis de lo que la autoridad en Estados Unidos tuvo que hacer para reaccionar frente a AT&T cuando buscaba sacar del mercado a MCI, hoy la Neutralidad de la Red carece de un gran intento de abuso por parte uno o varios jugadores con poder sustancial que permita que académicos, reguladores y otras partes interesadas tengan un acuerdo esencial sobre la mejor forma de proteger la apertura de Internet.

    Ampliando el ámbito del debate

    En el proceso de encumbramiento de la Neutralidad como el valor más relevante de la Red, va implícita una premisa que obstaculiza un debate completo sobre la salud del ecosistema competitivo de Internet: aquella que establece que mientras la infraestructura de red sea neutral, nada más debiera preocuparnos, especialmente respecto a lo que ocurra en los extremos terminales de la red. Esta visión parte de nuevo, de generalizar lo que era un principio puramente técnico de diseño de la Red (el “end to end”) trasplantándolo sin mayor reflexión a ámbitos como el de la competencia económica.

    Como ya se mencionó, el valor de una infraestructura está en función de su uso “como insumo en otras actividades productivas”. Un análisis desde este punto de vista, permite ver que el acceso a los recursos de la red en forma no discriminatoria (como establece la Neutralidad) no es menos importante que el acceso no discriminatorio a recursos como los son los buscadores en Internet, los espacios publicitarios disponibles en esos mismos buscadores o los recursos de cómputo remoto vía servicios “en la nube”. En todos los casos mencionados, tales recursos son utilizados como insumos para gran multiplicidad de actividades económicas y sociales, es decir, todos son infraestructura.

    Y más aun, analizando los particulares, es más fácil encontrar evidencia de operadores de servicios publicitarios discriminando a terceros en beneficio de sus propios anuncios, que de ISPs acelerando la entrega de tráfico de sus propios servicios contra los de terceros usuarios de su red.

    No parece entonces haber justificación para sustraer el análisis de la defensa de la Internet “como hoy la conocemos” en la forma como son gestionados los aspectos técnicos de la transmisión de contenidos. La Internet es la suma de su infraestructura y los servicios que habilita. En beneficio de las economías y la sociedad en su conjunto, debe ser defendida en su totalidad y no bajo la visión de dogmas que limiten artificialmente el ámbito del análisis.

    Trascendiendo el debate sobre la “Neutralidad de la red”

    La democracia y otros ideales

    ¿Qué es la democracia? “El gobierno del pueblo” se puede responder en automático. Pero en los hechos, una definición de lo que pudiera o no ser democrático es más complicada que la que ofrece un diccionario.

    Una constitución que declarara simplemente a una nación como “democrática” sin definir puntualmente mecanismos para establecer un gobierno representativo, un sistema de contrapesos y las garantías a derechos esenciales como el de asamblea o el de la libertad de expresión no serviría ningún fin a sus ciudadanos tal como a los habitantes de la vieja República “Democrática” Alemana de poco les servía el adjetivo que pretendía maquillar a un Estado abiertamente autoritario.

    Y es en esas definiciones puntuales donde no existe un acuerdo universal respeto a qué pudiera ser o no “democrático”. Una queja frecuente al sistema político mexicano es la carencia de mecanismos legales de consulta directa a la población como el referendo o el plebicito. Tal queja se contrasta con la opinión de académicos como Giovanni Sartori que, con sus universalmente aceptadas  credenciales democráticas, es un escéptico de las democracias directas y del dejar a manos no expertas las decisiones puramente técnicas que frecuentemente enfrentan los Estados modernos.

    Neutralidad funcional

    La búsqueda del término “net neutrality” entrega 127,000 resultados en Google Scholar. Además de tantos artículos académicos muchos más artículos de opinión se han publicado para discutir sobre si el concepto de “neutralidad de la red” es un principio esencial o no para el funcionamiento de la Internet “como hoy la conocemos”.

    Después de leer varios documentos sobre el tema, me parece que pocos debates hoy son tan estériles como éste. Expuestos en largos monólogos llenos de dogmatismos que parten de condenar al adversario, las opiniones que se vierten sobre el tema generalmente cometen el error de someter a discusión problemas concretos sin partir de un marco de referencia sólido para el análisis. Y lo anterior puede expresarse aún sin tomar en cuenta cómo el nivel de debate fue severamente degradado cuando los dos principales partidos políticos en los Estados Unidos tomaron posiciones antagónicas sobre el tema.

    La idea de que la red debía ser “neutral” (permitir el libre flujo de contenidos sin tratos especiales a cierto tipo de contenidos) evolucionó de lo particular a lo general. El principio de “conectividad punta a punta” (end-to-end principle) fue un concepto ingenieril que guió el diseño del software y los equipos que componen la infraestructura de Internet para integrar una red que no debía ser responsable de verificar la correcta entrega de información a su destinatario (dejando tal responsabilidad a sus “puntas” o equipos y software “terminales”) y de ahí evolucionó al inicio del milenio en la idea de “neutralidad” donde ninguna entidad particular, comercial, gubernamental podría interferir en el absolutamente libre tráfico de contenidos en Internet.

    De esta manera, lo que sería una guía para el diseño de la tecnología de Internet, se pretende sea Política de Estado (o peor aún, axioma incuestionable por encima de las facultades de los Estados) para discutir temas tan diversos y con profundas implicaciones políticas y sociales como la descarga de contenidos protegidos por el derecho de autor, la conveniencia o no de mantener operando a sitios como Wikileaks o el filtrado de contenidos que hacen diversos gobiernos dictatoriales.

    Mientras tanto, la realidad es que la  Internet “como hoy la conocemos” debe mucho a la violación de los ideales de neutralidad y es en los hechos una red que integra múltiples elementos que sí intervienen proactivamente en el trato diferenciado a los contenidos que transportan. Previamente he mencionado varios ejemplos (ver post) a los que agregaría la evidencia de las empresas que han hecho un gran negocio en facilitar la entrega de contenidos de forma más eficiente respecto al promedio de la infraestructura de la Red como es el caso de : Akamai, Amazon Cloud Front e Internap por mencionar sólo algunos ejemplos.

    De la misma manera como es un despropósito proclamar la existencia de la “Democracia” sin dotar a una sociedad de las definiciones concretas de reglas e instituciones que constituyan un verdadero régimen democrático; insistir sin más en la defensa de la “neutralidad de la red” es una propuesta que poco o nada hace para fortalecer a la Red y los servicios que de ella dependen.

    Reconocer a la neutralidad de la red como un concepto que representa tan solo un ideal, que sin definiciones concretas en instituciones y regulaciones que la soporten no servirá de mucho para favorecer el desarrollo de Internet, es un primer paso para abordar esas grandes discusiones que incrementarán su relevancia conforme las sociedades y economías incrementen su dependencia de la Red.

    La fibra oscura de la CFE

    El pasado 13 de mayo, durante el Congreso Internet 2010, declaré en entrevista a Milenio sobre la licitación de un par de fibras oscuras de la red de CFE:

    Carlos Silva, especialista en el tema, comentó que “el problema de origen es delimitar artificialmente la oferta de un recurso que es esencial para todos los operadores, pues si de algo se pueden beneficiar los usuarios mexicanos es de contar con una variedad de servicios y concentrar el ofrecimiento de infraestructura, haciendo disponible sólo un recurso de más de ocho, que potencialmente podrían estar disponibles”.

    Calificó esta decisión de un “error de política publica”, pues más allá de las empresas involucradas, ya sea de un lado o de otro, el problema de origen es esa limitación artificial que tiene un fin primordialmente recaudatorio.

    Van a ser múltiples las razones por las que se deberá lamentar el diseño de licitación de CFE. Si el Estado la limitó con fines recaudatorios, el esfuerzo fue en vano pues al contar con un solo oferente, sólo será necesaria una postura con un monto mínimamente superior al precio de reserva para adjudicarla. Al subastar este recurso propiedad del Estado para reducir el riesgo y los tiempos involucrados con una nueva inversión, el Estado está subsidiendo a los operadores ganadores, sin que éstos a cambio tengan algún compromiso adicional al de cualquier otro concesionario.

    Congreso Internet 2010

    Con mucho gusto me permito invitarles el Congreso Internet 2010: ¿Hacia la construcción de una Agenda Digital para México?, que se se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Cultural del México Contemporáneo ubicado en Leandro Valle 20, a un lado de la Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico de la Cd. de México, D.F., el 12 de mayo de 2010.

    El Congreso es organizado por la Sociedad de Internet de México (ISOC) y su servidor tendrá el gusto de moderar la mesa II :Avances en tecnologías de las 12:00 a las 14:00 horas.

    Anexo el programa completo

    Hora Mesa Ponente  
           
    9:00-915 Inaguración    
    9:30-11:30 Mesa 1: Internet y política Moderador: Jesús Ramírez Díaz  
      Participación ciudadana y el congreso Sen. Francisco Javier Castellón  
      ACTA e impactos legislativos León Felipe Sánchez Ambía  
      Derechos en, de, para y contra Internet Clara Luz Álvarez  
      Legalidad, ilegalidad e innovación Kiyoshi Tsuru  
      Desafíos de la información en línea Manuel Tamez  
      e-México Eloisa Talavera (por confirmar)  
      Sociedad de la Información y trabajo Luis Gómez  
    11:30-12:00 Café    
    12:00-14:00 Mesa 2: Avances en tecnologías Moderador: Carlos Silva  
      Preservación digital – memoria de la sociedad Juan Voutssás  
      IPV6, el sueño esperado Alejandro Martínez Varela  
      Normas y agotamiento del espacio de direcciones; impacto del direccionamiento fuera de estándares Azael Fernández  
      Frecuencias para el uso nómada de internet Rodrigo de la Parra COFETEL  
      El mercado de nombres de dominio Oscar Robles  
      Mercados y obstáculos al desarrollo Ernesto Piedras  
      Corte de caja en Seguridad Juan Carlos Guel  
    14:00-15:30 Comida    
    15:30-17:00 Mesa 3: Internet de la élite a la vida cotidiana Moderador(a): Dip. Rodrigo Pérez Alonso  
      Internet en salud Dr. Gustavo Vázquez de Anda, Hospital Materno Perinatal Monica Pretelini. ISEM  
      Social Media Club, organizaciones fuera de la red Nabor Garrido  
      Internet verde Erik Huesca  
      Gobernanza para todos los “stakeholders” Adán Salazar  
      México y Argentina en la frontera de la innovación en Internet Gonzalo Alonso  
      Mercadotecnia interactiva frontera de innovación en Internet Rafael Jiménez  
      Blogueros twitteros y qué más Raúl Ramírez (@Isopixel)  
           
    17:00-17:15 Café    
    17:15-19:00 Mesa 4: Educación,  cultura e innovación Moderador: Fernando Luege  
      e-competencias, aprendizaje invisible y nativos digitales Cristóbal Cobo (FLACSO)  
      Medios sociales y educación – superior Alejandro Miranda (FES Iztacala, UNAM)  
      Medios sociales y educación – básica Virginia Botello (Colegio Francés del Pedregal)  
      Humanidades digitales Ernesto Priani  
      Intersecciones digitales Gabriela Barrios  
      Arte y formación de artistas Benjamín Juárez Echenique

    Documento Día de Internet, Internet en México

    Algunos miembtos de la Internet Society México (Erik Huesca, Alejandro Martínez Varela, Alejandro Pisanty, Cristos Velasco y el que esto escribe), redactamos un documento con motivo del Día de Internet.

    El documento completo puede ser consultado aquí. Su servidor contribuyó al Apartado específico sobre la regulación de los contenidos con mensajes políticos en Internet, el cual cita a continuación:

    La Legislación electoral mexicana ha tenido en los últimos años una dinámica evolución para promover la apertura democrática mientras se afinan las reglas del juego electoral buscando hacerlo más plural y equitativo.

    La estrecha vigilancia en el uso de medios masivos de comunicación, especialmente los medios de radiodifusión (radio, TV) es indispensable al usar éstos un recurso propiedad de la Nación y concesionado por el Estado (el espectro radioeléctrico) y una vez que, dada su naturaleza de comunicación masiva, el acceso que pueden proveer estos medios para la expresión de opiniones a la mayoría de la población se encuentra inherentemente limitado.
    Internet, como un medio abierto, donde potencialmente cada usuario puede hacer uso de la Red como un medio de expresión, es un medio que sin embargo amerita un trato diferente al de los medios de radiodifusión, particularmente en la expresión de mensajes políticos por parte de los ciudadanos una vez que:

    1. A diferencia de los canales de radio o TV que pueden ser vistos como (desde el punto de vista de su capacidad de transmisión de contenidos y de acuerdo a una definición económica) “bienes privados” (la transmisión de contenidos en un canal de TV o estación de radio por parte de un concesionario excluye su uso potencial por parte de terceros), la Internet es un “bien público”, donde la difusión de un mensaje por parte de un usuario no excluye al resto de los usuarios de la posibilidad de hacer lo mismo simultáneamente.
    2. La expresión de mensajes en sitios de comunidades de Internet ya sea para intercambiar textos cortos (estilo Twitter), publicar ensayos (blogs) o compartir videos (estilo YouTube) puede darse sin la necesidad de que el usuario compre un espacio para su difusión ni queda al arbitrio de un editor (a diferencia de la prensa, la radio y la TV). Si bien el uso de estos sitios puede ser claramente usado por organizaciones políticas encubriendo sus mensajes de falsas “espontáneas” expresiones ciudadanas, distinguir entre un tipo de mensajes y otros es prácticamente imposible. Más aún, cuando estas expresiones se dan generalmente en tono de sátira y en espacios abiertos a la réplica y contraréplica, es difícil compararlas a un spot publicitario en TV nacional.

    Por lo anterior, es recomendable proceder con cautela antes de aplicar las mismas reglas que si bien indispensables para el sano juego democrático en otros medios de comunicación, pueden tener efectos de desincentivo a la participación ciudadana en la vida política del país.